IDL, 17 de diciembre, 2009.- Hace unas semanas, tuvimos la oportunidad de asistir como institución (IDL), a una reunión de unos 300 representantes awajun – wampis, realizada en Uracuza (a 3 horas de Imacita) donde se discutió si se debía continuar participando en las 4 mesas de diálogo creadas por el Gobierno.

Por suerte ganó la posición de seguir participando, contra quienes sostenían –no pocos- que ya estaba claro que se trataba de un nuevo engaño, porque poco o nada había que esperar de aquellas, ya sea por la gente que las integraba de parte del Gobierno, por su falta de transparencia y por lo poco que habían avanzado pese al tiempo transcurrido. Todo esto además de las malas señales que seguían habiendo en la zona (persecución de dirigentes; fortalecimiento de bases militares; actividades de empresas sin ningún tipo de consulta; ningún apoyo para los heridos o viudas producto de los hechos del 5 de junio; ninguna investigación sobre quién mató a los indígenas y a los pobladores de Bagua ese día, etc.).

Después de haber visto cómo ha evolucionado -o mejor dicho, cómo se ha intentado manipular- el trabajo de la Comisión N° 1 (tal vez la más importante de las 4, ya que su misión fundamental era colaborar a esclarecer lo que había sucedido el 5 de junio), yo mismo me hago la misma la pregunta: ¿la creación de estas comisiones respondió a una verdadera voluntad política del Gobierno de buscar una solución pacífica al conflicto en la Amazonía, que evite más violencia y muertes?, ¿o solo fue el cumplimiento de una que ayudará a pasar la crisis y luego continuar en la misma línea de la imposición y confrontación?

Como parte de una institución independiente, el IDL, nada me obliga a tener que “dorar la píldora” sobre lo sucedido con la referida Comisión, por lo que me permito formular con todas sus letras las siguientes preguntas, que ojalá se atrevan a responder con la verdad, los integrantes de la Comisión a quienes les toca.

¿Es cierto o falso que la ex ministra Susana Pinilla, faltando muy poco tiempo para que terminara el plazo de la Comisión, encargó como profesora de colegio a cargo de alumnos de primaria, que cada integrante de la Comisión debía traer, como aporte para el informe final, 5 puntos sobre las causas del conflicto Amazónico en general, 5 consecuencias de lo ocurrido y 5 recomendaciones?

Para ella, esta debía ser la metodología con la que esta Comisión de 6 personas debía trabajar su informe final. ¿Verdadero o falso? ¿Correcto o incorrecto? Algunos aceptaron cumplir con la tarea, otros no, y se opusieron por razones obvias a una metodología así.

¿Es cierto o falso que producto de esa metodología se presentó un documento de cerca de 40 páginas, el mismo que no se basaba para nada en el material que durante dos o tres meses anteriores la Comisión había recopilado (entrevistas hechas en Lima, testimonios recogidos durante tres viajes a la zona, documentos y vídeos conseguidos, visitas a autoridades, etc.), sino solo en las convicciones claramente personales, ideológicas y políticas de varios de sus integrantes?

¿Para qué entonces, durante dos meses se recopiló material, si después se iba a dejar de lado y no se iba a procesar, discutir e incorporar en el informe final?

¿Es cierto o falso que la mayoría de la Comisión sostuvo que a esa no le tocaba entrar a pronunciarse sobre los sucesos del 5 de junio, porque esa era labor del Poder Judicial, y que solo debía abarcar las causas generales del conflicto Amazónico, las consecuencias del 5 de junio y recomendaciones, siguiendo la fórmula del 5-5-5?

Si la Comisión nada tenía que ver con el 5 de junio, ¿por qué se creó a raíz de los sucesos del 5 de junio? ¿Por qué entonces viajó a La Curva del Diablo, a la Estación 6, y se entrevistó con indígenas, policías y autoridades relacionados con el 5 de junio? ¿Cómo hablar de consecuencias y responsabilidades de lo que pasó el 5 de junio y formular recomendaciones, si no se tiene como Comisión una posición de lo que ocurrió ese día?

¿Qué espera usted y todos los que siguen este tema de esta Comisión, a la que originalmente se le llamó Comisión de la Verdad, y que fue recomendada también por el relator de pueblos indígenas de Naciones Unidas? ¿Una reflexión general sobre los pueblos indígenas o específicamente, sobre los hechos del 5 de junio, a partir de tres meses de investigación?

