Para cualquiera que haya seguido el devenir político del Perú en las últimas décadas, le queda suficientemente claro que Hernando de Soto es el inspirador del planteamiento del “perro del hortelano” expuesto por el presidente García. La diferencia es sólo de estilo. Mientras éste se lanzó al tema con una propuesta agresiva desde la metáfora, que causó la indignación de muchos indígenas que rechazaron ser calificados de perros, aquél ha montado un espectáculo, con Bobby y otros indígenas traídos del Norte, con la intención de demostrar que la propiedad colectiva no es verdadera propiedad y que además constituye un freno para el progreso y la superación de la pobreza.

La aparición de Hernando de Soto en este momento, post Bagua y en el contexto de unas mesas de diálogo (de sordos), indica que su relación con el presidente no sólo es ideológica sino también estratégica y tiene por finalidad insistir en las ideas que ambos comparten para ver si consiguen ponerlas en práctica. ¿Financia el gobierno este nuevo intento? ¿Lo paga la empresa privada? Éste es otro misterio del capital.

El video elaborado por de Soto está bien hecho y es un buena tentativa para reforzar los prejuicios de sus feligreses e impresionar a un público poco conocedor de la realidad de la Amazonía y de los pueblos indígenas, Jaime de Althaus a la cabeza, que dice haber descubierto que las comunidades no son la Arcadia que le habían pintado. ¿Quién le habrá contado tremenda mentira al periodista? ¿Algún antropólogo despistado? ¿O será fruto de recuerdos de infancia, en los que buenos salvajes habitan parajes edénicos? ¿Cómo puede ser una idílica la situación de pueblos indígenas diezmados por epidemias en la época de las reducciones misionales, que luego sufrieron el genocidio del caucho y la férula de patrones que los sometieron a feroz servidumbre y esclavitud, con castigos físicos incluidos que causaron muchas muertes? Esto último pasaba hasta los primeros años de la década de 1990 en el alto Ucayali (está bien documentado en libros y artículos y en un informe elevado al gobierno de entonces), y fue a raíz de un proceso liderado por AIDESEP que la gente fue liberada. ¿Cómo puede ser paradisiaca la situación de indígenas de las zonas petroleras y mineras, que tienen metales pesados en la sangre por encima de los estándares máximos permisibles determinados por la OMS?

El mensaje del video es caritativo y consiste en señalar que los indígenas son pobres a pesar de estar sentados en un banco de oro, frase que don Antonio Raimondi jamás dijo, pero esto poco importa. Las trampas que pone a un público desinformado son varias. Una de ellas es la presentación de indígenas con vestidos que ya no usan cotidianamente. Aparece así un joven shipibo, líder de una organización urbana, con cushma, esa especie de hábito característico de varios pueblos indígenas, pero hoy muy poco usado, salvo por las mujeres ashanincas y, en algunas zonas, también por los hombres. Hoy ni siquiera en las comunidades shipibas es común ver un hombre con dicho vestido (las mujeres nunca lo usaron).

Más manipuladora aun es la presentación de un grupo de hombres (aparentemente huitotos o boras), vistiendo unos faldellines de llanchama (especie de tela preparada con corteza de árbol) y con vistosas coronas de plumas. Se trata de un traje que ellos usan exclusivamente para fiestas tradicionales o para hacer demostraciones “típicas” a grupos de turistas. Digamos que en este caso es coherente que hayan usado esos vestidos para agradar a los turistas del instituto que lidera de Soto y, sobre todo, para demostrar al público que a pesar de “conservar su cultura, tienen ideas modernas y hablan del mercado”. Pero la cultura, que por cierto es dinámica y cambiante, es algo mucho más complejo que el uso de vestidos.

Para seguir con el turismo, en el video se presenta a un grupo de boras de San Andrés, asentados en el río Momón, a minutos de Iquitos, que no es comunidad titulada, sino un pequeño grupo de personas desarraigadas por los patrones de su territorio, situado en el Putumayo y al norte de este río (Colombia), que eventualmente realiza algún espectáculo para los visitantes. Como éstos hay varios ejemplos, pero considero largo e inútil detallarlos.

