18 de febrero, 2010.- Cabe mencionar que gran parte de los conflictos que existen en el presente ya sea por exigencias de restitución de tierras ancestrales o de resistencia ante la imposición de proyectos de inversiones privadas como forestales, celulosas, hidroeléctricas, salmoneras, mineras, entre otras, las que afectarían a numerosas vidas, se enfrentan, justamente, de manera directa y frontal, sin más caretas concertacionistas, de manera directa y frontal, con quienes asumirán la representatividad del nuevo Gobierno.

El Gabinete que tendrá el Presidente electo Sebastián Piñera son hasta el día de hoy, representantes de los principales sectores empresariales y de gremios de latifundistas de origen colonial, donde numerosas comunidades mantienen reclamaciones, por lo tanto, también, está en sus manos la opción de agudizar las tensiones e intensificar la senda de violaciones; O bien, el de dar una solución plena a los actuales conflictos, con el respeto de los Derechos Humanos y de cumplir cabalmente con las normas y estándares internacionales sobre Derechos Indígenas y Medio Ambiente.

El escenario que se ha venido viviendo en Chile en los últimos años con respecto a los Pueblos Originarios ha sido complejo y difícil. En los Gobiernos de la Concertación no ha existido la capacidad de los diferentes sectores políticos y empresariales, incluyendo en primer orden a quienes asumirán ahora el rol de Gobernar, para dar la debida atención y urgente solución a las demandas y conflictos que enfrentan los Pueblos y sus comunidades.

En efecto, ha habido estancamiento con respecto a los reconocimientos de derechos, mínimas reparaciones y restituciones, represión a la protesta social, falta de canales de participación efectivas y se ha dado prioridad a los asistencialismos para evadir temas de fondo, los que para más estuvieron mal manejados por el oficialismo y su escalafón burocrático.

Todo esto sin lugar a dudas ha causado desazón e indignación en Comunidades y organizaciones, síntomas que seguramente se trasladarán de distintas formas desde la diversidad de expresiones de los Movimientos ante el nuevo Gobierno de Piñera.

Cabe mencionar que gran parte de los conflictos que existen en el presente ya sea por restitución de tierras ancestrales o de resistencia ante la imposición de proyectos de inversiones privadas como forestales, celulosas, hidroeléctricas, salmoneras, mineras, entre otras, las que afectarían a numerosas vidas, se enfrentan, sin más caretas concertacionistas, de manera directa y frontal con quienes asumirán la representatividad del nuevo Gobierno.

El Gabinete que tendrá el Presidente electo Sebastián Piñera son hasta el día de hoy, representantes de los principales sectores empresariales y de gremios de latifundistas de origen colonial, donde numerosas comunidades mantienen reclamaciones, por lo tanto, también, está en sus manos, la opción de agudizar las tensiones e intensificar la senda de violaciones; O bien, el de dar una solución plena a los actuales conflictos, con el respeto de los Derechos Humanos y de cumplir cabalmente con las normas y estándares internacionales sobre Derechos Indígenas y Medio Ambiente.

Ejemplo de esto en el Gabinete es Ena Von Baer, la vocera que tendrá el ejecutivo, de origen latifundista colonial en la Región de la Araucanía, doctora en Ciencias Políticas en Alemania, “analista experta” de la cuestión Mapuche, y quien ha demostrado gran habilidad y disciplina en su carrera política. El otro, es el economista y Chicago, Cristián Larroulet quien reemplazará a Viera Gallo y deberá asumir las temáticas indígenas. Ambos cumplieron funciones en el ala doctrinaria de los Partidos de la Derecha, el Thin Tank de la Alianza: El Instituto Libertad y Desarrollo (LYD). Von Baer como directora del Programa Político y Larroulet como Director Ejecutivo.

Cabe mencionar que uno de los principales motores del LYD y de quien estribaron estos dos ejemplos, es Patricia Matte, socióloga, integrante del directorio del canal de TV Universidad Católica, junto a sus dos hermanos (Bernardo y Eliodoro) es Empresaria forestal y de papelería CMPC – Forestal Mininco, Empresa Colbún, Banco Bice, entre otras, cuyo grupo económico es uno de los principales que mantiene conflictos sociales y territoriales en Chile y cuyo padre, ya fallecido, fue sindicado como uno de los gestores del Golpe de estado en 1973 junto a Agustín Edwards.

Luego que en el País se ha dado absoluta prioridad a la liberalización del mercado y del comercio a favor de ciertos grupos, se hace fundamental ahora, más allá del Gobierno que asoma, de dar prioridad a los Derechos Humanos y al Medio Ambiente donde habitan las Comunidades. No hacerlo, es seguir profundizando las crisis y a la vez, contrariar una serie de obligaciones internacionales que el estado chileno tiene pendiente y que a la postre, podrían dañar la imagen internacional y en los propios mercados de inserción donde cada vez más van importando los estándares e indicadores en estas materias.

El Gobierno, deberá entender que los planes operativos y conspirativos, la represión a la protesta social, los montajes comunicacionales, la intolerancia y el racismo como sucede en la imposición a la fuerza de proyectos atentatorios, como métodos frente a legítimas reclamaciones y como se ha venido haciendo en el Co Gobierno que ha sostenido en estos últimos veinte años la Concertación y la Derecha económica en Chile, son siempre un fracaso y que trae repercusiones serias.