¿Es falso o cierto que ese documento fue el que se planteó como el que, con algunos agregados o precisiones, sería lo central del contenido del documento final que en pocos días se presentaría a la opinión pública? Si era tan solo una lluvia de ideas, ¿en qué tiempo se iba a trabajar uno alternativo, si ya quedaba poco tiempo, o por qué se mandó hasta para corrección de estilo?

¿Cierto o falso, que mientras que el coordinador de la Comisión tuvo la iniciativa de pedir por escrito la prórroga de la Comisión, para que haya la posibilidad de trabajar los insumos recopilados (por ejemplo, cientos de páginas de transcripciones de entrevistas y testimonios), la mayoría de la Comisión consideraba que esa prórroga era innecesaria (con excepción de la hermana Maricarmen Gómez, también a favor de la prórroga)? Hecho que confirma que dicha mayoría pensaba que ya estaba listo en lo fundamental el informe a ser presentado a la opinión pública.

¿Es cierto o falso que la casi totalidad de las afirmaciones que se hacen en dicho documento, no solo no se basan en los trabajos de la Comisión, sino que carecen de la más mínima fundamentación, lo que confirma su carácter político, ideológico, personal y subjetivo?

¿Por qué la maniobra de sacar un documento de la manga, dejando totalmente de lado la dinámica que venía siguiendo adecuadamente la Comisión, así como los materiales conseguidos, debía mantenerse en reserva, sobretodo si el producto es claramente un documento de carácter –insistimos- ideológico, político, subjetivo y transparente desde el primer párrafo hasta el último?

Hizo bien, entonces, la hermana Maricarmen, miembro de la Comisión, salir a la opinión pública y, con el respeto debido, explicar las razones por las que ella no firmaría de ninguna manera un documento así. Prueba de ello es que la denuncia hecha oportunamente por la hermana Maricarmen, ya ha logrado que el plazo se amplíe por lo menos unos días, cuando ya el Primer Ministro había anunciado –pese a que había una solicitud de prórroga- que la Comisión presentaría su documento final la semana pasada, y al parecer, se estarían esforzando por introducir algunos cambios para que el documento final resulte más equilibrado.

¿O acaso se pensó que la hermana Maricarmen, por ser misionera, que venía de la selva, sin ninguna experiencia en ese tipo de comisiones, podía ser fácilmente presionada para que terminara firmando, o, en el peor de los casos, podría ser dejada de lado sin ninguna consecuencia?

¿Por qué quienes plantearon que ese fuera en lo fundamental el informe final de la Comisión no están dispuestos a sacar la cara por él y a sustentar públicamente la metodología planteada y las afirmaciones hechas? ¿Por qué tanto secretismo y nada de transparencia?

¿No es cierto que si bien, el documento contiene muchos párrafos y páginas sobre las causas estructurales, coyunturales, responsabilidades y recomendaciones en relación a los sucesos de Bagua, sobre los hechos de 5 de junio sólo contiene dos líneas en la parte de la cronología? Mientras que, por ejemplo, en esa misma cronología se le da 12 líneas a la edición del libro del padre Ricardo Álvarez, miembro de la Comisión, y uno de los autores principales del informe.

¿No es cierto que si bien se considera como una de las causas coyunturales del 5 de junio a los conocidos Decretos Legislativos, inmediatamente se dice que no es por el contenido mismo de los decretos sino porque “los pueblos indígenas han considerado lesivos para sus intereses”…? Y esto lleva a plantear como otra causa estructural del conflicto la “falta de explicación adecuada e información detallada sobre el contenido de los decretos y la no vulneración de los derechos de propiedad de los nativos de parte del Estado tanto nacional como regional y local”.

Pero, como ocurre en todo el documento, no se indica en qué se sustenta dicha afirmación. ¿Cómo la Comisión llega a esa conclusión tan categórica? ¿Para qué entonces, además, hay una Comisión que estudia los decretos, si ya está claro que son absolutamente favorables para los indígenas, solo que estos, por su ignorancia, no alcanzan a darse cuenta?

