La legitimidad de una democracia representativa depende del peso y la actividad del representante. Este tiene que traer al sistema político los sentimientos, visiones, demandas y percepciones de los electores y tiene que llevar a ellos el razonamiento, las explicaciones, paso a paso, del sistema político, los partidos y el Estado. Aquí congresistas, consejeros regionales y regidores municipales hacen muchas cosas cada día, quieren hasta decidir sobre las administraciones, pero no se dedican a representar.

Hay que hacer cambios en el sistema electoral –la forma en que los elegimos– para acercar al ciudadano que los elige y al representante que existe para servirlos, para que este centre su acción en relación con aquel. Se puede personalizar el sistema electoral eligiendo la mitad de la Cámara de Diputados (representantes) por distritos uninominales (un diputado cada 160.000 o cada 200.000 habitantes). Cada elector tendrá un representante a su alcance.

La otra mitad se elegiría por distritos electorales departamentales, en el sistema proporcional, pero dividiendo Lima en cinco distritos electorales: Lima norte, Lima sur, Lima este, Lima central y Lima provincias . La misma subdivisión habría que hacerla en las provincias capitales de departamento que están acaparando –por su población creciente– y dejan sin representantes a las demás provincias (Arequipa, Trujillo, Chiclayo).

Hay que romper con la elección simultánea de presidente y Parlamento. Puede comenzarse renovando la mitad de la Cámara de Diputados a la mitad del período presidencial. Debiéramos llegar a lo que demanda más de una encuesta: que el mandato no sea de más de tres años. No se trata de debilitar la gobernabilidad: hay que explorar los efectos de elegir en segunda vuelta, como propone insistentemente el Partido Aprista, pero esto exige evaluar lo ocurrido en los parlamentos que lograron mayoría absoluta. ¿Fueron mejores los resultados para el país?

Sin lugar a dudas en los ámbitos regional y local la democracia representativa no es compatible con la mayoría absoluta otorgada por ley al margen de los votos obtenidos. En primer lugar, hay que exigir segunda votación si nadie tiene una mayoría calificada, cercana al 40% y con distancia del siguiente. Es preferible quitarle atribuciones administrativas a los consejos para que no afecten la gobernabilidad antes que hacerlos entes no representativos. De los cuatro principios de todo gobierno representativo, en el Perú el que menos ha calado es el que privilegia la deliberación pública antes de decisiones importantes. Ese ha sido clave en la historia de la democracia para hacerla avanzar.

A nadie interesa tener consejeros y regidores que solo tratan de competir con el Ejecutivo en funciones administrativas. Afinquemos al consejero en su provincia, al regidor provincial en su distrito y al regidor distrital en su barrio o caserío. Que sean los voceros de sus vecinos, vayan y vengan. Que solo sean elegidos por esos votos, no por toda la región, toda la provincia o todo el distrito. Que vivan allí y no se muden a la capital. Que en esa relación directa resida su poder, no en competir con gerencias y subgerencias o direcciones municipales.

De esta manera resolveremos un problema: los centros poblados menores (caseríos), que el fujimorato intentó demagógicamente convertir en municipalidades: burocracia infinanciable. Pero –sostengo– ningún centro poblado puede estar desconectado del sistema representativo y, sostengo a la vez, este no se puede confundir con el aparato burocrático.

Representar cuesta y hay que sincerar la política porque tiene que costarle a cada nivel de gobierno, no al pobre bolsillo del representante. La democracia política tiene que basarse en actividad regular de comunicación directa, no solo a través de los medios, aunque estos son indispensables hoy. Sigue leyendo →

La reforma constitucional que sustituyó el capítulo XIV de la Constitución vigente comenzó la reforma del estado estableciendo tres niveles de gobierno elegidos por el pueblo, es decir con autonomía política, económica y administrativa. Las autonomías se construyen en un proceso que se está dando, trabajosamente.

Para esto, sin embargo, se requiere adquirir capacidades en un ámbito que no ha sido característico de la administración tradicional: el trazado de políticas públicas nacionales y sectoriales, que se construyen y se debaten desde antes de aprobarse y que se convierten en el eje articulador de las acciones del aparato estatal y también del sector privado involucrando –articulando cuando es el caso– distintos niveles de Gobierno.

Pero políticos y funcionarios parecen activistas no acostumbrados a pensar, planificar, explicitar objetivos, diseñar instrumentos de medición, proponer metas, cuantificarlas y luego medir resultados en la evaluación. Se ha hecho escarnio de las especialidades que sirven para prever el futuro, planificar o, como ahora se prefiere, hacer planeamiento estratégico. Por eso reina la improvisación, el dispendio de recursos y la incapacidad de integrar el aporte de entidades distintas, públicas y privadas. Por eso cada vez que aquí se toma conciencia de un problema público se pretende crear un enorme organismo burocrático para enfrentar tal problema y cada Gobierno quiere empezar todo de nuevo.

