Por Roger Rumrrill

En una crónica que está circulando en la red, el notable antropólogo peruano Stéfano Varese, autor de La sal de los cerros. Resistencia y utopía en la Amazonía peruana (Lima, 2006, Fondo Editorial del Congreso del Perú), un estudio fundacional de la etnografía peruana, expresa su asombro de que cuarenta años después de la promulgación de la ley 20653, de Comunidades Nativas y Promoción Agropecuaria de la Selva, “una de las leyes más progresistas y avanzadas del continente”, el Perú del 2009 haya retrocedido tanto en la reivindicación, reconocimiento y justicia con los pueblos indígenas.

Cuando el destacado estudioso de las culturas indígenas del Perú y México exteriorizó su consternación sobre la situación dramática de los pueblos indígenas amazónicos aún la Procuradora Pública del Ministerio de Justicia, doctora Lourdes María del Carmen Rivera Santander Medina, no había recibido la orden de solicitar la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) porque “esta organización viene infringiendo flagrantemente sus propios principios al venir realizando acciones que contravienen el orden público y el estado de derecho”.
Como Varese, la opinión pública nacional e internacional no encuentra explicación racional a este acoso y feroz ensañamiento del gobierno contra los pueblos indígenas amazónicos. Mi hipótesis, formulada desde que se inició esta especie de “correría” como la que efectuaban los caucheros contra los indígenas en la Amazonía, es que el doctor García no perdona y no perdonará nunca a los pueblos indígenas el descalabro político que le infligieron éstos en los meses de mayo y junio de este año.

Para eso, para cobrarse la venganza “ojo por ojo y diente por diente” el gobierno ha armado una maquinaria de guerra judicial, económica y política que funciona las 24 horas del día en todo el país. La orden que ha recibido la Procuradora Pública del Ministerio de Justicia para disolver Aidesep es apenas una de las acciones del aparato de demolición.

La otra es la denuncia formulada por un juez de Yurimaguas contra el apu Bladimiro Tapayuri Murayari, el coordinador de la mesa 2. Tapayuri es inflexible en la defensa de los derechos indígenas y esa actitud es intolerable para el gobierno. La maquinaria también está apuntando a Carlos Navas, alcalde de Imacita e influyente líder de la causa indígena. Sus 7 proyectos de obras con código SNIP han sido totalmente paralizados por Óscar Altamirano Quispe, el presidente regional de Amazonas.

Los apus saben que el gobierno irá hasta el final para disolver Aidesep. Pero saben también que nunca podrán disolver la unidad y la resistencia indígena que ha prevalecido a través de los siglos sobre todos sus opresores.

Fuente: Diario La Primera