El anuncio de Lourdes Flores Nano de aceptar la posibilidad de su candidatura a la Alcaldía de Lima -como una reacción de la decencia que sigue presente en nuestra sociedad frente a la corrupción que nos impone al señor Kouri, a pesar de los “vladivideos”-, me ha devuelto el ánimo perdido.

En estos días hay una suma de escándalos que encabeza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que jaló al fiscal Avelino Guillén, brillante acusador de Fujimori, con un examen desaparecido sobre un caso que el magistrado había ganado en la vida real (Kouri-Montesinos); también se agravió a otro fiscal al pedirle una coima.

Además, se mostró otro lado de la corrupta decisión presidencial de indultar a Crousillat -cuando este ha usado su libertad para pretender recuperar el canal cuya línea editorial vendió a Montesinos-, quien recibió el apoyo del presidente aprista de la Corte Superior de Lima cambiándole el juez de la causa.

Los efectos de estos y otros escándalos se pueden medir en ese crimen espantoso donde la joven que asesinó a su madre, después de declarar que la amó mucho, dijo que el amor era bueno, pero el dinero era mejor.

Pocas cosas son tan contundentes para la moral pública como estas palabras, que muestran la invertida escala de valores que estamos dejando a los más jóvenes desde la acción pública y la política. Porque esta realidad de crisis intelectual y moral se está manifestando en candidaturas que pretenden catapultar como modelos de ciudadanía a personajes vinculados a la mayor corrupción de nuestra historia republicana, como si fueran angelitos que apenas admiten algunos errores (si los admiten), y aspiran a los más altos cargos de la elección popular.

Estas candidaturas tienen que recordarnos al oprobioso ochenio del general Odría y al equívoco refrán: “Roba, pero hace obra”, que tanto daño sigue causando en la conciencia ciudadana. Nos obligan a revisar nuestra cultura política y a hacer docencia de ciudadanía con base en la decencia y la honorabilidad.

Lourdes Flores ha sacado la cara en nombre de la decencia y esa decisión debe ser apoyada más allá de su legítima postura partidaria, como respeto a una escala de valores que no debe ser destruida por los pragmatismos que se impusieron desde el fujimorato y que hoy prostituyen la vida política y afectan mucho a nuestra sociedad. Se requiere un amplio debate sobre lo que nuestras ciudades deben esperar de las elecciones municipales y sobre lo que la sociedad peruana tiene que afirmar en las elecciones del 2011. Hay que exigir valores y línea de conducta a los aspirantes a cargos públicos de todo nivel y Lourdes se ha puesto a la cabeza con coraje que merece nuestro respaldo Sigue leyendo →

El gobierno aprista pretende forzar la aprobación de su iniciativa de reforma constitucional para que se renueve el Congreso a la mitad del período presidencial chantajeando a los congresistas con la amenaza de disolver el Congreso. Para eso pretende hacer cuestión de confianza dos veces sobre una iniciativa de reforma constitucional.

Yo estoy de acuerdo con la iniciativa. La propuse en mi último libro aunque, ciertamente, recomendé una que es mejor: que el mandato de los congresistas sea la mitad del presidencial, fórmula que obtuvo mayoría absoluta en la encuesta nacional de la PUCP. Pero en política democrática los medios son tan importantes como los fines y la prepotencia nunca es el camino más adecuado. Más aun, aunque me digan minimalista, la democracia es el arte y la ciencia de los límites.

Alan García no ha aprendido nada de lo que en su primer gobierno nos llevó al fracaso. Cree que su postura liberal de hoy resuelve el problema. Quizá lo haya congraciado con los poderosos pero no lo ha hecho mejor político. Está a punto de destrozar el régimen democrático y no se da cuenta. Se propone hacer lo más parecido a la disolución del Congreso que hizo Fujimori, el autócrata.

Un gobierno puede hacer cuestión de confianza si el Parlamento no lo deja gobernar, si interfiere en su política económica, si le derriba ministros como el Apra hizo en el primer gobierno de Belaunde. No puede reformar la Constitución por esa vía. La Carta Magna no se reforma por medio del chantaje. La cuestión de confianza no sirve para reformar constituciones ni siquiera en regímenes parlamentarios.