En nuestra administración se ha considerado inútil y sin poder político la función de formular políticas y planes. Todos son ejecutores, al fin de cuentas de cualquier cosa. Por eso el debate político no va al fondo, a las raíces económicas, sociológicas y culturales de muchos problemas. Porque tampoco se tiene la disciplina suficiente para evaluar los indicadores, fundamentar con cifras y contrastar en el debate sustentando cada afirmación. Es más fácil la costumbre de hacer de todo un debate jurídico, deformándolo o hacer escarnio del funcionario que solo es evaluado por incumplir la ley o por corrupción, que pareciera ser la única dimensión evaluable.

Fujimori eliminó el INP que nunca tuvo poder para planificar pero sí era la fábrica de proyectos con mucha información y debate técnico. Toledo promulgó la ley que crea el Centro de Planeamiento Estratégico pero no la implementó y García se acerca a su tercer año sin siquiera designar a los responsables de organizar el Ceplan. El primer ministro Del Castillo ofreció hacerlo este año, en la clausura del seminario de la PUCP sobre reforma del Estado. Podría ser un instrumento de concertación fabuloso entre la iniciativa pública y la privada, entre los tres niveles de gobierno y ayudaría a integrar las políticas.

Hay que especializar en el diseño de políticas públicas a muchos de los ministerios actuales que van dejando sus funciones ejecutivas a los gobiernos regionales y locales. Hay que asegurar que tales políticas se debatan públicamente, constituyéndose en el eje de la evaluación política, con indicadores objetivos, pero que al mismo tiempo puedan ser ejecutadas por un diferenciado manojo de entidades, públicas y privadas, cuya evaluación dependerá del cumplimiento de los objetivos y metas. Este es un camino alternativo a la permanente pretensión burocrática de normar cada procedimiento, cada detalle y evaluar las cosas por el cumplimiento de procedimientos y no por los resultados obtenidos.

Hay serias limitaciones en la reciente ley orgánica del Poder Ejecutivo que muestran incomprensión de esta manera de operar. Explicitando el diseño de las políticas públicas hay que reformar la manera de hacer política en el Parlamento peruano. No se puede imponer políticas nacionales a gobiernos que tienen autonomía política y lo último que debe hacerse es confiar en mecanismos burocráticos para operarlas. Sigue leyendo →

El caso de Tula Benites es doloroso, no solo para ella y su partido. Ha marcado su imagen antes de que hayamos conocido algo de su gestión. No voy a echar leña al fuego sobre lo que hizo o no hizo, pero sí hay que advertir que la representación y la propia democracia representativa son muy débiles ante el escándalo. Simplemente, se rompe el vínculo que le da origen y sustenta su legitimidad.

El Congreso ha perdido legitimidad por la conducta de los acusados y los llamados a investigar y dictaminar si procede la acusación. El daño es a la institución, a la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas.

No habrá más remedio que sacar del Congreso la decisión, quizás ponerla en manos del Jurado Nacional de Elecciones. La vacancia por estar envuelto en un escándalo debe ser casi automática, producido el escándalo se vaca por aplicación de un Código de Ética que antecede –por sus propias previsiones– a la acusación constitucional y la acción jurisdiccional. Me dirán, con razón, ¿qué habría pasado con ustedes si el JNE del fujimorato hubiera ejercido ese poder frente a la oposición de entonces? Diré que tienen razón, que habrá que blindar a esa entidad u otra, que no se trata de mezclar el tema con los antejuicios constitucionales ni la lenta acción penal que tiene que seguir su curso. Pero esa frase que tantas veces dije a los fujimoristas –otorongo no come otorongo– es cierta para todos, no solo para ellos, por eso la democracia debe separar funciones y competencias haciendo un balance de modo que nadie se fiscalice a sí mismo o a sus pares. Sigue leyendo →

Cuatro medidas deben fortalecer a los partidos: la primera debe reafirmar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus candidatos pero corrigiendo las distorsiones que se adjudican al voto preferencial. Este solo puede ser eliminado si la ley garantiza que el mismo derecho se ejerce en elecciones primarias abiertas, donde los ciudadanos se inscriben en la ONPE para ejercer su derecho en la lista de un partido político y lo ejercen en un acto electoral que esta oficina organiza bastante antes de la fecha de las elecciones, poniendo una fecha única para todos los partidos. Solo los partidos que usen este sistema quedarán exonerados del voto preferencial, pues sus votantes ya ejercieron ese derecho y conformaron así su lista. Pero la ley debe mantener el voto preferencial para los partidos que no opten por estas primarias. Con razón mucha gente siente que perdería derechos si simplemente se eliminara el voto preferencial como demandan varios partidos.

