SANTIAGO, Chile.- El eterno e irresuelto conflicto chileno con sus habitantes mapuches marcó ayer un nuevo hito con la declaración de una “guerra al Estado de Chile” por parte de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), el movimiento más radicalizado de la etnia, y la total ruptura de diálogo con el gobierno de Michelle Bachelet.

La CAM, que se presumía desarticulada tras la detención de sus máximos líderes, anunció a través de un comunicado su renuncia a la nacionalidad chilena y la proclamación de un territorio de la nación autónoma mapuche desde el río Bío Bío al Sur, haciendo un llamado a las comunidades “a seguir la misma senda para poder lograr la expulsión completa de todos aquellos objetivos que operan en nuestra nación mapuche”.

Los odios se intensificaron después de violentos enfrentamientos en Angol y una golpiza de carabineros a un mapuche esposado, quien ni siquiera oponía resistencia. Las crudas imágenes fueron captadas por testigos y reproducidas en canales de televisión internacionales y en Internet. Carabineros procedió a expulsar de sus filas a uno de los implicados.

Diversos ámbitos del Estado, como la Corte Suprema, manifestaron ayer su preocupación por la escalada de violencia en la zona. Por su parte, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, denunció la existencia de grupos mapuches entrenados por paramilitares colombianos.

Visiblemente preocupado por la repercusión internacional del conflicto, el gobierno se vio obligado a desmentir que haya un clima de guerra civil. “Hay que aceptar que este problema existe y tratarlo con la mayor seriedad, pero en ningún caso magnificarlo. No hay guerra civil en La Araucanía, decir eso es una exageración completa. Los focos de violencia, si bien son muy espectaculares, son restringidos”, señaló el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de políticas indígenas, José Antonio Viera-Gallo.

Con la recuperación de tierras como bandera de lucha, la comunidad mapuche -alrededor de un millón de habitantes, repartidos entre Chile y la Argentina- ha sido uno de los grandes dolores de cabeza de la Concertación, que buscó a través de la Corporación Nacional del Desarrollo Indígena (Conadi) solucionar los abusos históricos en contra de esa etnia, sin resultados positivos.

En los últimos años, grupos radicalizados perpetraron ataques incendiarios y tomas de predios a terratenientes y empresas de la zona.

El conflicto chileno se concentra en las regiones del Bío Bío y La Araucanía, colindantes con las provincias argentinas de Neuquén, Río Negro y Chubut, cuyas comunidades también han dado señales de disconformidad por la reivindicación de tierras durante las últimas semanas.