Cuando se puso en la Constitución que una reforma constitucional requiere una votación calificada el objetivo era que la Carta Magna no se cambie por voluntad del partido de gobierno sino de varios partidos. Se requiere concertación, esa que despreciaron los apristas de García, dejando aislado al aprista Jorge del Castillo el 2002 aun después de haber perdido ante el Tribunal Constitucional. Pregúntenle a Carrasco Távara o al actual presidente del Congreso. Sí, rompieron lo pactado una vez más, quebraron el consenso logrado —firmado y publicado— una vez más y aceptamos los hechos sin pretender maniobra alguna porque con la Constitución no se juega. Por lo menos los demócratas no jugamos.

Cambiar una norma constitucional bajo chantaje es deslegitimar aun más las reglas del juego. La institucionalidad que este gobierno ya ha afectado por todos lados. Debo criticar con dureza a los nacionalistas la posición conservadora que han adoptado frente a esta Constitución llena de limitaciones. Como siempre —y los apristas se lo enseñaron— la mejor manera de ser conservador es haciendo un absoluto de cualquier cosa. En nombre de volver a la carta del 79 han convertido en intocable la actual Constitución… cuando ya mucho de la del 79 es obsoleto. Hay miedo al cambio y tuvieron miedo por su impericia parlamentaria.

Si el Partido Aprista volviera a sus tiempos aurorales entendería que los partidos políticos tienen que actuar en la sociedad más que en el Estado y propondría movilizaciones, iniciativas para que los ciudadanos actuáramos desde la sociedad y presionáramos a los congresistas, como lo hicimos lavando la bandera ante la corrupción fujimorista. El Apra solo puede tomar iniciativas desde el poder pero tiene el peligro de vaciar ese poder de toda legitimidad, no está lejos de hacerlo. Sigue leyendo →

En el balance de este fin de año no hay duda de que los corruptos pueden celebrar, en particular los fujimoristas. Este gobierno los reivindica a pesar de la imposibilidad de impedir el juicio a su jefe máximo.
Crousillat está libre por obra de Alan García. Obviamente salió de la clínica pues no era cierta su grave enfermedad y no ha pagado ni pagará su deuda al fisco, que tuvo que extraditarlo, pues fugó a la Argentina. Compitiendo con una resolución aún más corrupta, el Tribunal Constitucional sacó del juicio al general Chacón, excluyendo a un corrupto de la sentencia no se protege el debido proceso que, indudablemente, requiere defender los plazos y el tiempo, pero no de esta manera. Y para colmo de males el ministro de Justicia les quitó el presupuesto a los procuradores anticorrupción. El gobierno aprista no quiere que se siga enjuiciando a los más grandes corruptos de nuestra historia. ¿No sería mejor que el Ministerio Público, titular de la acción penal, tuviera ese presupuesto para alimentar la iniciativa de sus fiscales? No se lo dan y el cajero es el MEF.
Alas Peruanas se ha convertido en sinónimo de tráfico de influencias. A los dos magistrados supremos que no se avergüenzan de haber viajado a Francia con todos los gastos pagados, sin ser literatos ni especialistas en Vallejo, se suman congresistas de la cúpula que nos gobierna y no les pasa nada… solo el presidente del Poder Judicial terminó con un antejuicio promovido por otro congresista aprista que no por casualidad fue primer ministro de Fujimori.
El Congreso, sin embargo, sigue a la cabeza en las encuestas… su presidente quedó muy mal y el encubrimiento de sus errores fue aún peor. A los escándalos sin fin se suma su incapacidad de tomar distancia y fiscalizar o hacer control político.
¿Pueden nuestros gobernantes mirar cara a cara a los jóvenes? No, salvo que su mensaje sea “todo vale, compañero”.
Al terminar el año 2009 poco se ha avanzado en la denuncia del escándalo de los “petroaudios”. La maraña abogadil tiene el sello del Partido Aprista, que tantas veces apostó por controlar a jueces y fiscales. Es imposible no asociarla al gobierno aplicando un adecuado “control de daños”. Y lo poco que se avanza en el Caso Bagua es grave porque insiste en desconocer que legislar a espaldas del pueblo, evadiendo el debate público, no es propio de un gobierno representativo. Como no lo es reprimir sin racionalidad ni planeamiento operativo.
Solo faltaba “un rey que rabió”, como en la opereta, asociando lo más retrógrado a un gobierno corrupto. Primero intentó contratar al abogado de Fujimori para que defienda a los militares acusados de violar derechos humanos. Luego enfrenta a Mario Vargas Llosa y a Javier Pérez de Cuéllar que, afirmando principios y valores democráticos, tratan de mirar lejos y combatir la violencia con valores y con la verdad, esa que defendió Salomón Lerner para sufrir todos los agravios de los “mortícolas”, esos que solo creen vencer cuando matan al otro.
Los más grandes corruptos de nuestra historia se sienten vencedores y sus abogados hoy amedrentan a los jueces. Pero el Perú no tiene salida en la corrupción, y eso lo saben los jóvenes. Apostemos por ellos. Sigue leyendo →

