Es reconfortante para la prensa y la sociedad civil escuchar el rotundo deslinde político y doctrinal que han hecho el presidente de la República, Alan García, y el jefe del Gabinete, Javier Velásquez Quesquén, respecto del malhadado anteproyecto congresal que, bajo el pretexto de regular el derecho de rectificación, pretendía amedrentar a los medios de comunicación.

“Creo que el componente fundamental de la democracia es la más irrestricta libertad de expresión y la libertad de prensa y así será defendida por mi gobierno (…) que es y será siempre un gobierno de libertades”, ha dicho correctamente el primer mandatario.

Por su parte, Velásquez Quesquén aclaró que el derecho de rectificación ya se encuentra reglamentado en la Constitución Política del Perú, por lo que resulta innecesario promover un debate, más aun si este se da sobre la base de un proyecto confuso y eventualmente riesgoso para garantizar dichas libertades.

En líneas generales, hay que reconocer que este gobierno ha sido respetuoso de las libertades de prensa y expresión, por lo que cuestionables iniciativas como la promovida por los congresistas José Vargas y Mercedes Cabanillas en la Comisión de Constitución le hacen un flaco favor a la administración aprista y a la estabilidad política del país.

Esto resulta aun más perjudicial en momentos en que nuestro gobierno redobla esfuerzos por reafirmar sus credenciales democráticas y desmarcarse de regímenes autoritarios y abusivos, como el de Hugo Chávez y de sus cercanos seguidores en Bolivia, Ecuador y otros países de la región.

¿Con qué autoridad moral podríamos criticarlos si acá se empieza a poner uno o más escollos al ejercicio de las libertades de expresión y de opinión?

Nuestro país es, además, signatario de importantes cartas y documentos supranacionales que garantizan el irrestricto respeto de las libertades de prensa, expresión y opinión, en el entendido de que se trata de un elemento fundamental para el ejercicio de las demás libertades en el sistema democrático.

Según la Declaración de Chapultepec, la prensa no debe ser sancionada por formular críticas contra el poder político. Por el contrario, le corresponde promover la participación ciudadana y el debate de ideas, del que pueda resultar la crítica fundamentada y bien intencionada, que oriente acciones o corrija los errores tanto del Gobierno como de quienes administran los poderes públicos o de aquellos que aspiren a ocuparlos en el futuro.

Es oportuno recordar aquí que, cuando se produjo la nefasta confiscación de Radio Caracas Televisión (RCTV) por parte del régimen autoritario de Venezuela, el presidente Alan García marcó distancia y dijo que su gobierno miraría con recelo y no podría ser amigo pleno de un gobierno que no respete la libertad.

Este es el mensaje que tienen que acoger nuestros congresistas para rectificar o archivar el polémico anteproyecto. No puede ser demócrata quien afecta o conculca la libertad de prensa, que es la síntesis de los derechos humanos y requisito indispensable para actuar en una sociedad tolerante, participativa y respetuosa de la ley y de los derechos de los demás.