La selección de las comunidades presentadas como ejemplo de que la idea de títulos mancomunados es un invento de líderes mal asesorados (como de Soto califica a Alberto Pizango, quien no ha hecho otra cosa que cumplir con el mandato de sus bases), es otra muestra de la poca objetividad del video. Maranquiari, por ejemplo, es un caso entre varios de los que se puede encontrar en el Perené, una cuenca sometida a intensos procesos de colonización desde la segunda mitad del siglo XIX, donde los pocos indígenas que han quedado en ese asentamiento se han casado con población colona y, efectivamente, han individualizado las tierras.

Si la gente del ILD se hubiera tomado la molestia de buscar un poco más, apenas en los alrededores y en zonas de fácil acceso, hubiera encontrado otros ejemplos que ilustran mejor el problema de la tierra en la cuenca, sin necesidad de recurrir a la filmación de un asentamiento casi totalmente de colonos, en los cuales la presión de éstos y las imposiciones del mercado han llevado a la fragmentación y deterioro de la tierra, a la desaparición del bosque y de la fauna, a la contaminación del Perené (con la generosa contribución de las mineras que operan en la provincia) y al empobrecimiento de la gente. Por lo demás, el hecho de que muchos colonos tengan allí títulos individuales y sean pobres, demuestra lo contrario de lo que de Soto intenta probar en su presentación.

Otro ejemplo citado en el video es la comunidad awajun de Shampuyacu (no existe “Alto Shampuyacu”, como se la llama en el video), ubicada muy cerca de Nueva Cajamarca, en la cuenca del Mayo, en San Martín. En la zona donde ella se ubica, atravesada por la Carretera Marginal, existen muchas otras comunidades similares en problemática a la citada y miles de colonos que han desarrollado principalmente el cultivo de arroz. Animados por el mercado, muchos awajun han alquilado sus tierras a estos colonos mediante contratos que demuestran su poco conocimiento del valor de ellas en el mercado y su total ingenuidad de haber pensado que por ese medio lograrían mejorar su situación. Después de casi dos décadas, hoy ven el incremento de colonos dentro de sus tierras y comienzan a darse cuenta de su error, y algunos están buscando medidas que les permitan reapropiarse de ellas.

Los pueblos indígenas no son ahora, ni nunca lo han sido, colectivistas, pero sí basan su organización social en vastas redes familiares de reciprocidad, en las que intercambian bienes (principalmente carne de monte) y servicios (las llamadas mingas), que tienen como escenario un territorio ancestral, con una geografía propia, con nombres que identifican diferentes lugares que han sido el teatro de eventos históricos o mitológicos. Algunos han habitado en grandes chacras familiares (malocas), pero el trabajo de las chacras es individual familiar. Las purmas (chacras en abandono para que los suelos se regeneren) pertenecen a quien las trabajó, cosa que todos respetan. Antiguamente, una persona que moría era enterrada con sus bienes (vestidos, armas y otros), aunque aquí el sentido de la propiedad era místico y no mercantil. Esto ha cambiado, y hoy ningún muerto es enterrado con su radio, escopeta o motor fuera de borda, que ahora heredan sus deudos. Si alguien le ha contado a de Soto y a otras personas ajenas al tema que los indígenas eran colectivistas, los ha engañado o no conoce esa realidad. Hay cientos de etnografías que los productores del video podrían haber consultado sobre esta materia.

Los pueblos indígenas no están entrando al mercado: lo están hace muchos años, pero lo están en la única manera como el mercado lo permite en zonas marginales, libradas a la matonería de los más fuertes, amigos de las autoridades locales, con quienes trabajan al alimón para explotarlos. El Estado es un espectador activo, de esos que tiran piedras desde la tribuna al actor más débil y se solidariza con el opresor. ¿Qué hace para promover mejoras en educación, salud (reconozco como positivas las campañas de vacunación que se realizan de manera regular), producción, manejo de recursos y otros? Nada más que bloquear las iniciativas realizadas por AIDESEP o por instituciones de apoyo. La famosa nota 14, por ejemplo, barrera impuesta por el ministro de educación para el acceso a pedagógicos, impide, desde hace tres años, que jóvenes indígenas, víctimas de la pésima educación que han recibido en la escuela y el colegio secundario, ingresen al programa de Formación de Maestros Bilingües de la Amazonía Peruana (FORMABIAP), promovido por AIDESEP, y a otros institutos similares. El ministro castiga a las víctimas de la inoperancia de su sector.

