En días recientes –entre el 16 y el 18 de noviembre– se realizó en Roma, convocada por la FAO, una Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, que es una respuesta al agravamiento de la inseguridad alimentaria en el planeta: según estimados de la propia FAO, la elevación de los precios de los alimentos a mediados del año pasado y la crisis económica internacional han elevado la población en situación de hambruna en el mundo de 850 millones a 1,020 millones.

La sensación de que estamos en un mundo muy frágil en materia alimentaria ha puesto el tema en la agenda internacional, pero también ha evidenciado las diferencias de perspectivas sobre el tema. El Foro de la Sociedad Civil –en el que tuve la oportunidad de participar– realizado en Roma inmediatamente antes de la Cumbre reunió a centenares de representantes de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y ONG, con la esperanza de tener alguna influencia en la declaración oficial. El Foro sostuvo con fuerza la necesidad de que los estados adopten una política de ‘soberanía alimentaria’, no pudiendo la alimentación popular estar a merced del funcionamiento del mercado ni de acuerdos comerciales internacionales. En una orientación diferente, la declaración oficial de la Cumbre se adscribe al concepto de ‘seguridad alimentaria’, tradicionalmente mantenido por la FAO, que subraya la importancia de un mercado realmente libre como mecanismo eficiente para alcanzarla. La realidad, sin embargo, muestra que los mercados están distorsionados por subsidios y monopolios.

Otro tema se discutía también en los corredores de la Cumbre: la posibilidad de que el presidente Lula sea el sucesor del actual director general, Jacques Diouf, quien en el 2011 culmina doce años en el cargo. Lula podría cumplir un importante papel para reflotar la institución, después de que la actual gestión fuera duramente criticada por la Evaluación Externa Independiente en el 2007.

La FAO es una organización conformada por los gobiernos y el Perú es uno de sus miembros. A pesar de la relevancia del tema de la Cumbre para nuestro país, el Ejecutivo no se hizo presente. En cambio participaron los presidentes Lula de Brasil, Bachelet de Chile y Lugo de Paraguay, más ministros y viceministros de quince países latinoamericanos. La pálida presencia peruana se limitó a cuatro congresistas de otras tantas organizaciones políticas (hasta que no den un informe público sobre la relevancia de su presencia en Roma, cabrá la sospecha de que el afán haya sido más bien turístico).

No deja de ser una paradoja que en el Perú el tema de la seguridad o soberanía alimentaria no ocupe la atención no solo de gobernantes sino de la comunidad política y aun de la opinión pública. Aun cuando las tasas de desnutrición en el Perú se hayan reducido en los últimos años –al 19% en el primer semestre del 2009, según INEI ENDES–, sigue siendo un problema muy grave, sobre todo en las áreas rurales, en donde alcanza el 40%. Y el propio CEPLAN pone como objetivo para el año 2021 que el porcentaje de desnutridos menores de 5 años será del 14.1%, unos 400 mil niños. Objetivo inaceptable tanto por el escaso esfuerzo público que ello implica para enfrentar el problema como por razones éticas.