Lamentable episodio el del Pleno del Congreso cuando discutían la derogatoria del DL 1090, más conocido como Ley de la Selva y uno de los reclamos más urgentes de los pueblos amazónicos. La correlación de votos era favorable a la oposición para aprobar su derogatoria pero vino la provocación oficialista y el congresista nacionalista Werner Cabrera pisó el palito acusando al presidente García de estar involucrado en negociados que atentan contra la Amazonía. La bufalería aprista, diestra en estos menesteres, completó la faena suspendiendo la sesión y amenazando ídem la de esta semana si el congresista no se disculpa por ofender al presidente. Conclusión, se pateó el tablero y la lucha indígena continúa para desgracia de todos.

No hay duda de que la febril concesión de la Amazonía para explotar gas, hidrocarburos y biocombustible en áreas protegidas responde a grandes negocios privados pues bien sabemos que la depredación de sus recursos solo ha traído más pobreza en la zona. Lo supieron los indígenas esclavizados en la era del caucho y hoy los campesinos que remataron sus tierras para convertirse en parias del nuevo latifundio. En este orden de cosas, alguna correspondencia habrá entre el aporte económico de Dionisio Romero a partidos políticos, por ejemplo, con su interés en tierras amazónicas para plantar biocombustibles.

El congresista aludido carecía de sustento para acusar al presidente pero no olvidemos que mails, chuponeos y otros indicios de corrupción de altos funcionarios de este gobierno se guardan bajo siete llaves tanto en la Contraloría como en el Poder Judicial y el Congreso. La certeza de Rómulo León y de Elías Ponce, de Business Track, de que las acusaciones quedarán en nada por el alto nivel de los implicados es sólida. Pero la demora en analizar los petroaudios en la Corte Superior de Lima presidida por un aprista apesta a encubrimiento, como denunció hace poco Fernando Rospigliosi en Ideeleradio. Si algo avanza en el Perú es la corrupción inexorable.