Coherentemente con esa posición sin ningún sustento, más adelante, como causa coyuntural se menciona “el azuzamiento a la violencia de parte de grupos políticos y sociales (congresista, partido Nacionalista, SUTEP, gremios), utilizando el espíritu combativo de los nativos en defensa de su territorio (dispuestos a dar la vida) a través de la tergiversación de los decretos legislativos, en un contexto de organización orquestada de un paro amazónico” (Anexo N° 1: vídeo y texto del discurso de los nacionalistas, texto de reunión en Cajamarca, llamados de Pizango a la insurrección, otros).

Si bien acá, este es uno de los puntos en el que por lo menos se hace un llamado a ver algo, no se observa ninguna relación entre lo que se dice y se hace.

Si se llega a la grave conclusión de que la protesta de los indígenas amazónicos fue producto –como inicialmente quiso hacer creer el Gobierno- de un azuzamiento externo, ¿no se requería una mejor sustentación basada en hechos, pruebas, documentos, testimonios, etc.? ¿Basta solo con afirmarlo para que sea verdad?

No es ideológico, político, personal y subjetivo afirmar que de manera general y sin presentar ninguna prueba, hay “antropólogos y ONGS que defienden e inculcan diferentes identidades radicales en los indígenas amazónicos…” (punto 9 de causas coyunturales).

¿Cuáles son las pruebas, por ejemplo, de la afirmación que se hace sobre la “exacerbación de la violencia de parte de las revistas y ronderos que se unieron a los nativos, dándole carácter militar y ataque ofensivo a la toma de la carretera y a la Estación 6, son los que condujeron los operativos”?

Por supuesto que, al igual que la versión oficialista original, en este informe también se le echa la culpa a la “irresponsabilidad de informantes (que mintieron a los medios de comunicación) y de medios de comunicación locales (la Voz de Bagua, RPP) que sin verificar información de muertes y desaparecidos mal informaron a la población generaron reacciones vengativas (Estación 6). Exacerbación del ánimo violentista de parte de ciertos medios de comunicación” (anexo N° 2: audio y reto de los mensajes de informantes y de las radios locales).

Como vemos, ni Radio Programas se salva, pero lo que debe tomarse en cuenta es que jamás la Comisión en conjunto ha escuchado y analizado lo que se menciona como anexo ¿Verdadero o falso?

La Iglesia Católica es sumamente atacada en el documento, por más, que en la Comisión hay dos representantes de ella (la misionera Maricarmen y el padre dominico Ricardo Álvarez), mencionándose así como otra causa coyuntural “la … falta de persuasión pacífica de parte de la Iglesia Católica para disuadir a las comunidades de acciones delictivas: Tomas de carreteras, impedimento de tránsito fluvial y ejecución de actos violentos. Se dejó hacer, se dejó pasar, cuando no hubo participación activa al lado de la protesta. De haber actuado pacífica y neuralmente hubiera amenguada la violencia, tal como en otros lugares en ese mismo acontecimiento (selva sur), donde los misioneros católicos actuaron como fenómeno cívico y evitaron la violencia y la posible masacre.”

Acusación gravísima que obviamente ha sido consignada por el padre Ricardo Álvarez Lobo, dominico, integrante de la Comisión, quien trabaja, justamente, en parte sur de la selva sur, a diferencia de otros miembros de la Iglesia Católica, que trabajan en la parte norte de la Selva, presentados todo el tiempo como los malos de la película. ¿Pruebas? Ninguna. Se afirma y punto.

Incluso hay una acusación mucho más grave contra los misioneros de Jaén, que hoy destaca El Comercio en primera plana: “Los misioneros de Jaén y sus agentes de comunicación-prensa-educación y apoyo social mantienen una sistemática información unilateral para los indígenas de la zona; han promovido, apoyado y acompañado medidas y normas legales e ilegales que terminaron con la muerte de policías y nativos; incluso han editado un DVD en donde se ve que nativos conducen al Mayor Bazán de la policía, semidesnudo; luego hay un corte de cuatro minutos y vuelven a aparecer los nativos, que regresan sin el Mayor. Esta Comisión recibió información de que el Mayor fue asesinado y arrojado a las aguas del Marañón”. (Punto 20 de las causas coyunturales).