Todo autócrata se siente por encima de la ley. No me extraña, pues, que los que —cambiando su camiseta fujimorista— hoy dirigen medios de comunicación, al amparo de la libertad de prensa que restablecimos, terminen mostrando su verdadera identidad. Para ellos, quien administra no tiene obligación de cumplir la ley, puede interpretarla o maniobrar contra ella.

Eso es lo que hicieron los fujimoristas contra los pensionistas desde 1990: comenzaron con un psicosocial en la televisión preparatorio del autogolpe y trataron de estigmatizar a los pensionistas ex parlamentarios a pesar de que habían otros mucho más gordos.

Al instalarse el Congreso Constituyente Democrático (CCD) desdoblaron el sueldo en dos partes de S/.5.000 y a una de ellas llamaron “función congresal activa” para que no les tocara a los pensionistas. Pero la legislación, tantas veces perfeccionada por los propios interesados, disponía que el pensionista recibiera en la práctica todo lo que se le pague al activo bajo cualquier concepto. Así lo fueron reconociendo sentencias de jueces que al dictarlas se autoprotegían, pues estaban en la misma ley.

El fujimorato se enredó en sus propias redes porque en el Legislativo y en el Ejecutivo tenía muchos beneficiarios de este sistema y confirmó algo más: toda autocracia termina en corrupción. Por eso, en la transición democrática, los tres miembros de la Mesa Directiva que simbolizó Valentín Paniagua y presidió efectivamente Carlos Ferrero, restablecimos el derecho de los pensionistas aplicando una sentencia del Tribunal Constitucional conseguida por un grupo de ex parlamentarios encabezados por el aprista Jofré Fernández, padre de la ex ministra de Justicia del actual gobierno.

Hasta la Defensoría del Pueblo intercedió oficialmente reclamando del Congreso esta decisión. Son tan torpes los autócratas que creen que la ley puede valer solo para los que reclamaron y no recuerdan que hay principios, a igual razón igual derecho.

Hoy estos sobrevivientes del fujimorato sacan los nombres de Mantilla o León Alegría, apristas que por su inconducta tienen el rechazo ciudadano. Es el mismo psicosocial de Montesinos porque solo el juez puede retirar los derechos pensionarios.

Esa directiva que me honré en integrar con Ferrero y Masías no podía cambiar la ley.

Éramos minoría en un Congreso de tránsfugas y fujimoristas semiarrepentidos, divididos por lo que en ese momento “recién” conocían de la mayor corrupción de nuestra historia republicana. La ley se cumple aunque se discrepe de ella y se cambia cuando se puede. Lo hicimos en el gobierno de Toledo con valentía, eliminando la Ley 20530 y poniendo un tope máximo de dos UIT a las pensiones.

Ninguno de los tres nos beneficiamos de este acuerdo. Han mentido y nos han difamado.

No somos pensionistas del Estado. En pocos días iniciaré esa nueva aventura que es la tercera edad y no puedo vivir de la pensión acumulada, pues no alcanza ni para mis caras medicinas de diabético y ex canceroso. Mi eficiente AFP acaba de redimir mi bono de reconocimiento que es solo de S/.140.000 de hoy por más de 30 años de aportaciones dobles.

