Resulta positivo que el Ministerio del Ambiente haya comenzado a poner orden al caos que ha creado la minería informal en Madre de Dios, convertida hoy en una región destruida y en prácticamente un desierto.

Como ha explicado el ministro Antonio Brack Egg, en entrevista con El Comercio, el Gobierno no solo ha suspendido por dos años las solicitudes de nuevos denuncios mineros, sino que propondrá la creación de zonas de exclusión minera en ese departamento. Se trata de salidas positivas que, sin duda, deberán seguir perfeccionándose para frenar el daño ecológico que se ha venido perpetrando allí.

Por ejemplo, hoy más que nunca se requiere aplicar una estrategia integral que permita evaluar el impacto de la minería informal, en la que participen diversos sectores incluyendo la autoridad regional. Recuérdese que el problema es tan grave que en su oportunidad el Gobierno Regional de Madre de Dios confesó que no se podía contener a las miles de personas que buscan oro y destruyen bosques a punta de motosierras y mercurio.

La destrucción es espantosa: 150 mil hectáreas de bosques han sido arrasadas por la actividad minera informal y, como informó hace meses la Dirección Regional de Energía y Minas, de las 2.800 concesiones mineras registradas solo 16 cuentan con sus respectivos estudios de impacto ambiental, el resto se desenvuelve en un mar de desorden.

En este sentido, es una buena noticia que se haya prohibido que ingresen más de 13 dragas al río Tambopata, una de las zonas que concentra la mayor actividad turística del Perú.

Sin embargo, más allá del daño que esto causa al turismo, el Estado no puede ser sordo ni ciego ante los excesos ecológicos que se perpetran en el territorio nacional.

Su tarea, como hemos sostenido en esta columna, es garantizar un medio ambiente sano.

Tal premisa debería aplicarse a la política de transgénicos que algunos sectores pretenden introducir en el país cuando el resto del mundo desarrollado pugna por erradicarlos. Al respecto, el ministro del Ambiente ha informado que un equipo técnico-científico de alto nivel está estudiando este tema, aunque como ha denunciado este Diario existe el riesgo de que los cultivos genéticamente modificados hayan ingresado ya al país de manera irregular e ilegal, con lo cual podrían contaminarse la papa y el maíz nativos, como sucedió en México.

El Perú no puede seguir el mismo camino y por ello nos sumamos a Brack cuando señala que los peruanos tenemos un banco de recursos genéticos nativos, y que los productos transgénico y orgánico son incompatibles. Esto debería ser contemplado en una política de Estado que establezca que no admitiremos esos productos modificados.

Después de todo, como asevera el ministro, el mercado orgánico de exportación del Perú llega a US$240 millones y la agroexportación mueve US$1.000 millones, mientras que lo transgénico mueve cero. Qué decir de los riesgos para los productos naturales, seres vivos y personas, que poco a poco se están conociendo.