Inusitado impulso de sensatez, o quizá súbito arranque de pánico, lo cierto es que el gobierno del presidente Alan García logró ayer –a través del premier Yehude Simon– un acuerdo con las comunidades selváticas que detiene, al menos temporalmente, la grave crisis en que se metió por una mezcla de arrogancia con impericia.

El acuerdo incluye el ofrecimiento de derogar las normas que produjeron la protesta en la selva, levantar el estado de emergencia en Amazonas, desbloquear las carreteras, e instalar una mesa de diálogo para debatir los temas vinculados al desarrollo de esta inmensa zona del país.

La pregunta que surge ahora es si este acuerdo se pudo conseguir antes. Es decir, antes del tremendo descalabro político y social que se produjo conformado por:

35 muertos, incluyendo el salvaje asesinato con torturas de 25 policías; pérdida de confianza de la población amazónica en el gobierno y, en general, en el sistema político; un asilado político; siete congresistas de oposición suspendidos por 120 días por pelear por lo que finalmente se va a aprobar; pésima imagen del Perú en el exterior; fortalecimiento de la oposición; un gobierno que tuvo que mostrarse prepotente; un gabinete desahuciado, en parte porque defendió lo indefendible, con varios de sus integrantes haciendo el ridículo; algunas carreras políticas de ministros tiradas por la borda; la moral de la policía en el suelo por la sensación de que, como suele ocurrir, algunos políticos ‘se hacen los locos’ y los vuelven responsables de su negligencia; una mayoría parlamentaria desairada pues ahora deberá volver a votar en sentido contrario al de la semana previa; un presidente de la República debilitado; y –lo que quizá sea más grave– un país polarizado y el afloramiento, sin siquiera ruborizarse, de las expresiones más deplorablemente racistas que se puedan imaginar.

Ayer les pregunté a varias personas por qué el presidente García cedió, más de dos meses después, a todos los puntos que, al inicio del conflicto, defendió hasta con arrogancia. Las opiniones están divididas entre los que creen que AGP no sabe decidir bajo presión, y entre los que creen que, al final, se rindió por susto, no por las tres docenas de muertes sino porque su propia estabilidad política se empezó a poner en cuestión.

En este sentido, esta crisis política –que no se sabe si en realidad está acabando– ha dejado un efecto muy profundo y con un régimen lamentablemente debilitado pues en la selva o en otras zonas del país podría haber quedado la sensación de que este gobierno no cede ante los argumentos sino ante la presión, lo cual es una pésima señal para una nación que aún debe aprender a resolver sus problemas con diálogo y no con balas.