Por segunda vez un editorialista de El Comercio, el señor Althaus, toma mi nombre para introducir el relato, francamente alucinado, de una intriga que intenta ubicar la problemática indígena nacional en el contexto de una maquinación internacional perversa orientada a terminar con el capitalismo internacional. O algo así.

Se trata con ello, al igual que la primera vez, de desorientar a la opinión pública del verdadero problema de las comunidades y pueblos indígenas del Perú. Pero a decir verdad, el señor Althaus practica un periodismo tan predecible y evidencia tanta sujeción a intereses económicos específicos que realmente siempre se puede adelantar por dónde irán sus opiniones, se trate de indígenas, de la sentencia a Fujimori, del TLC o de cualquier otro tema de interés nacional.

Su desinformación, fruto de su desmesurado fundamentalismo, sería preocupante en el seno de un diario serio como El Comercio si no fuera porque, a mi parecer, genera en amplios sectores de la intelectualidad nacional sentimientos de rechazo para las causas que defiende, generando benéficas suspicacias en relación a su información.

Comienzo por refutar sus afirmaciones sobre mi persona para salirnos de lo anecdótico: dice que hice un pronunciamiento ideológico radical que fue plasmado en un documento solicitado por Ibis en 1992: Ibis en ese tiempo no existía en el Perú; dice que soy asesor de AIDESEP, lo fui y con mucho orgullo hasta 1994, hace mas de 13 años; dice que se trata de una intriga internacional puesto que yo soy un abogado español: soy además abogado peruano y he viajado a España en los últimos 37 años solo para conocer a mis nietas.

Digo que fui asesor de AIDESEP con mucho orgullo. Porque, entre otras cosas, ha sido una institución capaz de promover permanentemente los derechos indígenas a nivel nacional e internacional y porque se debe al impulso de AIDESEP la titulación de la mayor parte de las tierras y territorios indígenas del Perú; por ello cuenta con un amplio historial de reconocimientos internacionales.

AIDESEP o alguno de sus programas o filiales ganaron premios como el AntiSlavery (por combatir la esclavitud generada por los madereros en Atalaya), el Bartolomé de Las Casas y el Andrés Bello (por haber instituido FORMABIAP un programa de formación de profesorado bilingüe e intercultural modélico para América) y otra vez el Bartolomé de Las Casas (para la FENAMAD de Madre de Dios por su defensa del medio ambiente frente a la extracción petrolera irregular).

Sus representantes, tildados por Althaus como personajes secuestrados por ideologías perversas, han sido reconocidos con premios como el Goldman, en dos ocasiones (por defensa del medio ambiente) o el Right Livelihood Award – “Premio Nobel Alternativo” (del Parlamento sueco por su contribución al desarrollo y defensa de los derechos humanos). Como puede entenderse, las alucinaciones del Sr. Althaus son tan solo lo que parecen ser.

Se dice que AIDESEP, y su estrategia internacionalista, está ampliamente financiada por instituciones radicales extranjeras. No sé a cuáles se refiere pero en mi tiempo AIDESEP fue financiada, por poner un ejemplo, por agencias o programas vinculados a AECI (oficina de cooperación española), DANIDA (sistema de cooperación del gobierno danés) HIVOS y otras pertenecientes al sistema de cooperación holandés, Terra Nova, del sistema de cooperación italiano, GTZ y otras del sistema de cooperación alemán, NORDECO del sistema de cooperación nacional de Noruega, etc.

Si todas estas instancias son de corte radical y fueran por ello estigmatizadas, Perú debería salir definitivamente fuera del circuito internacional de la cooperación solidaria. Por lo que hace a la amplitud de ese financiamiento, el Sr. Althaus, como suele ocurrir con personas mucho menos formadas, insinúa perversamente cifras faraónicas. Es fácil concretar esa información que personalmente desconozco. La tiene el Estado, la supervisan las instituciones competentes, la auditan los donantes. Dudo mucho que la mayor parte de los empresarios y políticos que defienden los intereses que AIDESEP combate puedan mostrar la misma apertura y disponibilidad para el control. El Sr. Althaus demuestra muy poca seriedad periodística en sus afirmaciones.

