La Nación llora a sus muertos. A sus hijos amazónicos ancestrales que han muerto defendiendo el Estado de derecho y la constitucionalidad al exigir la derogatoria de leyes inconstitucionales que afectan sus derechos. A sus hijos uniformados, los policías, que han fallecido en el ejercicio de su deber cumpliendo decisiones políticas erradas.

La responsabilidad política es del gobierno, crecientemente incapaz de ejercer con mínimos de eficiencia la gobernanza democrática. No se defiende el orden público ni el principio de autoridad disparando bombas lacrimógenas, desde un helicóptero, a miles de indígenas que protestaban para que el gobierno respete la Constitución y los tratados internacionales, que son leyes internas. Un acto violento, innecesario y temerario, en contra de quienes exigían legalidad, produjo el estallido del conflicto.

Pero el uso de la violencia por parte del gobierno ha estado no sólo en el trágico final de la protesta amazónica, sino en su origen. Aprobar leyes con conocimiento pleno de su inconstitucionalidad es una forma de violencia institucional que afecta la estabilidad democrática. Lo es también mentir en el ejercicio del poder. Es falso que el TLC con Estados Unidos exija los regímenes de propiedad intelectual, de aprovechamiento de las aguas y de los derechos de propiedad indígenas contenidos en la legislación cuestionada. El Departamento de Estado debe estar muy preocupado y sensible con la asociación que hace el gobierno entre las leyes inconstitucionales y el Tratado de Libre Comercio. La incomodidad debe ser mayúscula con la sangre que ahora se asocia al TLC.

Pero lo más grave de estas horas difíciles es la actitud y el pensamiento que pregona la separación y división de los peruanos, entre aquellos que representan el poder y los que lo sufren, entre aquellos cuyas muertes importan y aquellos cuyas muertes se desprecian; una visión que desafía a nuestra propia historia y realidad social, desconociendo la pluralidad étnica del Perú real.

Este peligroso discurso neocolonizador de la propia patria está llegando al extremo de incitar a la violencia estatal contra los peruanos y peruanas vulnerables, contra los que no se consideran “hortelanos”, que son la inmensa mayoría de la Nación. El delirio debe sosegarse. Se requiere antes que odio exacerbado por la violencia verbal, tranquilidad, serenidad y sosiego. Responsabilidad nacional y convicciones democráticas sobre el Estado y la sociedad. Voces serenas, respetuosas de todas las sangres que componen y enriquecen el país, voces que en la crisis fortalezcan los valores democráticos. Como la de los obispos amazónicos que alertaron sobre la inconveniencia de una masiva presencia policial o el llamamiento institucional a favor de la legalidad y el diálogo hecho por Beatriz Merino, la defensora del Pueblo. El país y el mundo saben que la lucha indígena es justa y que sus reivindicaciones responden al interés nacional: la preservación de la paz social y la cohesión nacional y el respeto a la legalidad que ampara las justas demandas de los pueblos amazónicos.