Se trata de un problema global debido a que las actividades mineras y de hidrocarburos comprometen en diversas partes del mundo derechos humanos como los derechos a la vida, a vivir libre de tortura y malos tratos, a la libertad de reunión y asociación, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, al agua y la vivienda adecuada.
Las empresas extractivas contribuyen directa o indirectamente a la violación de los derechos cuando no generan procesos de consultas adecuados a las comunidades, las desalojan de las tierras reclamadas por las empresas y contaminan los recursos de las comunidades como son el agua, la tierra, de los que dependen para su vida.
Slack citó un estudio realizado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y Empresas Transnacionales en el que se informa que de los 320 casos de violación a los derechos humanos, el sector que obtuvo más denuncias fue el de las industrias extractivas con un 28 por ciento de menciones.
“Las industrias extractivas representan al sector con más denuncias por abusos contra los derechos, incluido los crímenes contra la humanidad, por lo general provocados por las fuerzas de seguridad públicas y privadas que protegen los bienes de las empresas” indica una cita del citado informe.
Del miso modo se asocian a también a “la corrupción a gran escala, la violación de los derechos laborales y una amplia gama de abusos contra las comunidades locales, especialmente los pueblos indígenas”.
Las denuncias se concentran geográficamente en Asia/Pacífico en un 28 por ciento, África en un 22 por ciento y América Latina en un 18 por ciento.
Muchas empresas mineras y petroleras han sido demandadas ante los tribunales en Estados Unidos y otros lugares por su participación en la violación a los derechos humanos.
Tal es el caso de Chevron en Ecuador, Nigeria y Burma; Rio Tinto en Papua Nueva Guinea; Shell en Nigeria; Freeport McMoran en Indonesia; Drummond Coal en Colombia y ExxonMobil en Indonesia.
En junio de 2009 la empresa Shell accedió a pagar US$ 15.5 millones como indemnización a las víctimas que fueron violadas en sus derechos en Nigeria.
Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, han revisado recientemente las violaciones a los derechos humanos que las empresas de sus países han cometido en países extranjeros y han hecho recomendaciones a favor de una regulación más estricta para estas empresas.
En base a su experiencia Keith Slack señala que es más probable que las violaciones a los derechos humanos ocurran cuando los gobierno no supervisan a las empresas, las compañías no tienen experiencia para operar en zonas en conflicto o no tienen políticas fuertes de respeto a los derechos humanos ni de rendición de cuentas.
También cuando el personal encargado de la seguridad de la empresa, tanto público como privado, no ha sido capacitado en derechos humanos y las víctimas no tienen acceso a reparaciones efectivas cuando sus derechos han sido violados.
El Director del Prograa Global de Industrias Extractivas de Oxfam señala que las soluciones a los problemas de los abusos de las industrias extractivas a los derechos humanos deben considerar incrementar la formación y entrenamiento en derechos humanos para las fuerzas de seguridad de las empresas extractivas.
Asimismo, fortalecer la capacidad del gobierno para supervisar las operaciones de las empresas extractivas, facilitar el acceso de las comunidades a los mecanismos de quejas.
También recomienda establecer leyes y políticas en los países sedes de las empresas extractivas, que permitan sancionar las violaciones en derechos humanos que sus empresas pueden provocar en otros países, de manera similar a la legislación contra la corrupción.
Iniciativas sobre Derechos Humanos y Empresas
Slack citó como experiencias interesantes el que en 2009, la empresa minera Newmont -dueña mayoritaria del proyecto Yanacocha- permitió una revisión independiente de sus políticas sobre seguridad y derechos humanos.
Tal revisión se efectuó luego de una serie de incidentes violentos en la zona de la mina y después de ser demandada por Oxfam América bajo el mecanismo de los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos.
Los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos es una iniciativa global que incorpora a las empresas mineras y petroleras, gobiernos y organizaciones no gubernamentales para promover el respeto a los derechos humanos por las fuerzas de seguridad privadas y públicas que protegen las instalaciones mineras y petroleras.
Son miembros de estos Principios Voluntarios grandes empresas extractivas como son Newmont, Rio Tinto, BHP – Billiton, AngloAmerican, Shell y ExxonMobil. Para más información, ver el sitio web: www.voluntaryprinciples.org
Una de las recomendaciones del informe de la revisión independiente fue que la empresa minera fortalezca sus programas de capacitación en DDHH para las fuerzas de seguridad de la mina.
Otra recomendación fue que termine su relación con FORZA, la contratista privada de seguridad que trabaja para Yanacocha y que también habría estado acusada de estar involucrada en las torturas en el proyecto Rio Blanco en 2005.
Fuente: Servindi