WASHINGTON [EL COMERCIO / AGENCIAS]. Condoleezza Rice, ex consejera de Seguridad Nacional y ex secretaria de Estado en el gobierno de George W. Bush, autorizó en el 2002 prácticas de tortura contra presuntos terroristas presos, informaron ayer varios medios estadounidenses que citaron documentos del Congreso.

De acuerdo con una cronología elaborada por una comisión del Legislativo estadounidense, cuya publicación fue autorizada por el actual secretario de Justicia, Eric Holder, Rice se reunió en julio del 2002 con el entonces jefe de Agencia Central de Inteligencia (CIA) George Tenet.

Durante la reunión, la secretaria de Estado dio luz verde para prácticas rudas en los interrogatorios del presunto terrorista Abu Subaida, entre ellos el método del “waterboarding”, o ahogamiento simulado, conocido también como “submarino” y considerado tortura.

Según las informaciones, Subaida, el primer alto miembro de Al Qaeda capturado en Pakistán en marzo del 2002, fue interrogado unas 80 veces en una cárcel secreta de la CIA mediante el uso del “submarino”.

Las mismas técnicas también fueron utilizadas en los interrogatorios de Abd al Rahim al Nashiri, el primer acusado en EE.UU. por el atentado al buque USS Cole en Yemen, donde murieron 17 estadounidenses.

MUCHOS LO SABÍAN
El documento del Congreso indica que el abuso de detenidos bajo custodia estadounidense “no puede ser atribuido a acciones de unas pocas manzanas podridas a iniciativa propia”.

La cronología también prueba que cinco miembros del anterior Ejecutivo estadounidense, entre ellos Rice, fueron informados en mayo del 2002 por primera vez respecto de esos “métodos de interrogatorio alternativos”.

Un año después, también el ex vicepresidente de EE.UU., Dick Cheney, así como el antiguo secretario de Justicia John Ashcroft y varios de sus asesores recibieron informaciones respecto del “submarino”. Ellos corroboraron que “el programa de la CIA es legal y que refleja la política del gobierno”, según las informaciones.

La propia Rice declaró en el 2005 que su gobierno no empleaba ni apoyaba prácticas de tortura, después de que se filtrara una definición interna de la palabra “tortura” que limitaba bastante el alcance del término.

Según el diario “The Washington Post”, una docena de funcionarios de la administración de George W. Bush sabían detalles de prácticas de tortura. De manera sorprendente —continúa el diario— solo Colin Powell, secretario de Estado durante el primer mandato de Bush, y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld no fueron tomados en cuenta para la decisión al respecto.

DEL CONSULTOR
Como un país tercermundista
Probablemente nadie se hubiera podido imaginar, hace 10 o 15 años, que Estados Unidos llegaría a parecerse tanto a un país del Tercer Mundo; por lo menos en lo que se refiere al respeto o, más exactamente, al no respeto, del Estado de derecho en el diseño y ejecución de las políticas de seguridad y de lucha contra el terrorismo.

Tal vez la única diferencia sea la búsqueda, antes de actuar, de una hoja de parra jurídica para tratar de tapar el carácter ilegal de las prácticas vejatorias y de tortura contra los prisioneros en los diferentes centros de detención.

Precisamente el presidente Barack Obama ha deslizado la posibilidad de que los abogados que dieron a los funcionarios de la CIA opiniones legales a favor de tales prácticas, sean llevados ante la justicia.

Incluso, se ha hablado en Estados Unidos de la posibilidad de instaurar una comisión de la verdad, como se ha hecho en el Perú y en otros países latinoamericanos.

Algunos han señalado también que podría aplicarse a altos miembros de la administración Bush que diseñaron las políticas represivas, la teoría de la autoría mediata que sirvió para condenar a Alberto Fujimori. Es, sin duda, una pésima noticia que la superpotencia del norte haya jugado tan alegremente con su papel de referente en materia de respeto del Estado de derecho.

FRANCISCO BELAUNDE MATOSSIAN. INTERNACIONALISTA