Eso se lo debo a los gobiernos de García y Fujimori, como muchos peruanos de mi edad. Gracias a Dios tengo fuerzas para seguir trabajando y me propongo hacerlo hasta los 75, por lo menos. Pero debo agradecer a estos dos directores autócratas porque me han vuelto a despertar las ganas de combatir a los fascistas y corruptos.

Pero, ¿qué significa que una mesa aprista cambie este acuerdo que benefició a apristas por razones de principio y que se tomó sin criterio proselitista? Es una vieja corruptela que tiene precedentes. Relataré uno.

Cuando presidía el Congreso, arreció una campaña contra los sueldos de los parlamentarios que no habían aumentado y propuse una ley que dejaba en el Poder Ejecutivo la fijación de todo sueldo y recortaba gratificaciones adicionales que en el Congreso venían de mucho tiempo atrás.

Lo concerté con dos parlamentarios ejemplares: Luis Heysen y Xavier Barrón, que encabezaban la Célula Parlamentaria Aprista y la bancada de Unidad Nacional. Pero el día del debate salió Alan García en RPP y nos llamó “sanguijuelas”.

Su bancada quebró el acuerdo. Lucho Heysen llegó a decir que él recordaba que Haya de la Torre siempre recomendó “cumplir la palabra empeñada” y así lo hizo este aprista entrañable que prefirió los principios a la treta que acorrala al adversario y va contra la verdad.

Gané a pesar de la oposición de varios de mi bancada que me dijeron, levantando el dedo acusador, que no me permitirían que redujera sus ingresos. Toledo firmó la ley porque fue coherente con lo que queríamos para el Perú y García la ha aplicado como si fuera suya, a pesar de su intento de torpedearla.

¿Qué puedo pensar de esta decisión de Alva Castro? ¿Es un estilo aprista para tapar otras corruptelas? Sigue leyendo →

El primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, es un parlamentario experimentado y un operador político del Partido Aprista por encima de cualquier denominación. Es respetable por eso y tiene mi aprecio siempre, más allá de las obvias discrepancias políticas. Ser demócrata es apreciar al adversario y criticar a otro es una manera de reconocerlo y convertirlo en interlocutor.

Por eso avalo su afirmación que reitera una verdad que a cada rato olvidan políticos y periodistas: “No caben experimentos de gabinetes autónomos al presidente, que tengan juego propio o distinto de sus decisiones”. En la constitucionalidad peruana hay algo de doble juego que no logra esconder la realidad: los ministros son los brazos, las manos y hasta los dedos del presidente. Influyen en él, pero no pueden ir contra él. Es lo propio de los regímenes presidencialistas tener secretarios o grandes cabezas de departamentos ejecutivos, no ministros. Pero aquí nos gusta jugar con las formas hasta vaciarlas de contenido. Por eso alguna vez, tras ver a muchos desesperarse por esa función —que dos veces no acepté ocupar—, sostuve que en nuestro régimen los ministros solo ejercen como tales cuando le dicen no al presidente. Claro que al instante tienen que renunciar.

Lo que ocurre es que las formas de este régimen ayudan al todopoderoso presidente a capear el temporal o lavarse la cara, tras los inevitables chubascos del exceso de poder. Yehude Simon cumplió ese papel ante el escándalo de los “petroaudios” que derribó al aprista más representativo después del presidente. No hubo posibilidad alguna de que Simon imprimiera su sello propio al Gobierno porque es el gobierno del presidente García y su personalidad atraviesa todo el Estado. Claro que hay márgenes para los estilos personales, pero eso va más allá del análisis político.

Por este sello del Gabinete Velásquez tiene mucha importancia su primer tema de una exposición que abarca todos los temas y no puede obviamente ser concreta porque sigue la inadecuada disposición constitucional que reclama al primer ministro exponer sobre la política general del Gobierno, otra vez, en lugar de precisar su plan específico de trabajo.

