En lo que va del mes, mientras el mediático tema indígena parece politizarse cada vez más, en consonancia con los tiempos cada vez más tempranamente pre electorales, un tema también clave para el desarrollo nacional y local vuelve a su relativa invisibilidad en los medios nacionales, por no decir capitalinos: el debate sobre el canon minero de una región.

Dicho tema saltó con más fuerza a los grandes medios a partir de la firma del acta de compromiso entre Antamina y el gobierno regional de Ancash, a fines del año pasado. Firma que se produjo después de que el presidente regional ancashino, César Álvarez, anunciara, a principios de diciembre, que el recorte del canon generado por Antamina provocaría convulsión social ante la falta de recursos para la ejecución de las obras urgentes para la población. Algo que supuestamente el acta mencionada evitaría en el corto plazo, ya que en el largo plazo, gracias al crecimiento futuro de la minera, según esta y el gobierno, las ganancias serían inevitablemente mayores para todos. Versión que ha sido cuestionada por quienes sostienen que, en principio, la minera no tenía por qué apelar a ese procedimiento, dadas las grandes ganancias obtenidas entre el 2005 y el 2008: 5,282 millones de dólares, según indicó el economista Manco Zaconetti. Periodo en el cual la minera se ahorró el pago de por lo menos 300 millones de dólares en regalías, en virtud de sus contratos de estabilidad tributaria y jurídica. Sin olvidar que el yacimiento le fue transferido por el Estado a la minera a un precio bajísimo: 20 millones de dólares, cuando en Chile un yacimiento similar (La Escondida) se transfiere por más de 1,400 millones de dólares.

Algunos medios ancashinos consignaron recientemente dos noticias que son una señal de que las aguas distan mucho de calmarse en la región norteña. Una de las regiones con mayor canon minero, pero también con mayor cantidad de conflictos sociales. Por un lado, media docena de alcaldes provinciales y 30 distritales de Ancash se ratificaron en un foro local, el 20 de enero, en su pedido de que se anule el acta mencionada. Su argumento es que éste le permite a la minera utilizar los fondos de su aporte voluntario para compensar la reducción del canon debido a la reinversión de utilidades, aun cuando dichos fondos ya tienen otro destino, de acuerdo al marco legal. Como se ha divulgado, la reinversión de las utilidades de esta minera sería de aproximadamente 1,200 millones de dólares, por lo que el canon que Ancash no recibirá bordearía los 180 millones de dólares. Sin embargo, según la versión oficial, dichos fondos no se van a perder, pues la empresa los compensaría a través del Fondo Minero Antamina. Propuesta no aceptada por un sector de la ciudadanía ancashina, que está organizando para fines de enero un paro regional, que ya cuenta con el apoyo de algunas autoridades locales.

De otro lado, Antonio Aponte, alcalde distrital de San Marcos, indicó a mediados de mes que desde que fue regidor estuvo en desacuerdo con la contaminación que Antamina generó en el rio Ayash, Pichui y Huaripampa, a diferencia del anterior alcalde, al cual reemplazó tras su muerte. Añadió que los compromisos de la minera tienen que cumplirse, requiriéndose inversiones reales y no ficticias. “Los hermanos del campo requieren inversión en el tema rural y agrario, para poder contrarrestar la contaminación ambiental que viene originando la explotación minera, por más que ellos lo nieguen”, declaró Aponte a un medio local.

Más allá de eso, según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, la provincia de Huari, la más favorecida económicamente por el canon minero de Ancash, es la jurisdicción que presenta uno de los más altos índices de desnutrición crónica infantil en la región. Habiendo recibido por dicho concepto 552 millones de soles el último semestre de 2007, tiene una desnutrición infantil de 48%. Siendo San Marcos el distrito que tiene más ingresos por canon (De julio a diciembre de 2007 recibió 253 millones de soles), tiene una tasa de desnutrición de 45%. Una razón para esto sería que la gestión distrital solo gastó el 4% de los fondos recibidos. Lo cual obedece a la falta de cuadros técnicos calificados para elaborar los expedientes técnicos requeridos por el Ministerio de Economía y Finanzas. A lo que se añade los altos niveles de corrupción presentes desde la gestión del alcalde anterior, incapaz de realizar licitaciones transparentes.

El reto que le espera a la actual gestión edil es empezar a superar toda esa triste herencia. Al parecer esto no será fácil, como lo demuestra la amenaza de muerte que recibió el alcalde distrital por parte de las empresas proveedoras, tras ordenar la suspensión de todo tipo de pagos hasta no tener las cuentas claras. Sin embargo, el mayor reto, en manos del gobierno central, es la creación de las condiciones institucionales y funcionales para que cambie de raíz lo que ocurre en Ancash. Es decir, para que la minería sea al fin una oportunidad para desencadenar procesos de desarrollo local sostenibles a nivel nacional.