“El Perú avanza”, es el slogan que el gobierno central utiliza en las obras y proyecto que ejecuta, mientras la selva amazónica, los pobladores originarios y las comunidades indígenas viven postergados en medio de la pobreza y amenazas de desalojo de sus territorios tradicionales, debido al modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva y contaminante de los recursos naturales. Esta política viene avasallando derechos adquiridos milenariamente, ya que las concesiones son aprobadas sin previa consulta de los pueblos indígenas, infringiendo con ello el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado peruano.

El Perú es el país de Latinoamérica que ha dado en concesión la mayor parte de su Amazonía para proyectos petroleros y gasíferos. El 72% de la selva peruana, es decir, 49 millones de hectárares, está cubierta por lotes hidrocarburíferos. Son 67 lotes de hidrocarburos que se superponen en la selva peruana, de los cuales 47 lotes están ubicados en Loreto.

A pesar de las nuevas tecnologías para evitar los impactos de esta actividad no se han podido evitar los derrames (rotura de tubos) y desperfectos del oleoducto. Aurelian Stoll, asesor de Monitoreo Comunitario de FECONACO nos señala que desde noviembre de 2006 a marzo del 2009, se han producido 48 derrames entre los lotes 8 y 1-AB de Pluspetrol, de esta cifra, 22 derrames son de mayor importancia, afectando los ríos Tigre y Corrientes y sus afluentes, generando impactos negativos en la salud de la población que se encuentran entre los dos lotes.

La población indígena en esta zona son aproximadamente siete mil pobladores agrupados en 34 comunidades nativas indígenas entre ellos los Quichua, Urarina y en su mayoría del grupo étnico Achuar, sin considerar la población mestiza y ribereña. Estas poblaciones se encuentran en permanente vulneración del derecho a la salud, según un informe elaborado por el Ministerio de Salud el 2006, el 98% de menores sobrepasan los límites de cadmio en la sangre, mientras que el 21% de adultos y el 66% de menores superan los límites permisibles de plomo.

Esta ola extractivista no solo tiene impacto en la salud como los resultados ya señalados, además del efecto ambiental por la sobreexplotación de los recursos naturales, degradación de ecosistemas y extinción de especies, sino también un fuerte impacto social. “Trae una distorsión social y cambio de nuestro modo de vida, nos dividen, nos individualizan, es decir nos desintegran, esto va contra nuestra tradición indígena”, afirma Wagner Musolini oriundo del pueblo Awajún-Wampís, Coordinador Regional de las Comunidades Nativas. Lo que más les preocupa a los pobladores de esta zona de influencia petrolera, es conservar sus costumbres, dialecto, formas de organización y características étnicas.

Estas preocupaciones se ven reflejadas en la observación hecha en febrero pasado al Estado peruano por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT acerca de la implementación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas, donde se solicita al gobierno adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación y consulta de los pueblos indígenas de manera coordinada y sistemática; la identificación de situaciones urgentes relacionadas con la explotación de recursos naturales que pongan en riesgo las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados y la aplicación rápida de las medidas especiales que se precisen para salvaguardarlos.

Esta observación se basa en los informes enviados por entidades de la sociedad civil, como la CGTP (informe que fue elaborado con las organizaciones indígenas y ONGs), así como por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones, durante los años 2007 y 2008.

Para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos es preocupante que la observación de la OIT haga referencia a varios temas que, desde el año 1998, los sucesivos gobiernos peruanos no han atendido. El Perú sigue siendo unos de los países de la región que tiene la legislación menos desarrollada en el tema indígena, y las instituciones estatales más débiles y menos implementadas.

El crecimiento económico no llega a estas poblaciones:

El 46% de la población infantil tiene desnutrición. Existen solo dos centros de salud, uno en la comunidad de Nueva Jerusalén y en Villa Trompeteros, las enfermedades más frecuentes son las infecciones respiratorias agudas, el síndrome febril (elevación de la temperatura corporal de forma anormal, que se acompaña de escalofríos), las enfermedades diarreicas agudas y la malaria, así lo sostiene la evaluación Técnica y Social de las Comunidades Nativas del río Corrientes elaborado por Pluspetrol Company (2006).

Como integrante del pueblo Awajún entiendo al pueblo Achuar porque somos jibaros señala Wagner Musolini. “A menos de un kilometro de la empresa petrolera viven familias Quichua y Achuar que no tienen que comer, en esta zona del país la presencia de la actividad petrolera tiene más de 35 años, en un inicio por parte de las empresas Occidental Petroleum y la estatal Petroperú, y luego de Pluspetrol, que compró los derechos a las concesiones de los lotes 8 y 1AB en 1986″. De qué manera se han beneficiado los hermanos Achuar tras 35 años de explotación se pregunta Musolini, por esta razón es que mi pueblo Awajún decidió que no entre ninguna empresa petrolera a nuestro territorio”, indica.

“Mis hermanos (Awajún) no saben que es Estado porque no tenemos ningún tipo de apoyo, nisiquiera una gota de kerosene, en mi comunidad no saben quién es Alan García y que rol cumple, a nosotros nos han dicho que la crisis financiera nos va afectar, a nosotros no nos afecta en nada, en nuestro hábitat esta nuestros alimentos, ahí está nuestra yuca, nuestro plátano y pescado”, sostiene.

“Lo que nos indigna a nosotros como indígenas es que estamos aislados, no porque queremos sino porque el propio Estado y sus gobernantes nos han aislado durante años. En mi comunidad hay postas que solo tienen letreros, pero no hay médicos ni medicinas, por eso cuando viene una enfermedad no indígena fácilmente nos mata”, finaliza.

Los pueblos indígenas se han declarado en movilización permanente por la defensa y protección de sus territorios desde el 09 de abril del presente. El detonante de esta protesta es el incumplimiento en la derogatoria de los decretos legislativos Nº 1020, 1064, 1080, 1081, 1089 y 1090 a la que se comprometió el Parlamento a través de la comisión multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso.

Esta movilización ha convocado a 1,350 comunidades de la Amazonía de pueblos originarios de Bagua (Amazonas), Yurimaguas, Iquitos (Loreto), Puerto Maldonado (Amazonas), Satipo (Junín) y Pucallpa (Ucayali).

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), demanda la reforma constitucional para reintegrar los conceptos inalienables, inembargables e imprescriptibles de sus tierras. Asimismo, piden el reconocimiento y titulación inmediata de las comunidades nativas, reconocimiento de la propiedad colectiva de sus territorios; titulación de las comunidades nativas cuyas tierras se encuentran dentro de las Áreas Naturales Protegidas; ampliación del ámbito del Parque Nacional Muja sobre territorios ancestrales Awajún, excluidos para favorecer a empresas mineras e hidrocarburíferas en el Cenepa.

Además, solicitan al gobierno la derogación de las normas que autorizan los TLCs con los Estados Unidos, Unión Europea y Chile, en la medida en que atentan contra los derechos territoriales indígenas, la propiedad intelectual de los conocimientos colectivos y pone en peligro la biodiversidad amazónica.

Los reclamos no son simples, porque detrás de la explotación petrolera, los nativos siguen más pobres y hoy se ven amenazados por el posible despojo de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A pesar que el Convenio 169 de la OIT señala que los derechos de esos pueblos comprenden el derecho a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.