Servindi, 7 de junio, 2009.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) repudió “el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil”.

La CNDDHH denuncia la conducta negligente de las autoridades nacionales para resolver un conflicto social que viene durando más de 50 días y que ha culminado en este trágico desenlace.

La organización pidió que se brinde información oficial del número de civiles víctimas, “que hasta al momento son inciertas”.

Previamente, el vicepresidente de la Federación Regional Indígena Awajun del Alto Mayo (FERIAAM), Abel Tsajupat, denunció que “el gobierno quiere ocultar los cuerpos de los muertos y las huellas de cómo han muerto”.

En ese sentido, la CNDDHH demandó que se dé a conocer el estado real de la situación de detenidos, heridos y cadáveres, procediendo a su identificación y entrega pronta a sus familiares.

Por otro lado, exhortó tomar las medidas de emergencia para salvar las vidas de personas heridas en los servicios de salud de la zona.

“Crear condiciones que permitan la acción eficiente de organismos de acción humanitaria, las propias autoridades y la sociedad civil en la zona” pidieron.

Comunicado

INVOCACIÓN URGENTE POR LA VIDA Y LA PAZ ENTRE PERUANOS

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ante los hechos ocurridos desde la madrugada del 5 de junio en la provincia de Bagua expresa su profundo pesar y se une a este luto nacional por la muerte de decenas de compatriotas en circunstancias de violencia. Nos solidarizamos con los familiares de todas las víctimas: nativos, ciudadanos y policías, enfrentados en una violencia fraticida como resultado de malas decisiones políticas.

Invocamos a todas las partes en el conflicto a cesar de inmediato toda violencia y a restablecer el diálogo como único mecanismo legítimo para dar solución a los problemas en democracia. Asimismo rechazamos el recurso a la represión como medio para enfrentar los conflictos sociales.

Expresamos nuestra profunda indignación por el empleo de la violencia, venga de donde venga. Repudiamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes y población civil, y con el mismo rigor condenamos la agresión y secuestro de policías por parte de los manifestantes. Es inadmisible que se asesine de manera brutal a policías en actos de servicio y que a su vez se actúe contra la población civil con armas de fuego. Conductas reiteradas que hemos venido condenando y denunciando, que no han generado una adecuada reacción estatal y que, en este caso, han terminado segando la vida de decenas de compatriotas.

La CNDDHH denuncia la conducta negligente de las autoridades nacionales para resolver un conflicto social que viene durando más de 50 días y que ha culminado en este trágico desenlace. En efecto hace más de un año las comunidades nativas vienen exigiendo la derogación de un conjunto de decretos legislativos que afectan sus legítimos derechos, aprobados con violación de la constitución y de tratados internacionales por haberse aprobado sin proceso de consulta a las comunidades. La inconstitucionalidad de estas normas ha sido señalada por la Defensoría del Pueblo y otras instancias.

Por ello condenamos la falta de voluntad política y la indiferencia de las autoridades por haber colocado en situación de riesgo mortal con su inacción y su mala gestión en el manejo del conflicto tanto a la población civil de la ciudad de Bagua, a los nativos awajún que ejercían su derecho a la protesta, como a los efectivos policiales destacados en la zona.

Asimismo, pedimos a las autoridades correspondientes tomar acciones inmediatas respecto de:

* Información oficial del número de civiles víctimas, que hasta al momento son inciertas.
* Conocer el estado real de la situación de detenidos, heridos y cadáveres, procediendo a su identificación y entrega pronta a sus familiares.
* Tomar las medidas de emergencia para salvar las vidas de personas heridas en los servicios de salud de la zona.
* Garantizar que se cautelen debidamente las pruebas de los delitos que se hayan podido cometer para su adecuada investigación.
* Crear las condiciones que permitan la acción eficiente de organismos de acción humanitaria, las propias autoridades y la sociedad civil en la zona. En situaciones como esta es deber internacional del Estado Peruano cumplir con este requerimiento.

Finalmente solicitamos de manera urgente a las autoridades que dispongan medidas inmediatas que permitan el cese de la violencia y el restablecimiento del orden público con pleno respeto a la ley y las garantías constitucionales, y pleno respeto a los derechos humanos.

Invocamos a los líderes indígenas y a la población en general a velar por la seguridad y la vida de los efectivos policiales que pudieran encontrarse aún con paradero desconocido y de encontrarse retenidos sean puestos inmediatamente en libertad.