Como política de Estado, el primer ministro reclama orden e inclusión. Sustenta el orden en la democracia y eso está bien, y se atreve a formular una pequeña autocrítica sobre lo ocurrido en Bagua. La tomo positivamente, pero debemos ir a la raíz: antes del derecho de los peruanos indígenas para que se les consulte una decisión que los afecta está el derecho de todos los ciudadanos —incluidos esos indígenas— a que las leyes se debatan públicamente antes de ser tales. No se puede delegar facultades legislativas para que el Ejecutivo, por decreto, cambie nuestras vidas. Será constitucional, pero va contra algo esencial de todo gobierno representativo y puedo señalarles los más diversos textos. Ese fue el craso error que terminó en Bagua y los operadores políticos tienen que aprender a respetar a los ciudadanos, porque es la única manera de respetarse a sí mismos. Desde 1980 se ha abusado de la delegación de facultades y el único gobierno que no la tuvo, el de Alejandro Toledo, fue beneficiado por ese gesto que en su momento apareció como una mezquindad del Partido Aprista y de Unidad Nacional.

Está muy bien que el primer ministro se comprometa a cumplir los acuerdos anteriores de las mesas de diálogo y a efectuar las reparaciones a las familias de los caídos. Pero se requiere algo más, los gobiernos no pueden enervar a la ciudadanía y luego repetir cínicamente que no hubo buena comunicación. Y falta algo más que siempre se habla por lo bajo: el Ministerio del Interior es el más político de los ministerios, no es un simple ministerio de policía, justamente por la importancia de esta. Política no es solo la actuación del partido de gobierno y es lo más lejano del sectarismo. Es emplear todos los recursos y las personas adecuadas para armar el diálogo y las contraofertas. Gobernar una democracia no es mandar, sino convencer y construir mil fórmulas en el camino.

Para hablar de inclusión necesitaría mucho más espacio. Solo dos recomendaciones: que el presidente se cuide al hablar para que sus palabras no sean simbólicamente la prueba de la exclusión. Y algo inevitable, que el Gobierno entienda que ser aprista no convierte a nadie en dueño del Estado —y a los demás en excluidos— porque parece haber llegado la hora de coparlo todo y hasta en la contraloría hay miedos que se generalizan ante la angurria de los que, siguiendo el consejo de Mantilla, esperaron a la segunda parte del Gobierno. Recuerden lo que ya vivieron y no lo vuelvan a hacer, porque los platos rotos los pagamos todos, ustedes también. Sigue leyendo →

Me alegra mucho que el presidente García, en reacción rápida y democrática, aclare que el referéndum lo propondrá una iniciativa popular, es decir, recogiendo un millón y medio de firmas y no él como sostuvo en su mensaje a la nación. Faltaba esa precisión, justamente porque estaba hablando como presidente, no como un ciudadano más. No me equivoqué, pues.

En el otro tema creo que le faltó tiempo para leer porque me reclama lo que está escrito, en blanco y negro. Escribí tras sostener que hay que cerrar los actuales ministerios: “Otra cosa es que exista una autoridad nacional de educación o salud que regule y supervise la calidad y acredite o no a quien la ejerce con autonomía”. Por tanto no se puede decir que propongo 25 calidades y contenidos.

Hice esta propuesta en el primer debate de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el Congreso y no tuvo acogida porque a muchos les parece que si se desaparece un ministerio desaparece la función y su prioridad. El presidente comparte esta visión al decir que debieran existir “en última instancia”. Justamente esa idea algo anacrónica de última instancia administrativa es la que no cabe en un Estado descentralizado. Con esta lógica las administraciones soplan la pluma siempre hacia arriba.

Se requiere una agencia nacional con equipos del más alto nivel profesional, académico y político que acredite y vele por la calidad de la educación, por ejemplo. Su poder no está en administrar sino en la capacidad de dar o quitar valor oficial al maestro y a la escuela. No debe ser una instancia administrativa que agregue pasos, procedimientos ni papeles. Norma aplicando la ley y evalúa.

