Las amenazas y hostigamientos que sufre Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad, que han generado justo repudio y solidaridad, tienen responsables operativos pero también responsables indirectos.

Estos peligrosos ataques contra Lerner Febres y su familia debieran haber venido del terrorismo por la clara y contundente afirmación del Informe de la CVR que Sendero Luminoso fue el autor del mayor número de muertes y el que inició la guerra sangrienta que enlutó a la sociedad peruana, a las familias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Como bien ha dicho Lerner en una entrevista reciente a La República, si Sendero Luminoso se lo hubiese propuesto, hace tiempo lo habría matado.

No, vienen de otro lado, de personas alentadas por las expresiones de quienes ostentan el más alto nivel de responsabilidad en un gobierno democrático, lo que resulta paradójico y extremadamente grave. El presidente Alan García, el vicepresidente Luis Giampietri, el ministro de Defensa Rafael Rey, entre otros funcionarios del gobierno, se han encargado sistemáticamente desde agosto del 2006, de atacar la labor de la Comisión de la Verdad y a las organizaciones de derechos humanos. Los tres han alentando un falso espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas por las investigaciones adelantadas en el Poder Judicial por presuntas violaciones a los derechos humanos en el conflicto armado interno.

Quien, desde la responsabilidad de mayor nivel del gobierno, ataca a defensores de derechos humanos –y Salomón Lerner Febres es uno de los más destacados del Perú–, los convierte en blanco de grupos y de personas que sienten que están autorizados para amenazar, hostigar e incluso matar a quienes consideran “enemigos”. Esto tiene que acabar.

El presidente Alan García debe salir a rechazar sin ambages estas amenazas contra Salomón Lerner Febres y a legitimar el trabajo a favor de los derechos humanos y la paz, a promover las actividades, la defensa y promoción de los DDHH cumpliendo los compromisos del Estado peruano contraídos en Naciones Unidas y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es lo que el jefe de Estado de un país democrático está obligado a hacer. Es lo que esperamos que haga quienes hemos luchado por la democracia y contra el terror, el autoritarismo y la corrupción.