”Los y las miembros de Amnistía Internacional en todo el mundo se solidarizan con Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo y exigen al Estado peruano poner fin a la persecución contra ellos y contra todas aquellas personas que defienden los derechos humanos en el Perú. La labor de los defensores de derechos humanos es esencial en cualquier democracia. Un Estado que persigue a los defensores de derechos humanos es un Estado que no respeta los derechos humanos”, señaló Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional para Perú.

El pasado 15 de enero, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente que invoca por la libertad de los dirigentes Pedro Condori Laurente y Claudio Boza Huanhayo, quienes están en prisión desde el 9 y el 23 de septiembre de 2009, respectivamente, por un cargo infundado de homicidio culposo (sin intención) . Esta misiva ha generado la reacción de diversas personas a nivel mundial quienes se han solidarizado con esta causa. Hasta la fecha, cientos de personas de diferentes nacionalidades han hecho llegar mensajes al Ministro de Justicia y a la Fiscal de la Nación, expresando preocupación por este caso y exhortando a la liberación inmediata de los mencionados dirigentes.

“Este es un ejemplo más de la creciente persecución contra las personas que critican o cuestionan las políticas del actual Gobierno. Es preocupante la intolerancia del gobierno y el aumento de las detenciones basadas en cargos infundados de activistas y personas críticas con el gobierno, que son acusadas de delitos sin evidencias como una forma de silenciar su legítimo derecho a defender los derechos humanos”, añadió la representante de Amnistía Internacional.

A su vez, Francisco Soberón, director ejecutivo de la Asociación Pro Derechos (APRODEH), organismo que ha asumido la defensa legal del caso, refirió: “Esperamos que este mes el vocal Gerardo Alberca Pozo resuelva la libertad de Pedro Condori y Claudio Boza pues su detención ha sido arbitraria. Ser dirigente social no es un delito pero, al parecer, para la fiscalía que lo denunció sí, aún cuando no se haya adjuntado ninguna prueba que señale su responsabilidad en la muerte del Capitán de la Policía, Giuliano Villarreal. Por ello, demandamos a las autoridades a identificar y sancionar a los verdaderos responsables de dicha muerte”.

Soberón saludó la solidaridad de Amnistía Internacional y diversos organismos internacionales que se han manifestado en torno a este caso e invocó a la ciudadanía a mantenerse atenta y vigilante. “Los conflictos sociales deben ser resueltos por la vía del diálogo y el cumplimiento de los acuerdos firmados por las partes en conflicto y no con actos represivos de ninguna naturaleza”, finalizó.