No es que los indígenas no quieran ser profesionales. Precisamente AIDESEP montó un programa en este sentido hace una década, apoyado por la cooperación internacional, para que jóvenes egresados de los colegios se formaran en diversas disciplinas. Si el intento no produjo todos los frutos que se esperaba fue porque los estudiantes no pudieron superar las exigencias que les planteaba la educación universitaria por provenir de precarios colegios estatales.

Los programas de manejo de bosque son bloqueados, antes por el INRENA y ahora por el Ministerio de Agricultura, y los de manejo de cuerpos de agua de la selva baja, el principal recurso de esta región, por Produce y otros inútiles acompañantes. Precisamente el tema de los cuerpos de agua es una buena razón para explicar por qué la parcelación de las tierras no es una alternativa para la región y, por el contrario, el apoyo a grupos organizados de las comunidades es la única alternativa viable para manejar este recurso de manera sostenible, mejorar los ingresos de la población y proteger el patrimonio ambiental de la nación.

Si bien la visión presentada por el video es superficial y basada en prejuicios, hay un aspecto de éste que califico de irresponsable y hasta de criminal. Afirma de Soto que los títulos son “pedazos de papel que no tienen ninguna función” y que “sólo valen dentro de los linderos de la comunidad”. Esto es una invocación al zafarrancho de combate y al festín de quienes esperan, detrás de esos linderos, que se les dé el disparo de partida para lanzarse sobre su presa. Es cierto que los títulos tienen errores porque fueron hechos basándose en una cartografía deficiente y con instrumentos poco precisos o inadecuados para la región amazónica, pero éste es el problema de todos los títulos del área rural del país, incluyendo las concesiones mineras y de hidrocarburos y los nuevos latifundios que se van constituyendo. ¿Considera también de Soto que éstos son únicamente “pedazos de papel que sólo valen dentro de sus respectivos ámbitos”?

No, no es despistado el sendero de Hernando de Soto, sino que está claramente orientado para apoyar la política de este gobierno, diseñada para servir a empresas que ambicionan los territorios de los indígenas, a fin de poner en marcha diversos planes. De Soto declara ufano que el Perú se ha comprometido a respetar a las empresas mineras y petroleras para promover el desarrollo. Si los pueblos indígenas contaran con garantías similares y no tuvieran, además de todas las otras adversidades antes mencionadas, que defenderse de la agresión de empresas de hidrocarburos, madereras y mineras, y del autoritarismo oficial, sin duda podrían abocarse con mayor dedicación a construir un mejor presente.

Para terminar, una última cuestión relacionada con algo que, al parecer, tampoco de Soto conoce. De acuerdo a la Constitución, las comunidades nativas y campesinas “Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece” (Art. 89).

El argumento, entonces, de que ellas están condenadas por una legislación obsoleta a permanecer eternamente como comunidades no es cierto. De hecho, los ejemplos que doy al comienzo de estas líneas demuestran lo contrario: que hay comunidades parceladas, que alquilan sus tierras y que en la práctica van perdiendo la propiedad de éstas.

Son libres de hacer lo que quieran y nadie se los puede impedir, aunque las experiencias actuales demuestran que la pérdida de dominio sobre sus territorios sólo les proporciona ingresos miserables, que luego de gastados deja a los pobladores verdaderamente pobres, cosa que antes no eran, porque a pesar de tener magros ingresos en efectivo, disponían de recursos y de un medio ambiente sano para vivir bien.

Los pueblos indígenas actualmente son libres de disolver su identidad parcelando sus territorios, pero también lo son para defender el legado de sus ancestros, a fin de trabajarlo dentro de otra visión de desarrollo basada en el respeto entre la gente y de ella hacia el medio ambiente.

Por tanto, queda claro que lo que quieren el presidente García y el Sr. de Soto no es impulsar una ley que dé libertad a los indígenas para enajenar sus tierras, sino promocionar la voluntad de los indígenas para que se desprendan de su heredad.

* Alberto Chirif es antropólogo peruano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabaja desde hace 40 años en temas relacionados a la amazonía, especialmente en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Actualmente se desempeña como consultor independiente. Es autor de libros colectivos, tales como: Marcando Territorio, El Indígena y su Territorio (con Pedro García Hierro y Richard Ch. Smith) y de diversos artículos.