Una segunda medida va de la mano con la anterior y fue consultada en la encuesta nacional de la PUCP en julio del 2007. El 67,3% estuvo de acuerdo con la vacancia del parlamentario que deja de pertenecer al partido que lo llevó en su lista. No lo entendemos como sanción sino como consecuencia elemental de lo que originó esa representación: el ciudadano elector optó por esa persona dentro de ese partido, si esa relación se rompe, la relación queda vacía de contenido. Se puede regular en la ley la defensa de cualquier exceso de las direcciones partidarias e incluso trasladar la decisión final al elector. Esto último es más fácil si la elección ha sido uninominal como en Inglaterra.

Dos medidas complementan lo anterior. La valla electoral que será de 5% ya está legislada y hay que revisar el artículo 35 de la Constitución que por su ambigüedad dificulta la tarea legislativa. La ley de partidos requiere correcciones y una evaluación sistemática.

La existencia de un partido depende básicamente de su resultado electoral pero antes de este no debe asociarse tanto a firmas como a información que acredite su existencia real, es decir, la constatación pública de sus actividades. Eso se hizo exigiendo un número de comités en el territorio, pero luego asociaron comités a locales o a firmas lo que distorsionó las cosas. Se ha avanzado en crear reglas que garanticen la democracia interna: son medulares y no tiene sentido y la alternativa que proponemos al voto preferencial afianzará las primarias. Interesa a la democracia que se garanticen condiciones de democracia interna porque solo así los partidos pueden ser canales de participación ciudadana.

Pero la ley no garantiza el financiamiento público de los partidos y debe hacerlo. Es asunto de interés público que existan partidos que funcionen, que estructuren la representación y participación ciudadana, que compitan dentro de las reglas democráticas. Eso no puede depender íntegramente del financiamiento privado y la ley actual ha regulado poniendo mínimos aportes del Estado y fijando límites al gasto en algunos rubros. Una disposición transitoria abrió la puerta para que defina la voluntad política de turno, y esta se ha doblegado por temor a la crítica mediática. ¿Seguiremos con la doble moral que cuestiona el uso de fondos públicos para financiar actividades de obvio interés público? En ese manto se ha cobijado el caudillismo y diversos autoritarismos en los últimos tiempos. Organizar a ciudadanos cuesta y cumplir con esta legislación cuesta más. Sigue leyendo →

En la última CADE, que impactó al preguntarse por los avances en cuanto a inclusión social, se repitieron preguntas preocupadas por lo que ocurrirá el 2011 en las elecciones. Ya sabemos que el 2006 ganó Humala la primera vuelta. Gobierna García porque ganó la segunda ¿Cómo se sentirán los que con más del 47% insistieron en votar por Humala? Sabemos que no hay ni preguntas ni respuestas inocentes. Intuimos, sin embargo, que la realidad trasciende a los candidatos y las continuidades tienen mucho que ver con lo que hagamos.

Toda encuesta en los últimos años anuncia crisis si no hay cambios que impacten en el sistema político. Este año CPI nos mostró en mayo que el 96,5% confía poco o nada en el Congreso de la República. Apoyo nos mostró en junio que el 81% declaró no sentirse representados en este Poder Legislativo. La encuesta de la PUCP mostró en julio que el 63,4% está insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia en el Perú. Son fotografías, pero sucesivas y coincidentes.

Los estudios latinoamericanos no son diferentes. Demuestran que nos gusta votar, con 88% solo nos ganan los uruguayos en esta parte del continente. Pero desconfiamos de la utilidad de nuestro voto: menos de la mitad –47%– piensa que votar por quienes sostienen su posición es efectivo. Y el 22% considera que participar en movimientos de protesta es más efectivo. Solo el 20% considera que se gobierna a favor del pueblo, la mayoría piensa que se gobierna a favor de grupos poderosos. Esto y más encontramos en el Latinobarómetro del 2006 y 2007. El PNUD en su encuesta del 2006 muestra que solo para el 5% la democracia existe y funciona bien. El 90% responsabiliza a los políticos del mal funcionamiento de la democracia. Para la gran mayoría se requería un cambio en el sistema político pero no había consenso en las medidas. Sin embargo mas del 70% reclamaba renovar el parlamento cada tres años.