Cada vez que hemos tenido un avance descentralista, le sigue un tiempo de marchas atrás, que las burocracias del Gobierno Central se encargan de agrandar. Pero, además, como las imágenes cuentan para la mayoría de los peruanos, un Ministerio de Salud significa administrar hospitales y uno de Educación, dirigir escuelas y allí dirigen sus reclamos. Lo vimos en los intercambios verbales entre el Minsa y el Gobierno Regional de Puno ante las vacunas que tenían y no aplicaban y la gripe que afectaba a los más pobres. Sigue leyendo →

Tras la derrota por sus errores en Bagua, en cuyo retroceso casi se incendia el país, el presidente García insiste en más obras y pocos cambios políticos. No ha comprendido las lecciones de esta experiencia y sigue pensando en que sus decretos no causaron la crisis. Pontifica sobre democracia sin entender que el abecé de esta se sitúa en los procedimientos que él violó con “criollaza” persistencia,

Todos debemos cumplir la ley pero esta no puede ser “sorpresa” ni carecer de debate público previo, especialmente cuando atañe a nuestras vidas, bienes y entorno. Pero el Gobierno exigió delegación de facultades una vez más y lo impuso en el Congreso aliándose con tránsfugas y opositores despistados. El presidente no ha aprendido la lección exacerbada porque en este caso había un tratado internacional que protegía a los indígenas. Tampoco parece entender que los gobiernos democráticos, porque actúan de cara al pueblo, dialogan, escuchan y tienen una policía que disuade desde esa práctica. Todos defendemos la ley si se hizo correctamente, y debemos exigir que cuando algunos grupos no lo entienden así se hagan esfuerzos sucesivos de diálogo para disuadir en vez de proceder simplemente a disparar. Combatimos la violencia siempre pero desde esta óptica superior que parece no entender el partido de gobierno por su recurrente costumbre de actuar con prepotencia, eso que antes hacía recordar siempre al búfalo y que tantos apristas demócratas negaron con su práctica.

Aunque no entendió la médula de la reforma política propone dos avances hacia ella: segunda vuelta para que las autoridades regionales y locales sean legítimas, y renovación de la mitad del Parlamento a la mitad del mandato presidencial. Propondrá un referéndum si los congresistas no le hacen caso. Yo estoy dispuesto a impulsar el referéndum juntando firmas, pero debemos recordarle al presidente que él no puede imponer un referéndum: o es por iniciativa popular o es por ley del Congreso.

Ha resucitado algo fundamental del presidente Belaunde que no comparto y que en el pasado no compartió Alan García: su pasión por las obras y la recurrencia a refugiarse en ellas como en una nube cuando hay problemas políticos. Rescato lo esencial que fue Cooperación Popular, que en mis años de estudiante incluyó a la universidad y que el partido aprista combatió a muerte desde su alianza en el Congreso con el ex dictador Odría. Si la descentralización popular que pregona hoy el presidente García se hace con transparencia e imita la austeridad de Belaunde cuando solo inscribía “El pueblo lo hizo” habremos avanzado. Pero, por favor, no todo lo que se necesita es cemento.

Dice el presidente que ha reducido la pobreza al 36% y que la dejará en el 30%, pero quién le cree. Defenestró al responsable del INEI y creyó que los insultos son pruebas, lo reemplazó por alguien cercano y ahora nadie le cree. No entiende todavía que hay funciones públicas que solo sirven si son ajenas al Gobierno.

Estoy de acuerdo en que la descentralización es la principal reforma del Estado hasta hoy y por eso me jugué por ella siempre. Fue la terca decisión del presidente Toledo la que la reanudó aunque García sea incapaz de reconocerlo. Pero el salto siguiente requiere de mucho más y solo así las autoridades intermedias sacarán la cara ante el pueblo: la educación, la salud, la vivienda y demás políticas sociales tienen que ser administradas regionalmente. Se requiere incluso un juego de imágenes: no debe haber un ministerio de educación o de salud. Las administraciones son y deben ser regionales para que la burocracia central no siga intentando retrocesos. Otra cosa es que exista una autoridad nacional de educación o salud que regula y supervisa la calidad y acredita o no a quien la ejerce con autonomía. Mientras eso no ocurra tendremos gobiernos regionales que le tiran la pelota al gobierno nacional cuando las papas queman. Sigue leyendo →

Cuando finalizaba nuestra última crisis política, El Comercio anunció una campaña por la reforma del Estado puesta al mismo nivel que la que realiza por la preservación del medio ambiente. La convocatoria firmada por su director, Francisco Miró Quesada Rada, indica el rumbo esencial de la reforma. Lo repito expresando mi total coincidencia. Buscamos un Estado que resuelva los problemas con métodos democráticos, es decir, basándose en el diálogo y la participación ciudadana. Rechazamos la violencia y por tanto la exclusión que es una de sus causas fundamentales.

