Por Carlos Reyna
Hay pronunciamientos de la Defensoría y de oficinas registrales señalando que la empresa no cumplió con el requisito de la licencia de las comunidades para sus operaciones. Las comunidades han bregado en todas las instancias legales posibles. Como son del pueblo, igual han apelado a las marchas. Y también han hecho consultas ciudadanas, para expresar con votos su negativa a la minera.
Próximos a culminar este año, otras imágenes ilustran que el abuso contra los comuneros no tiene término. Hace dos semanas, en un operativo policial, otros dos comuneros de la misma zona fueron baleados por la espalda y muertos. Eran Cástulo Correa Huayama y Vicente Romero Ramírez. Las fotos prueban la denuncia de sus compañeros.
Un mes antes de este hecho, en noviembre, un grupo de desconocidos atacó un campamento de la minera, lo destruyó y mató a dos vigilantes y un empleado de la mina. Un grave atentado que no ha merecido aún una mínima explicación por el ministro del Interior pero ya se han hecho fáciles imputaciones a comuneros.
Carmen de la Frontera, Segunda y Cajas, Yantas, Ayabaca, son los nombres cantarinos de los distritos y pueblos de estos comuneros que un día escucharon la palabra mina y ahora no cesan de oír las palabras asesinato, cárcel, policía, fiscales, juez.
¿Por qué? Por atreverse a defender sus tierras y, en las alturas, a las nacientes de los ríos, a los páramos, los bosques de neblina y su gran biodiversidad.
Si sigue este martirio, no nos extrañe, como decía Vallejo, que “un día prenda el pueblo su fósforo cautivo”.
Fuente: La República