En el Perú el problema de fondo es la pobreza y la inequidad que implica el que nos acostumbremos a mirarla y seguir de largo. Acabar con la exclusión es una preocupación que incluye a los empresarios de la CADE y eso es fundamental para sostener un objetivo nacional: queremos acabar con la exclusión, queremos integrar al Perú y los peruanos. No excluir a unos en nombre de otros. Por eso aplaudimos el rechazo de todos a que alguien califique a otro de malnacido y quisiéramos ver allí corrección fraterna y no exclusión de quien dijo el exabrupto. Por eso las reformas institucionales que propondremos en este y otro artículo, parten de una afirmación central: integrar, no excluir a nadie, ni al que hoy se sienta más poderoso.

La reforma política no garantiza la inclusión: ello depende del empleo, la vigencia objetiva y exigible de los derechos humanos que consagra la Constitución y sobre todo de la educación a la que todos debemos acceder. Pero la política es vital para sentirnos incluidos o excluidos y de ello depende mucho nuestra actitud y nuestra colaboración. Propondremos cambios en la forma en que elegimos nuestros representantes al Congreso, medidas que fortalezcan nuestra capacidad de asociarnos para participar en política –es decir fortalecer un sistema de partidos– y pasos para que se gobierne mejor en función de nuestros problemas, haciendo que funcione la democracia representativa y que las formas modernas de participación la afiancen en vez de contraponerse a ella. Queremos que la democracia no defraude al ciudadano y buscamos que la brutal desconfianza reflejada en las encuestas se transforme en esperanza con paciencia, porque se confía en el sistema. Sigue leyendo →

Una semana de intenso debate en la PUCP permitió mirar el tema desde muy diversos ángulos, comenzando por mirar la reforma desde las necesidades del país, desde la sociedad y la política, con amplitud que permite el diálogo de diferentes perspectivas ideológicas y que sospecha del “pensamiento único”.

El lunes se debatieron enfoques posibles: un Estado al servicio de los ciudadanos, capaz de acabar con la exclusión. Que acerque los extremos y construya bases de equidad, que convierta crecimiento en desarrollo, que eduque –incremente capacidades– y que organice. Que defienda y construya seguridad. Que se acabe el cortoplacismo y funcione concertadamente el planeamiento estratégico de nuestro desarrollo. Al clausurar, el primer ministro Del Castillo anunció que este reclamo, hecho desde las sesiones del 2006, se atendería.

El martes se debatió la reforma administrativa. Tres talleres analizaron la función reguladora en servicios públicos, en medio ambiente y en servicios financieros, las políticas públicas en descentralización y la vocación de servicio del empleado público.

El miércoles fue el día de la reforma política. Se ofreció información sobre el descontento ciudadano con la democracia tal como funciona hoy, además de los pocos logros alcanzados. Sin negar las amplias posibilidades de participación ciudadana moderna, se enfatizó la urgencia de fortalecer la democracia representativa, comenzando por propuestas para que los representantes se dediquen principalmente a la función de representar: la más descuidada en el Parlamento y en los consejos regionales y municipales. Se han presentado reformas posibles en el sistema electoral, para el fortalecimiento de los partidos políticos y en el sistema de gobierno para llegar a un Estado descentralizado.

El jueves el ministro Wagner demostró que en defensa nacional hay avances que modernizan y fortalecen innovaciones que posibilitan una mejora de nuestra capacidad operativa, afianzando la conducción civil en la materia, y un panel debatió ponencias en la misma dirección. Esa tarde, una mesa redonda organizada por Internacional IDEA reunió a seis especialistas andinos que debatieron sobre las características de la democracia en la región.

El viernes el presidente del Poder Judicial examinó descarnadamente la reforma judicial. Me ha convencido de algo que no pudieron sus antecesores: falta voluntad política para hacer esta reforma; no está en los jueces sino en el Gobierno y el Congreso, especialmente en el MEF, que sigue siendo el freno decisivo. Luego se debatieron dos ponencias: cultura legal y organización judicial. Con mucho filo para el futuro y con un tema medular que regresa como reto a las universidades: replantear la formación académico-profesional de abogados y magistrados.

Una mesa redonda sobre el último terremoto y la evidente incapacidad de respuesta estatal nos volvió sobre un tema contundente: estamos ante un Estado inoperativo, algo observable desde cualquier ángulo. Incapaz de comprar a tiempo patrulleros o ambulancias (más de quince meses) o de cubrir y defender a sus propios policías en la comisaría emboscada por narcoterroristas. Es el Estado ausente de tantos centros poblados en nuestra endiablada geografía, donde peruanos abandonados y excluidos de derechos esenciales son víctimas de las violencias que antes denunció la CVR y hoy pueden volverse a dar, porque todo vacío se llena en la física y en la política. El narcotráfico lo está aprovechando como ayer lo aprovechó Sendero Luminoso.

