Comunidad Viva de Bolivia (http://www.comunidadviva.org.bo) es una ONG tan joven como sospechosa. Se constituyó a finales de 2006 con el marcado empeño, por como ha venido actuando, de hacerse portavoz del pueblo ayoreo, de todo él, tanto del que queda a este lado de la frontera de Bolivia como del que se encuentra en el lado de Paraguay, tanto de la parte contactada y en parte sometida como de la que resiste en aislamiento voluntario o, mejor dicho, manteniendo contacto tan sólo con esa otra parte de mismo pueblo. Este pueblo, el ayoreo, cuenta por supuesto con voz propia y puede utilizarla para repudiar las pretensiones representativas de mediaciones no solicitadas ni bienvenidas. Comunidad Viva pretende hablar en nombre particularmente del sector en aislamiento voluntario. Y compromete con sus pretensiones a alguna agencia de Naciones Unidas.

Comunidad Viva, como si hubiera desempeñado algún papel al respecto, da noticia en su sitio web acerca del encuentro en Santa Cruz de la Sierra a principios de marzo de este año de representantes ayoreos de Bolivia y de Paraguay. Fue en realidad organizado por organizaciones ayoreas –UNAP (Unión de Nativos Ayoreos de Paraguay) y CANOB (Central Ayorea Nativa del Oriente Boliviano)– con el apoyo de algunas ONGs –Iniciativa Amotocodie y CIPIACI (Comité Indígena Internacional para la Protección de los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial de la Amazonía, el Gran Chaco y la Región Oriental de Paraguay). En la noticia de Comunidad Viva se comunica que el encuentro apeló a la “responsabilidad de los gobiernos de ambos países en concordancia con la Constitución boliviana y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, con la Constitución nueva de Bolivia obviamente, la cual declara que “las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan”, por lo que dispone que “serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva” (art. 31).

Nada de todo esto es lenguaje característico de Comunidad Viva. Los principios que proclama expresan respeto a “las comunidades locales” y al “consentimiento informado previo para los proyectos que involucran directamente a las comunidades o colonias” sin especificar nada sobre el caso indígena. El consentimiento “local” se presenta como un “principio precautorio” que se concreta en estos términos: “La aclaración a la población local de vacíos de información científica y necesidad de autorización previa, antes de iniciar actividades que puedan afectar los recursos naturales en el marco de los proyectos que se realizan”, en conformidad todo esto con “las formas propias de expresión de solidaridad, reciprocidad, equidad, justicia y otros valores de las comunidades”. Es la ONG la que se entiende a sí misma destinada a proporcionar “información científica” a una “población local” a la que se tiene así por incapaz de decidir por sí misma sin dicha asistencia. Es la ONG la que busca de este modo forzar su introducción en una red comunitaria de “solidaridad, reciprocidad, equidad (y) justicia” guiada ahora por su superioridad “científica” Y en ningún momento los principios de esta ONG, Comunidad Viva, se comprometen con el respeto al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas tal y como requiere la citada Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Para ser una ONG boliviana que ha comenzado a funcionar en unos tiempos constituyentes de Bolivia igualmente conducente, como la Declaración misma de Naciones Unidas, al reconocimiento del derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas –una de cuyas manifestaciones consiste en dicha exigencia de consentimiento libre, previo e informado– sus imprecisiones y vaguedades resultan sumamente sospechosas. Siempre puede pensarse que se trata de improvisación o incompetencia, pero, en un caso como el de Bolivia en el que el lenguaje preciso y comprometido para esta clase de asuntos está de continuo bien a la vista, la explicación más verosímil es la de existencia de agendas ocultas que van más allá del interés de algún grupo por captar y manejar fondos para proyectos en beneficio no sólo ajeno o, si quiere decirse de otra manera, con empleo no enteramente transitivo. Hay ONGs ante todo pensadas para mantener a sus promotores y agentes. Las hay también con intereses encubiertos no tan egoístas, pero tampoco al servicio de los principios que proclaman. Entre las fuentes de financiación de Comunidad Viva, se encuentra el PNUD, esto es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, agencia que en Bolivia últimamente no se caracteriza por guardar sintonía con las organizaciones indígenas.

Comunidad Viva está ahora desarrollando un programa de Fortalecimiento Organizativo de comunidades indígenas y en particular ayoreas. La organización representativa de la parte del pueblo ayoreo de este lado de la frontera de Bolivia con Paraguay, la citada CANOB, ha publicado hace pocos días un comunicado acusando a esa ONG de faccionalismo en busca del debilitamiento de la representación indígena con el interés muy especial de desplazarla como interlocutora de las comunidades ayoreas libres, las que resisten en aislamiento voluntario por territorios y con recursos sólo accesibles a los propios ayoreos.

El comunicado de la CANOB demanda del Estado boliviano apoyo a la organización indígena acreditadamente representativa frente a la injerencia de intereses tan oscuros e investigación para el desenmascaramiento de Comunidad Viva. Especialmente le responsabiliza de todo daño que pueda acarrear a “nuestros hermanos en aislamiento voluntario“. El artículo 31 de la Constitución antes citado obliga a Bolivia a atender el requerimiento en todos sus términos.

En cuanto al PNUD, concedamos que no hay complicidad. En todo caso, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas le obliga a no apoyar este género de proyectos sin el consentimiento libre previo e informado de parte indígena, en este caso de la CANOB. El incumplimiento sistemático de esta obligación lleva a tales resultados.

Nota: El dato de la financiación por el PNUD, por su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD-SGP), se encuentra en el propio sitio web de Comunidad Viva, en la entrada de Proyectos en Ejecución, en realidad de 2007 el único que se registra y que se refiere a un proyecto sobre artesanía en una comunidad ayorea. En el sitio del PNUD de Bolivia (http://www.pnud.bo) no he encontrado el registro de la contraparte. El proyecto de Fortalecimiento Organizativo no se registra en ninguno de estos sitios, ni siquiera en el de Comunidad Viva. Pudiera ser que se esté desarrollando bajo un paraguas más discreto, como ese de la artesanía, con lo que la complicidad del PNUD quedaría total y definitivamente descartada, aunque no desde luego su responsabilidad por no consultar, por actuar sin el consentimiento previo, libre e informado de parte indígena. El sitio de Comunidad Viva en todo caso no se caracteriza ni por la generosidad ni por la transparencia de sus datos. Es de suponer que cuenta con más fuentes de financiación que la del PPD-SGP del PNUD, como la del Rainforest Foundation Fund (http://rainforestfoundationfund.org, memoria fiscal de 2007 y general de 2006-2008).

* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.