Al respecto, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) saludó la resolución final del caso, conocdido como el “Caso Majaz”, y señaló que la entidad denunciante fue creada y financiada por la empresa minera Majaz, hoy Río Blanco Copper.
El coordinador general de la CAOI, Miguel Palacín Quispe, fue uno de los denunciados y mencionó que “está demostrado que en el Perú se persigue y criminaliza a los dirigentes indígenas y activistas ambientales con el único objetivo de proteger a las empresas multinacionales”.
Precisó que este juicio en Piura “carecía de fundamento legal y pruebas para admitir la denuncia”.
Durante el proceso Palacín y otros dirigentes denunciados no acudieron a ninguna citación, “puesto que el juicio solo respondía a presiones políticas e intereses de la empresa minera”.
Finalmente, añadió que exigirán el avance del proceso de investigación sobre las torturas sufridas por dirigentes de las comunidades campesinas de Ayabaca y Huancabamba por parte de la policía en las instalaciones de la compañía minera.
“Este caso debe ser llevado a instancias internacionales porque el Estado peruano está directamente implicado en estos delitos de lesa humanidad”, subrayó.
Antecedentes
En septiembre del 2007, las municipalidades de los distritos afectados en las provincias piuranas de Ayabaca y Huancabamba, desarrollaron una consulta en sus jurisdicciones sobre la presencia del proyecto minero.
La Consulta dio como resultado un abrumador NO a esa incursión minera (más del 95%).
El gobierno central no reconoció carácter vinculante a la consulta y la empresa minera Majaz, a través de la citada asociación “fantasma”, cuyo financiamiento reconoció, presentó la denuncia por terrorismo contra 35 personas, entre ellas alcaldes, regidores, comuneros y autoridades comunales, activistas ambientales y defensores de derechos humanos.
Entre los denunciados estaba Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, quien ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos materia de la demanda.
La denuncia había sido archivada en dos oportunidades: en octubre del año pasado y el 3 de marzo último, y la parte demandante no apeló. En consecuencia, la Primera Fiscalía Provincial resolvió el 11 de agosto dar por consentida la resolución de archivamiento definitivo de la denuncia.
Fuente: Servindi