El seminario, organizado por la Universidad Católica en su aniversario 90, ha elevado el nivel del debate y más de mil ciudadanos inscritos para asistir a las deliberaciones muestran que el tema interesa a muchos. No somos los que hoy tomaremos las decisiones pero contribuimos a discutirlas, a que surjan nuevas ideas y se contrasten unas con otras. Esperemos que las usen quienes tienen la responsabilidad de no dejar las cosas como están. Sigue leyendo →

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La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) llega a su aniversario 90 en la cima del prestigio. El último ránking 2006 de “Times” (Londres) sobre universidades, la coloca en el décimo lugar de Latinoamérica (después de la UNAM y de la Universidad Católica de Chile). Ocupa el lugar 418 en el mundo y es la única universidad peruana entre las 500 primeras del planeta.

La calidad de su formación profesional y la seriedad de su exigencia académica han marcado a varias generaciones. Busca la formación integral de sus alumnos desarrollando experiencias valiosas. Los estudios generales permiten una formación humanística que trasciende cada especialidad y la seriedad de la Escuela de Graduados o de Centrum perfecciona y hace avanzar a quienes, ya profesionales, profundizan en nuevos rumbos.

Todos hacemos la universidad, profesores y alumnos, la dirigen autoridades que, sin duda, han tenido en estos 90 años el mérito de conducirla haciendo que se desplieguen las mejores energías y capacidades. Primó el pluralismo, la democrática tolerancia con quien discrepa. Muchos nombres debiéramos mencionar, pero uno, que ya no está entre nosotros, crece conforme pasa el tiempo. Un jesuita exigente, que condujo la modernización de la universidad para servir a una sociedad cambiante y compleja. Felipe Mac Gregor respetaba al que pensaba distinto y su punto de partida era la rigurosidad intelectual y la consistencia ética. Lo cuestionan algunos por haber aceptado la libertad de discrepar, porque confunden la universidad con un regimiento dogmático y obediente, no entienden que sin libertad toda universidad queda castrada.
Como Universidad Católica ha facilitado el diálogo en todas sus dimensiones, entre las diferentes perspectivas de científicos, artistas y creadores culturales, entre estas y la fe, entre el pensamiento y la práctica pública y privada. No somos un gueto de católicos encerrados en nosotros mismos, trabajando solo con quienes coincidan en todo. La PUCP es plural como nuestra sociedad, libre como lo reclaman la Constitución y la ley, comprometida con las necesidades de los peruanos.

Forma profesionales que conocen los problemas del país. Varias generaciones alfabetizaron, participaron en experiencias de educación, servicios jurídicos gratuitos, aportado soluciones técnicas a problemas de todas las ingenierías, ejerciendo la solidaridad. Es el mejor servicio que intelectualmente puede hacerse como testimonio de una fe que libera de odios, ataduras y conformismos, que construye sin arrasar, que da testimonio sin oprimir ni avasallar, que respeta al otro, algo elemental en el mandamiento cristiano de amar hasta al enemigo, convocándolo para actuar juntos en lo que se coincide y a debatir lo que nos diferencia.

Algunos siguen creyendo que pueden excluir, imponerse por autoridad principesca heredada de la política y los viejos Estados medievales, no de Jesús, los evangelios, las ideas o los valores y principios. Ni la espantosa violencia terrorista los hizo aprender. Aparecen descompuestos por la ambición de poder. La Universidad Católica no tiene otro poder que la estima de sus alumnos y egresados, de las familias que no se dejarán engañar, de sus profesores que no medimos en dinero nuestro compromiso con la universidad.

Debo mucho a esta mi universidad, alumno desde 1962 y profesor desde 1971, nunca salí de ella. Orgulloso vi sus pronunciamientos en defensa de la democracia, cuando pocos querían hacerlo. Cuando fui presidente del Congreso de la República, cuando conduje la comisión que intentaba la reforma constitucional o seleccionaba magistrados para el TC, constaté, entre los muchos profesionales convocados, cómo destacaban –sin alarde alguno– los de mi universidad, con conocimientos superiores a los míos. En esta casa, cada uno aporta algo y nadie es ‘dueño’. Las jerarquías se diluyen y debe prevalecer la pasión por servir y la terca voluntad de aprender con creatividad. Sigue leyendo →