Por lo que hace a los siempre mencionados sueldos fabulosos de los asesores de AIDESEP, o mucho han cambiado las cosas últimamente o le puedo asegurar que cualquiera de ellos cambiaría a ojos cerrados su cuenta bancaria por la del señor Althaus.

Con respecto al fondo del asunto: el Sr. Althaus habla de una supuesta estratagema subversiva orientada a generar territorios étnicos autónomos.

El editorialista se quedó en el siglo pasado al respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Si observa textos como el Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros que no son del caso, verá que la tesis que él replica como inaceptable fue hace ya muchos años superada por el derecho internacional. Los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a gobernar con autonomía sus territorios, eso ya era muy claro en los textos de la década del 90, sino que tienen reconocido por Naciones Unidas su derecho de libre determinación.

Puede el editorialista consultar en los manuales qué es lo que eso significa. La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios recursos.

En estados plurinacionales como los americanos(1) , esto no es un más que un reto a la creatividad jurídica, al diálogo entre iguales, a la modernización y puesta al día de Estados fraguados por la mentalidad colonial y que necesitan entrar con una dignidad recuperada a los nuevos tiempos. El gritar que todo esto es inaceptable tiene un rancio sabor inquisitorial y pareceres como el expresado por el Sr. Althaus están destinados a ser condenados eternamente por la historia de este país, como ya lo dijera Haya de la Torre al dirigirse a aquellos que negaran a los indígenas sus derechos.

En cualquier caso sí es importante aclarar que por mucho que se recurra al pataleo y le parezca inaceptable al Sr. Althaus, la libre determinación de los pueblos indígenas es irreversible y más bien lo que resta es una progresiva concreción de ese derecho en las Constituciones de cada país americano. Por eso corre tanta prisa a determinados sectores económicos de Perú y Colombia para hacerse con los recursos y tierras indígenas antes de que ese derecho, ya establecido, se precise en su verdadero significado por sentencias de jurisdicción internacional.

El planteamiento de que con la autonomía territorial se atenta contra la soberanía nacional o se propicia el separatismo es ya muy antiguo y las organizaciones indígenas ya lo han escuchado en infinidad de ocasiones. Pero habitualmente fue esgrimido por gobiernos militares y no por un periodista civil de un diario decente.

Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales (como pudiera ser el caso de la Mosquitia) no he escuchado a ningún pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. No es ese el punto. Y por supuesto que los indígenas no aspiran, como insinúa el editorialista, a que no se cumpla la ley nacional en sus territorios. Muy por el contrario, sus luchas se orientan a que los Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión.

En diversas ocasiones, el Sr. Althaus se ha mostrado preocupado por el carácter vinculante o no de los pactos y acuerdos internacionales que defienden los derechos indígenas (y que a él tanto le sorprenden por cuanto traslucen rebeldía internacional al sistema monopólico de concentración de poder económico y político en el que tan cómodamente se maneja).

En definitiva pone en duda si deben ser de obligatorio cumplimiento, o no, compromisos que Perú ha asumido en el seno de la comunidad internacional. Es una duda que podría aducir una banda de mafiosos, no el gobierno legítimo de un país democrático. Pacta sunt servanda, los romanos ya lo sabían. Los pactos son para cumplirlos y, en el caso de la Declaración, está obligación, se precisa de manera tajante con fórmula inusual en los textos internacionales: … los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración (artículo 42º).

Así lo ha entendido la Corte Interamericana que ya recoge la Declaración como fuente de derechos de manera reiterada en sus sentencias. Por cierto: la Declaración se alcanzó después de varias décadas de debates, no en una noche de serenata, y Perú fue, curiosamente, uno de sus impulsores más fervientes durante muchos años y hasta el propio día de su firma.

Al Sr. Althaus debe preocuparle que instituciones como la Defensoría del Pueblo o los obispos amazónicos o las diversas instancias especializadas de derechos humanos y los gremios del país o la comisión multipartidaria del Congreso de la República vean con ojos solidarios y comprensivos las pretensiones de los pueblos indígenas. ¿Es una trama? ¿Son todos contra el Sr. Althaus?

