El año pasado, Nicolas Sarkozy hizo a un hombre particular un encargo delicado. Corría el mes de diciembre y el presidente de la República francesa, tras nombrar Comisario de la Diversidad a Yazid Sabeg, un abogado de origen argelino convertido en empresario exitoso, le ordenó que se hiciera con “las herramientas estadísticas” necesarias para “radiografiar” la sociedad. Y añadió: “La igualdad de oportunidades teórica debe convertirse en algo real”. La polémica estaba servida. Lo que Sarkozy estaba proponiendo a Sabeg era, a juicio de algunos, que saltase por encima de los principios de la República y rompiese uno de los tabúes franceses: el de impedir hacer estadísticas y encuestas en las que los datos relevantes sean el color de la piel, el origen u otro signo de posible discriminación racial.

El abogado de origen argelino, defensor a ultranza de las políticas de discriminación positiva y partidario, por tanto, de que el Estado regule la inclusión de un número determinado de personas pertenecientes a minorías étnicas en empresas públicas, en la universidad o en la política, entre otras instituciones, aceptó encantado y se puso manos a la obra.

Prometió que en marzo entregaría a Sarkozy un informe con el que podría llevar a la Asamblea un proyecto de ley para hacer las controvertidas encuestas, denominadas en Francia “estadísticas étnicas”. Los partidarios de estas encuestas, permitidas en Estados Unidos y en Reino Unido, aseguran que su confección permite “ver” a los inmigrantes, “descubrirles” en la sociedad, en una palabra, enterarse de si existe discriminación o no, un paso previo e indispensable para poder luchar contra ella.

Sabeg, en una entrevista reciente concedida a Le Monde, las defendía así: “Estas estadísticas y encuestas permitirán medir la amplitud de la discriminación y de la eficacia de las políticas de integración”.

No faltaron voces que criticaron la medida. Incluso en el mismo Gobierno o en el partido de Sarkozy. Apelaron, ni más ni menos, que a los sagrados principios de igualdad de la República Francesa. Fadela Amara, secretaria de Estado de Política de la Ciudad, esto es, la delegada del Gobierno para coordinar las políticas en los barrios pobres, saltó como un resorte al enterarse de las intenciones de Sarkozy: “Las estadísticas étnicas, la discriminación positiva, las cuotas, todo eso es una caricatura. Nuestra República no debe convertirse en un mosaico de comunidades. Nadie debe portar ya ninguna estrella amarilla”, dijo en Le Parisien, en alusión a la marca que los nazis obligaron a llevar a los ciudadanos judíos durante la II Guerra Mundial, incluida Francia. Amara, feminista comprometida con los habitantes de las periferias de las grandes ciudades, y defensora sobre todo de los derechos de las chicas de origen árabe y africano, añadió: “El hecho de ser negro no es un diploma. Ser árabe no es un valor en sí. Todo lo que tienda a favorecer a sectores de población según criterios étnicos desintegra el proyecto republicano”.

Coincidía con portavoces de otras organizaciones poco sospechosas de no defender a los inmigrantes, como SOS Racismo, que también se declaró desde el primer momento en contra de la medida por considerarla, precisamente, discriminatoria.

Otro miembro del Gobierno, el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi, manifestaba: “La idea original es buena, pero la ficha étnica trae malos recuerdos. Si viviéramos en un país ideal, estaría muy bien, pero en Francia, esto es un riesgo”.

En vista de la polémica, Sabeg dio el lunes un paso atrás. Las “estadísticas étnicas” no se aplicarán, por lo menos, hasta junio. El Comisario para la Diversidad ha creado un comité compuesto por una decena de expertos (sociólogos, demógrafos, periodistas, especialistas en recursos humanos…) a fin de reunirse periódicamente para elaborar un informe “independiente” sobre la materia. El presidente de este comité es el director del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, François Héran. “Ahora mismo se hacen estadísticas en las que se pregunta el origen de los padres. Pero sólo cada 10 años. Y eso no sirve. Nuestra misión es elaborar métodos estadísticos, herramientas demográficas encaminadas a desatascar la cuestión. Las preguntas versarán, por ejemplo, sobre si uno se siente discriminado por el color de piel, o si se considera dentro de un grupo étnico. Siempre será de modo anónimo y siempre con el consentimiento expreso del encuestado”, explica Héran. A partir de junio, corresponderá al Gobierno decidir qué hace con el informe de los expertos.

Mientras tanto, el debate se ha trasladado a los periódicos y a la calle. Michel Varoquier, un mecánico de 20 años que trabaja en París, afirmaba ayer: “Yo no entiendo mucho de estadísticas, pero está claro que aquí estamos discriminados. No hay más que vernos. Aquí, ahora mismo, no podría haber un presidente negro como Obama”.

Sin embargo, el presidente del Consejo Representativo de Asociaciones Negras de Francia, Patrick Lozès, defendió el proyecto en una tribuna: “¿Hay que entender que, cuando se es negro o magrebí, para obtener un trabajo en este país es necesario esconderse?”.

Un tabú roto en otros países

– Estados Unidos. El censo étnico está permitido en Estados Unidos, y el Instituto Demográfico nacional contabiliza la presencia de las distintas razas en la población total. Las últimas estimaciones cifraban en 37 millones los ciudadanos negros (12,4%), 13 millones los asiáticos (4,3%) y 44 millones los hispanos (14,7%).

– Reino Unido. El Instituto Estadístico Nacional británico también contabiliza la población sobre base étnica. En el último censo general, de 2001, los blancos representaban el 92% de los habitantes, los asiáticos más del 4% y los negros un 1%. El censo británico también recopila datos acerca de la actitud religiosa de los ciudadanos, que en todo caso tienen derecho a no contestar a las preguntas en esta materia.

– Italia. El Gobierno de Silvio Berlusconi impulsó el año pasado un censo de la población gitana residente en el país transalpino. La medida provocó una dura polémica, al ser considerada por algunos discriminatoria. Tras algunos ajustes procedimentales, el censo recibió el visto bueno de la UE.

Fuente: http://www.elpais.com