La convocatoria busca explícitamente que el Estado Peruano no sea expresión democrática de los diversos grupos sociales que existen en el país. Por eso, debe ser inclusivo y contribuir al empoderamiento de la ciudadanía con el respeto de su autonomía y su libertad. Solo así puede entenderse como un Estado de servicio al bien común de los peruanos.

Muchos han mostrado que el Estado Peruano es obsoleto e inoperante. Pero la convocatoria destaca algo esencial: Este Estado está penetrado por la corrupción y por eso sostiene que el problema es esencialmente ético. Queremos un Estado que reconozca y trate a los peruanos como iguales, que sea integrador y democrático, que exprese la sociodiversidad de nuestra cultura y que tenga un tamaño eficiente.

Una reforma así tiene que comenzar por un énfasis en la reforma política de profundo contenido ético, lo que otros llamarían una reforma intelectual y moral, cuyo primer peldaño está en reconocer y tratar a los peruanos como iguales y por tanto aplicar el método democrático, el diálogo y la participación ciudadana. Eso está en nuestras constituciones, pero se aplica contra sus supuestos esenciales. Solo por excepción la ley puede darse sin debate público previo y esa excepción que se produce al delegar la facultad no debe producirse cuando se afectan derechos de las personas y los pueblos. Pero el método democrático es esencial ante el conflicto exacerbado y la acción policial no lo puede obviar o deja de ser disuasiva.

Cuando enfrentamos momentos de violencia no solo hay que preguntarnos por las causas. Hay que ser exigentes con la forma en que respondemos y situarla dentro del método democrático. Muchos políticos en esos momentos reaccionan autoritariamente e invocan mal el principio de autoridad. Este tiene una base moral situada en la práctica cotidiana del método democrático y si allí está la falla hay que volver a comenzar y dialogar. Poco se avanza con la imposición violenta aunque sea legal.

Enfrentar la corrupción comienza por cuestionar la mentira. Vemos hoy al último autócrata que ejerció la presidencia decir que robó al Estado 15 millones de dólares para impedir un golpe de su asesor, cuando este ya había perdido todo el poder y solo le quedaba uno, el de delatar a sus cómplices. Solo a eso podía temer el autócrata, no a un golpe en que nadie lo iba a seguir. Pero en este sistema corrupto la mentira se permite como defensa y logra captar incautos. La falta de rigor y la permisividad con la corrupción la está convirtiendo en algo tolerable en muchos ambientes, como se toleró la autocracia en el fujimorato.

La ineficacia ha alcanzado ribetes de escándalo en los últimos años. Vemos a autoridades de los tres niveles de Gobierno que se culpan entre sí de su común incapacidad para realizar las obras a tiempo y sin corrupción habiendo presupuesto, mientras siguen incapaces de realizar licitaciones como cualquier Estado moderno o de combatir epidemias que como el frío afectan severamente a los más pobres todos los años. Poco o nada se ha avanzado en mirar lejos y superar el cortoplacismo. El Ceplan no recibe recursos.

La reforma del Estado tiene que comenzar con la extensión del método democrático a la médula de toda acción de gobierno. Con una reforma política que atenúe el despotismo presidencial, que algunos confunden con presidencialismo, y garantice la división de poderes, para afianzar las instituciones democráticas que no funcionan con la autonomía que ordena la Constitución, como se ha visto en la derogatoria de los decretos legislativos. Solo así podrá combatir la corrupción y la ineficacia del Estado y desterrar de nuestra cultura política la intolerancia y exclusión del otro, algo todavía muy arraigado en muchos. Sigue leyendo →

Sin esperar a que los peruanos procesemos el trago amargo de Bagua, el presidente Alan García arremetió con otro artículo que continúa al finado “El perro del hortelano”.