Nuevamente: afirmación temeraria, pero sin pruebas
Algunas perlas más del documento presentado faltando muy poco para que termine el plazo de la Comisión, y el mismo que fue mandado hasta para corrección de estilo:

“Los sucesos de Bagua ha terminado siendo un movimiento político dirigido desde afuera, y no únicamente un movimiento indigenista, promovido por las bases…” (Punto 13 de las causas coyunturales).

Sobre Pizango: “…Pizango no representaba a la Amazonía. Fueron los antropólogos, los asesores, las ONG, los periodistas, el Estado y el Congreso quienes dieron autoridad a Pizango, pues necesitaban de un interlocutor cercano para relacionarse con él y solucionar los problemas de la selva. Pero no era así, pues el sistema indígena es horizontal y no vertical. No obstante lo hicieron funcionar aunque ficticiamente. El mismo Pizango en varias oportunidades dijo que él no podía solucionar el problema, sino las bases. Pero Pizango no era conocido ni nunca visitó la selva como jefe absoluto. Si hubiera sido realmente jefe hubiera permanecido en Perú hasta la cárcel y la muerte, pero huyó a la embajada de Nicaragua. Con esto revelaba dos cosas: Que no era líder absoluto ni dominaba el movimiento. Se hizo manifiesto que no ha tenido buenos asesores externos”. (Otra parte del punto 13).

Antropólogos en general: “Existe una antropología racista romántica, que defiende a ultranza la cultura y organización autóctonas, sin contacto, aisladas del mundo occidental. Los antropólogos románticos introducen dentro de la opinión pública el concepto de cultura indígena diferente y opuesta a la cultura occidental, de tal modo que se hace imposible entre ambas la convivencia, el diálogo y la interculturalidad. Para estos antropólogos lo primigenio y lo autóctono en los indígenas son su cultura y organización y la no integración a la sociedad occidental. Esto –dicen- hay que salvarlo, pues lo contrario sería violar los derechos humanos y cometer etnocidio”. (Punto 17 de causas coyunturales)

Recomendaciones cuestionables:
Aparte de ser un documento sin ningún sustento, visiblemente ideológico, político y subjetivo, es de pésima calidad desde todo punto de vista. Con una falta total de respeto por los grupos amazónicos formulan recomendaciones que exceden a los fines de la Comisión y que más bien parecen un chiste de mal gusto:

– “La libertad y la felicidad de los nativos no deben concebirse en forma individual, ni solo del grupo étnico, sino desde la perspectiva del bien común de toda familia humana, pensando que ya no está solo en la selva, sino al lado de otros grupos que tienen sus derechos. Por eso la situación actual de la selva exige del nativo una revisión de su cultura y de sus estructuras sociales, políticas y religiosas”.

– “Los nativos deben aceptar los valores de unos jóvenes que han hecho estudios superiores y no condenarlos a la inmovilidad y al ostracismo”.

– “Los nativos deben abandonar la práctica del líder, que todo entiende y todo sabe, aunque no haya estudiado y procurar que sean también consultados y procurar que todos estén informados de todo”.

– “Los nativos deben abandonar el criterio del “chivo expiatorio”, por el cual algunos grupos y personas evitan su responsabilidad culpando a otros de sus delitos”.

Los integrantes de la Comisión son las ex ministras Susana Pinilla y Pilar Mazzetti, el padre Ricardo Álvarez Lobo, Manuel Ernesto Bernales Alvarado, Walter Gutiérrez (quien renunció), Jesús Manasés y la hermana Carmen Gómez Calleja.

La hermana Maricarmen ya ha expresado claramente su posición sobre el referido documento y Manasés ha dicho -por lo menos en privado– que sólo firmaría un documento completamente distinto. Por tanto, nuestras preguntas son a los otros(as): que digan si fueron ellos los que plantearon la metodología aludida y elaboraron el documento mencionado. No entendemos por qué no se atreven a sustentar en público lo que afirman y defienden en el marco de una comisión que debe ser transparente.

* Ernesto de la Jara es abogado, periodista y analista político. Actualmente es director del Consorcio ‘Justicia Viva’ y director de la revista Ideele.

Fuente: Ideele.mail Nº 625, 15 de diciembre del 2009. Ideele es una voz desde la sociedad civil, independiente de los partidos políticos, abierta a las opiniones plurales de muchos, que trata de combinar capacidad de propuesta con la más exigente fiscalización a los responsables de los asuntos públicos.