Además del orden, la inclusión es el otro lema del Presidente para el segundo tramo de su gobierno. Para algunos lo ha proclamado con convicción. Para otros es solo otra mecida más. Como sea, la inclusión es lo que el Presidente ha escogido para evaluar a su gobierno. Apenas lanzado, sin embargo, aparecen hechos grandes y pequeños que le quitan credibilidad a la oferta.

Entre los grandes hechos está la desatención a la gran mayoría de los afectados por el terremoto del Sur. Esto ha merecido primeras planas e informes especiales de casi todos los medios. A dos años del sismo, hay gente viviendo casi a la intemperie, escombros aún sin recoger, hospitales públicos que ni se han comenzado a reconstruir, presupuestos ejecutados al mínimo. Es obvio que no toda la responsabilidad recae en el Ejecutivo, pero este país es presidencialista para lo bueno y para lo malo.

Otro hecho grande, este sí de íntegra competencia del Ejecutivo, es que no se les garantiza hasta ahora, a las regiones del Sur, el acceso a la provisión del gas producido allí. Pese a las objeciones de los especialistas, se optó por proveer a Lima y por comprometer su exportación. Ahora, las mismas autoridades que defendieron la ley y los contratos causantes de esto les han confirmado a los sureños que el gas no alcanza.

Si los damnificados del sismo en el Sur, o las regiones que no ven garantizado su acceso al gas, no perciben como exclusión lo que viven, de hecho sí lo perciben como algo muy parecido: desigualdad, centralismo, olvido. Lo que importa es el efecto de corrosión que tiene el desempeño del gobierno sobre sus propios ofrecimientos.

A esos hechos grandes se suma una muestra de hechos recientes, disímiles pero todos expresivos de la exclusión o de algo equivalente, la negación de derechos. Los trabajadores despedidos que no fueron reconocidos en las listas aprobadas por el Ministerio de Trabajo; el maltrato a los deudos de los policías caídos en Bagua; el 46 % del personal policial que debe trabajar más de 100 horas a la semana, muchas de ellas como guardias privados; los trabajadores sin derechos del 66 % de las empresas privadas que funcionan en la informalidad laboral; la mayor dureza de los bancos en los intereses cobrados a las pymes y a las personas naturales; el abuso de empresas como Telefónica en su cobro de tarifas; la pérdida de valor de los fondos de los pensionistas a los que se impide cambiar de sistema cuando se les dé la gana.

Estas son, apenas, las experiencias de negación de derechos que han merecido primeras planas en los diarios de los últimos 15 días. Algunas afectan incluso a capas medias. Feministas, indígenas o poblaciones pobres tendrían mucho que aportar al muestrario. Pero es suficiente para denotar qué poco creíble puede ser un lema como inclusión si este viene de predios oficiales.