Debemos respetarlo como presidente dos años más, pero no debemos seguir sus consejos. Y tenemos que preguntarnos: ¿A quiénes sirve la polarización política? Polariza cuando mezcla escenarios y excluye a quienes no coinciden con su gobierno; vuelve al lenguaje de la guerra fría aplicando la tan manida regla de la simplificación y el enemigo único, útil para la propaganda política en el viejo texto de Domenach, pero perniciosa y peligrosa en manos de un gobernante que no aprende a ser estadista.

Las reglas electorales suelen hacerse para situaciones límite; como lo fue la segunda vuelta. La polarización fue el arma que dentro de esas reglas hizo ganar a García. Sin esta regla y sin Humala no hubiera vuelto a ser presidente.

La polarización política fue también parte de la historia de su partido. Tuve en mis manos un folleto de la época de Odría en el cual se mezclaba la estrella aprista con la hoz y el martillo del Partido Comunista. Eran lo mismo para el tirano del ochenio, quien poco después se alió al Partido Aprista para impedir las reformas de Belaunde en democracia y facilitar, sin quererlo, el gobierno militar.

Polarizaron contra el Partido Aprista, pero sus dirigentes entendieron que ese camino era eficaz. Ellos lo aplicaron contra Belaunde, perdiendo ambos y llevándose abajo el precario régimen democrático.

Bagua no se explica sin un presidente que trata como perros del hortelano a los indígenas que no pensaban como él.

Menos se explica con la parodia de interpelación a Yehude Simon, un primer ministro con muy poco poder y comprobada voluntad de diálogo, a quien pocos pueden imaginar ordenando una masacre o una operación equívoca y sin la adecuada coordinación (ni dentro de la policía, ni entre esta y las Fuerzas Armadas), pero muy bien coordinado con la bancada aprista.

¿Alguien puede creer que los congresistas optaron solos por echar gasolina en vez de agua al fuego en el mismo momento en que comenzaba la operación?

Quien exigió que no derogaran los decretos ya inconstitucionales no fue el primer ministro, que los apristas acababan de desairar en el debate sobre el VRAE, sino su jefe político que es el presidente de la República.

La desconfianza ciudadana crece con este ordenamiento constitucional que hace responsables a los menos poderosos, creyendo proteger al más fuerte. Miren las encuestas, el pueblo no se deja engañar.

Se proclama ahora la “guerra santa”, como lo hacen los dictadores. En estos artículos del presidente hay mucho del estilo de Hugo Chávez.

Quiere que culpemos a Chávez o a Evo Morales de sus errores locales en un país que, en las condiciones económicas y sociales recientes, no lo pueden manejar desde afuera.

El “baguazo” se explica por la prepotencia con que este gobierno actuó, con decreto sorpresivo en vez de ley previamente debatida en público y consultada según sus propios tratados. A eso le agregó no diálogo sino mecidas, con una PCM sin poder y una operación policial precipitada, de la cual todos los políticos se lavan las manos.

Nunca vi un pliego interpelatorio de una sola pregunta, pero jamás imaginé que el Gobierno sería incapaz de contestarla. No podía decir que el único que podía dar la orden era el presidente García —que tiene la jefatura de la policía y las FF.AA.— aunque los responsables políticos sean los ministros. En el Parlamento Británico la respuesta hubiera sido muy simple: la orden vino del gobierno de su majestad. No importa el rol individual que todos saben depende del Primer Ministro y no de la Reina.

Sobre cuernos, palos. Eso es lo que significa que el presidente insista en polarizar, persista en llamar antisistema a quienes discrepan con él, vuelva al escenario de la segunda vuelta mucho antes de llegar a la primera.

Esta es la hora en que hay que hacer lo contrario. Porque la polarización solo sirve a corruptos y autócratas, a quienes no tienen nada positivo que ofrecer a la mayoría de los peruanos. No fortalece la democracia, es decir, el gobierno que escucha al otro, que lo incluye, que no descarta al que piensa diferente y menos a la mayoría de los peruanos.

Este es el momento de aprender a sumar, a concertar, a poner mínimos avances en común, a no llevar la política a los extremos para que solo ganen los que no quieren que nada cambie, porque quieren que sus intereses muchas veces inconfesables sigan primando. Sigue leyendo →