Es de esperar que los sectores políticos de la concertación como del Nuevo Gobierno y los de la oposición verdadera, afronten de manera responsable los temas pendientes y más que acuerdos decorativos y superficiales, se permita el debate real sobre temas de fondo como es el de asumir de una vez por todas la reparación de derechos a los Pueblos originarios y cumplir así con las diversas medidas que se exigen. Entre otras materias pendientes están:

+ La implementación plena y efectiva, de buena fe, de las Normativas Internacionales de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y conexiones, como los diversos pactos y tratados, el Convenio 169 de la OIT, la declaración ONU sobre Pueblos Indígenas, que son obligatorias y de primer orden jerárquico dentro del ordenamiento jurídico, político y administrativo de Chile.

+ Adecuación de la legislación local y sectorial de conformidad a esos criterios sobre estándares internacionales.

+ Utilización de los mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que establecen las normas internacionales de Derecho, principalmente frente a los hechos que son de carácter político e histórico como los conflictos por tierras ancestrales y de imposición de proyectos de inversión en tierras indígenas.

+ Dar implementación eficiente para los procesos de demarcación y restitución de Tierras ancestrales a comunidades, como parte del conflicto histórico y actual del estado chileno y que han sido conminados a cumplir por órganos como el Comité de eliminación de la discriminación racial y de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, como asimismo, la atención a la rica jurisprudencia que existe en ese sentido, atendiendo la importancia de un territorio suficiente para el desarrollo y Bienestar de un Pueblo.

+ La implementación efectiva, plena y de buena fe de los procedimientos de consulta a los Pueblos Indígenas, sus comunidades y organizaciones frente a iniciativas de políticas públicas, legislativas y administrativas; y reconocer, debidamente el Derecho a la participación atendiendo aspectos políticos y socio culturales.

+ Atender la situación de racismo y discriminación de que son objeto los Pueblos Indígenas en Chile, entre otros, ante las políticas de asimilación y homogenización y exclusión en aspectos educativos, de salud, medio ambiente, como es la contaminación, el deterioro de las actividades económicas locales que se deben revitalizar y asumir, niveles de reconocimiento y valoración.

+ Poner fin a la violencia estructural del estado hacia la protesta social de los Pueblos Indígenas, particularmente en hechos que tienen que ver con legítimas reclamaciones en materia de demandas de tierras y/o defensa de territorios. Escandalosa es la aplicación de Leyes represivas como la Ley antiterrorista que diversos organismos internacionales de Derechos Humanos han conminado a poner fin, ya que son prácticas de facto.

+ Terminar con la existencia de instituciones fácticas como la competencia de los tribunales militares en causas civiles, tal como ordena la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por la resolución del caso Palamara. Cabe mencionar que lo único que han generado son impunidades a abusos, atropellos y asesinatos ejecutados por agentes uniformados del estado en contra de numerosos civiles, hechos que han quedado en medio de verdaderos planes conspirativos.

+ Reconocimiento de las instituciones tradicionales, como son sus autoridades; y potenciar las economías locales, las tradicionales y la vida rural.

+ Estos son temas que el Gobierno y el estado chileno en su conjunto deben asumir. Es una obligación hacerlo. Insistir en que no hacerlo, es retroceder y violar. Es ponerse al margen del Derecho que a la postre, pesarán en las instancias calificadoras de Derechos Humanos, medio ambiente y del mercado comercial internacional.

Bachelet así como sus antecesores, son Gobiernos que se sometieron y actuaron de acuerdo a los intereses del poder del capital, que co gobernaron con ellos y que administraron algunos aspectos sociales. Así, se van los “administradores” de este modelo neocapitalista e ingresan de una vez los “patrones” de este modelo para asumir de manera totalitarista el control absoluto del poder de las instituciones del estado.

Bachelet se va con dos jóvenes Mapuches asesinados por miembros del GOPE de Carabineros en el marco de conflictos por tierras ancestrales (Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collío). Se va con decenas de imputados judicialmente por la misma situación, con persecuciones, militarización y violencia extrema en Comunidades y no haber dado eficacia a procesos de restitución de tierras, posibilitando la especulación de mercenarios. Igualmente, se va con una serie de luces verdes que dio a diversos y nefastos proyectos de inversión para que se impongan, incluso, varios de ellos controlados por socios de Piñera, que llevan enormes impactos a numerosas comunidades en sus territorios.

Se termina así, un ciclo del maquillaje concertacionista, para que ingresen los verdaderos controladores del estado chileno. Por su parte, la Sociedad Civil y los Movimientos sociales frente a este escenario, deberá tener la capacidad de seguir creciendo y construir propuestas de vida, de alternativa frente al actual modelo y sistemas que están en crisis y que ahora lo administrarán sus sostenedores e ideólogos, quienes deberán asumir en su momento, que el saqueo y acumulación ya es suficiente, que es insostenible mantener el ritmo que han impuesto y que ya no es posible corregir sus fracasos.

Se debe seguir avanzando entonces en materias de autonomía y construcción de fuerzas sociales eficientes fuera del poder estatal y a su vez, intervenir instancias del estado para la conquista y reparación de derechos y logros de justicia.

Los Derechos Humanos y de la naturaleza en todas las esferas deben ser lo primero y se debe profundizar al respecto y hacerla sentir siempre ya que es urgente forjar un debate sobre esto, ya que no es posible tolerar más daño y destrucciones y que por causa o culpa de unos pocos, que quieren lucro insaciable y que obedecen a ideologías fascistas, lleven a las grandes mayorías a abismos y caos en medio de cercos “des-informativos” e ignorancia.