Sin acuerdos. Así terminaron los Talleres Participativos programados para la semana pasada por la empresa petrolera de origen francés Maurel et Prom, propietaria de Hocol Perú, que tiene la concesión del lote 116 en Condorcanqui (Amazonas), en el norte del país, en la misma zona convulsionada por los hechos de Bagua en junio del 2009. Según la nota de prensa del Ministerio de Energía y Minas, los cuatro talleres tenían por objetivo presentar a la población el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de perforación de cuatro pozos exploratorios. El proyecto es ampliamente rechazado por las comunidades indígenas de la zona, y ya se han producido enfrentamientos, memoriales y conflictos al respecto.

Según explicó a Alerta Perú Benjamín Simón Sejempo, alcalde provincial encargado, solo se realizaron sin incidentes dos reuniones informativas: una el 19 de enero en Ciro Alegría, localidad en la que se encuentra la base militar del mismo nombre, y otra en la misma fecha en la capital de la provincia, Santa María de Nieva. En ambas, el equipo externo contratado por la empresa petrolera expuso la información pero sin llegar a ningún acuerdo con la población. Fue notoria la ausencia de “un grupo de dirigentes que han tenido más relación con la petrolera, (que) acuerdan cosas no sé dónde y cuando se convoca a las reuniones no aparecen, no sacan pecho”, aseguró Simón Sejempo.

Según fuentes locales de Alerta Perú, hay posiciones encontradas entre sectores de la población: “Hay varias posiciones. Oficialmente, la comunidad donde quieren entrar decide por sí sola, como si una parte de las cinco cuencas pudiera tranzar a parte con la petrolera. Pero muchos dicen que no, porque la contaminación involucra a todos”.
Las otras dos reuniones programadas no pudieron llevarse a cabo según lo planificado. El taller informativo en la comunidad nativa de Atakus, el 20 de enero, no tuvo lugar porque la propia población no lo permitió. En vez de ello, se realizó una asamblea comunal en la que, en palabras de Simón Sejempo, “solo hubo contraposición” al ingreso de la empresa. En la asamblea se elaboró un acta de rechazo a la presencia de Hocol. El alcalde provincial, Héctor Requejo, viajó a Lima esta semana llevando dicha petición a una reunión con el Presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez.

El último taller, programado para el 21 de enero en la comunidad de Kashap, no se llevó a cabo, según Simón Sejempo, porque “no han hecho presencia los responsables de la empresa”, a pesar de que se se había invitado a autoridades locales, un fiscal y dirigentes de las comunidades, que se quedaron esperando.

Dirigentes indígenas consultados por Alerta Perú se mostraron muy descontentos por la falta de información. “Yo me enterado anoche”, comentó uno de ellos el mismo día 20 de enero, e insistió: “sólo supuestos indígenas dirigentes vinculados con el Gobierno aceptan que ingrese la empresa. Los comuneros van actuar, hay un rechazo total , porque no está claro”, explicó. En tanto, otro dirigente informó que “en el lote 116 ya están trabajando y hasta un helipuerto ya están construyendo. Sólo para aparentar están que hacen estas reuniones”. Una tercera fuente informa que la provincia está siendo militarizada: “La presencia de los agente de la DINOES es clara. Nos cuentan que se está construyendo un polvorín. Además, ya esta formalizada la “Base (militar) Nieva” y se nota por lo polos que llevan los efectivos”. Por motivos de seguridad, Alerta Perú se reserva la identidad de las fuentes locales consultadas.

Este proyecto petrolero ya tiene antecedentes conflictivos. En 2007 se realizó la primera audiencia pública en Nieva, que se desarrolló de manera accidentada y sin permitir a la población expresar sus opiniones, tal como lo relata el párroco de la localidad en esta carta. Días después, los nativos elaboraron un memorial que fue enviado a diversas autoridades, incluyendo el presidente Alan García.

La semana pasada, el Ministerio de Energía y Minas informó que cuatro empresas de hidrocarburos y electricidad realizarían hasta 11 talleres de participación ciudadana sobre proyectos energéticos. Estos talleres se realizan en el marco de la ley que establece la realización de Estudios de Impacto Ambiental y del reglamento de participación ciudadana en actividades hidrocarburíferas. Pero en tanto aún no se aprueba una ley que regule el derecho de consulta consagrado en el Convenio 169 de la OIT, no queda claro cómo se va a garantizar que la opinión de la población sea debidamente tomada en cuenta, más aún en un marco de alta conflictividad entre los pueblos indígenas y el Estado y las empresas extractivas.