Casi cuatro semanas en huelga, pero la indiferencia de gran parte de los medios y la cerrazón de las autoridades no anuncian soluciones sino una agudización de la lucha. Las comunidades nativas de la Amazonía demandan la derogatoria de DL –que el gobierno de García promulgó para adecuar la legislación peruana al TLC con los EEUU, gracias a una “ingenua” delegación de facultades que le diera el Congreso, y que amenaza gravemente los derechos de las comunidades nativas y campesinas– y el manejo de nuestros recursos naturales y nuestra soberanía.

En agosto de 2008, liderados por la Asociación Interétnica por el Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) junto a varios frentes regionales amazónicos, lanzaron una movilización y huelga que se suspendieron con un acta firmada con el presidente del Congreso (19 de agosto). Se derogaron dos de los DL que más amenazaban las tierras y la estructura de las comunidades, y se acordó conformar una Comisión del Congreso que evalúe otros DL pendientes de reclamo, claramente inconstitucionales. La Comisión se formó y concluyó planteando que la Comisión de Constitución dictamine la derogatoria, específicamente, de los DL 994, 995, 1020, 1060, 1063, 1064,1081, 1083 y 1089, por su inconstitucionalidad.

Resultaba evidente que dichos DL tratan temas no delegados por el Congreso, abusan de la delegación de facultades, atentan contra los derechos constitucionales y fundamentales de las comunidades nativas y campesinas –y contra el Convenio 169 de la OIT (que da derecho a los pueblos originarios a ser consultados y participar en la elaboración de medidas que los implican) y las Convenciones sobre los pueblos indígenas– y amenazan al manejo adecuado y soberano de nuestros recursos naturales a favor de grandes transnacionales.

Pero el Congreso paralizó el proceso. Lo congeló. Peor aún, impuso nuevas normas atentatorias contra las comunidades y los agricultores, como es el caso de la Ley de Recursos Hídricos (Ley del Agua) 29338, que pone en cuestión la prioridad en el uso del agua para la agricultura, abre puertas a privatizar la administración de este recurso y da mayor poder a los intereses de poderosas empresas mineras y extractivas.

Ello condujo a que, después de pacientes gestiones, Aidesep reiniciara la huelga suspendida en agosto pasado. Las comunidades retomaron su lucha en abril. Ojo: Aidesep agrupa más de 1,350 comunidades de 60 pueblos originarios, articulados en 57 organizaciones amazónicas. Están cansados de un manejo estatal que vive de espaldas a la Amazonía y al reconocimiento de sus derechos. El presidente del Congreso se ha negado a dar curso al proceso de derogatoria de los DL mencionados y a las recomendaciones de la misma Comisión que revisó el tema. Dice que los DL cuestionados son una política de Estado. Y el premier Yehude Simon ha incumplido con el compromiso de una Comisión Nacional de Diálogo –con plazos fijos– para que Aidesep y el Ejecutivo acuerden las soluciones del caso. En síntesis, una nueva expresión de la mecedora y el engaño que Simon parece haber heredado de Del Castillo.

En este cuadro, Aidesep ha dado un plazo de 10 días al Congreso y al Ejecutivo para resolver. Algunas bases habían suspendido el Paro ante las conversaciones abiertas, hoy frustradas. Pero otras, como las organizaciones indígenas de Morona, en Loreto, han desalojado de sus instalaciones a la empresa petrolera canadiense Talismán y resuelto terminar con las actividades petroleras, dada la contaminación y la ausencia de beneficios para los pueblos. Las poblaciones indígenas de la Amazonía norte, en la frontera con Ecuador, anuncian radicalizar su lucha. Y varias estaciones de bombeo del oleoducto están con fuerte presencia de los pueblos nativos, cansados de la mecedora.

La experiencia ha demostrado a las comunidades nativas que los gobiernos y el Estado no respetan su derecho a ser previamente consultados ante cualquier ley, reglamento o norma que los afecte. Demandan se cumpla la consulta, conforme al Convenio 169 de OIT, y que sea vinculante. Por ello, exigen la derogatoria de los DL inconsultos y contrarios a los intereses del país. Igualmente plantean revisar los TLC que nos afectan.

Se proponen recuperar los derechos de las comunidades nativas y campesinas que la Constitución fujimorista recortó y amputó, con el concurso de otras leyes. Saben que requieren de una nueva Constitución que reconozca el carácter multinacional del Estado, respete la diversidad, afirme la descentralización. Buscan recuperar, para el Estado, la propiedad, el control y la regulación de nuestros recursos naturales, dentro de un régimen político de efectiva democracia participativa y social, con real control de la gente sobre las autoridades. En síntesis, se plantea refundar el Perú como una patria para todos, al servicio de todos, y desconocer un gobierno que actúa a sus espaldas y en su contra.

Los amazónicos son, hoy, una fuerza fundamental por el cambio, una fuerza que reivindica nuestra soberanía y nuestros derechos. Su lucha es nuestra, es por el Perú.