El Sr. Althaus reclama que el único problema de los decretos es que violaron el derecho a la consulta. Supongamos que fuera así, lo que dista mucho de la realidad, entonces, si las normas se han generado violando un derecho del más alto rango, deben ser derogados. Y se supera el problema. Punto, tranquilidad para todos. El poder judicial y el Tribunal Constitucional colombianos ya lo han hecho, por esa misma carencia de consulta, en repetidas ocasiones y con normas tan importantes como el régimen agrario y el forestal de aquel país.

Y no son solo los famosos decretos, hay mucha legislación anterior inconsulta y perjudicial, como todas las que diseñan el nuevo régimen de titulación de tierras, las servidumbres mineras y tantos otros. Así como diversidad de actos administrativos y concesiones realmente impactantes para la vida y los bienes de los pueblos indígenas que debieran ser revisados para ajustarse a ley.

El Sr. Althaus pide un diálogo extremo y hasta las últimas consecuencias, todos lo piden. Pero, los pactos internacionales reclaman una condición al diálogo: que sea de buena fe y que se busque obtener acuerdos o el consentimiento. La Mesa de Diálogo que se instaló por Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (por supuesto de manera inconsulta) es un complot entre amigotes, no una Mesa de Diálogo orientada por la buena fe: los acuerdos ya se habían establecido antes de constituir esa Mesa con determinadas contrapartes indígenas que, por supuesto, se prestaron al consentimiento ya hace algunos lustros. No hacen falta Decretos, hace falta diálogo honesto, voluntad política democrática, comprensión intercultural, respeto a las instituciones representativas, sumisión a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y atención a las prioridades constitucionales.

A pesar de lo que quiere hacer creer el Sr. Althaus, y que ha sido repetido por políticos y demás interesados, los problemas indígenas no son problemas creados por ideólogos. Algunos, como el padre Bartolomé de Las Casas, los obispos de la selva o el actual Relator de Naciones Unidas, han generado discursos posiblemente mucho más “radicales” que el que yo haya podido aportar al movimiento indígena (y que, lejos de ser clandestino, está explícito en diversos textos accesibles en el entorno universitario).

Los problemas indígenas están originados en una historia de despojos y falta de respeto a las leyes y se mantienen hoy en base a una alianza mafiosa entre lo peor de un empresariado internacional extractivo y una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que subordinan los intereses nacionales y que cuenta con impunidad y que, además, se la aseguran a largo plazo (con algunas inesperadas fallas del sistema como la sentencia a Fujimori).

Los efectos de esta conexión delictiva son nefastos para la economía nacional, muy contrariamente a lo que se propugna; es también letal para la democracia, la transparencia y la gobernanza del país.

Pero sobre todo está siendo criminal para la supervivencia de los pueblos que formaron el Perú, hoy inmersos en un marco territorial de concesiones viciadas en donde no se les quiere otorgar otro rol que el de víctimas, al margen de los discursos y fantasías con que se trata de ocultar una realidad que, para quienes conocen la selva, se evidencia a cada momento. Una realidad que la prensa citadina oculta apretando los dientes y muchos intelectuales olvidan oprimiendo su nariz.

¿Quiere saber el Sr. Althaus lo que yo creo que enerva a los comuneros?

– El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.

– El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.

– El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

– El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.

– El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.

– El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.

– El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.

– El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.

– El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.

– El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.

– El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.

– El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.

– El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.

– El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.

Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.

Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos, promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído artesanalmente.

El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y “apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o Crecer.

Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle también.

En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa muy poco más que eso.

Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la Amazonía son de ustedes, son de todos los peruanos” hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un verdadero llamado al genocidio.

Ojalá la ciudadanía se de cuenta de ello.

En fin Sr. Althaus, no son los pueblos indígenas los que violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la más mínima consideración por su vida y su salud.

Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa, …. Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la intriga internacional que subyace a esta problemática.

Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto más serio.

El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme de ese lado.

Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder seguir colaborando.

Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú.

Notas:

(1) ¡Sí, ya veo al Sr. Althaus, retorcerse!: el derecho internacional me permite decir que los awajum o los asháninkas son una nación, y en caso de dudas lea el Artículo 9º de la Declaración.

—
* Pedro García-Hierro es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado durante los últimos 35 años con diversas organizaciones indígenas tanto peruanas como internacionales en temas referidos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el impulso de reformas democráticas interculturales.