Mi convicción moral y política sobre la culpabilidad de Fujimori en los crímenes del grupo Colina data de 1993. El 30 de marzo de ese año debatíamos en el Congreso Constituyente una moción del FIM pidiendo una comisión investigadora del caso La Cantuta que, como todas las de la oposición, terminaría archivada.

Poco antes de la interrupción para almorzar, al regresar a mi escaño encontré un sobre cerrado con un documento que relataba con detalle cómo los habían matado, enterrado, desenterrado, quemado e indicaba los oficiales responsables y sus mandos directos, con grado y cargo.

Era prácticamente un anónimo, firmado con las siglas Comaca. Sabía que era mi deber verificar la verosimilitud de su contenido y averiguar su origen para lo cual busqué cuatro fuentes y consulté con mi bancada: Gloria Helfer, Julio Castro y Julio Díaz Palacios. Al reanudarse la sesión, pedí una cuestión de orden y lancé la bomba.

No leí sino los hechos, callé el nombre de la fuerza del orden y los nombres de los autores y sus jefes. Por supuesto, tampoco dije quién lo firmaba. Mi objetivo era lograr una comisión investigadora. El presidente Yoshiyama me pidió desde la mesa que le entregara el documento. Contesté que solo lo entregaría al presidente de la comisión investigadora.

Los familiares —a quienes conocía porque vi su calvario desde que comenzaron a peregrinar tocando todas las puertas— estaban en la galería. Llantos y gritos porque se confirmaba una muerte atroz. En el desorden, la mayoría fujimorista cedió. Me automarginé de la comisión por haber hecho la denuncia y allí entregué y se hicieron públicos todos los nombres de los implicados.

Pero aquí comienza la comprobación de la culpabilidad de Fujimori, su gobierno y su régimen. Solo se encubre así lo que es parte de uno mismo y es mentira cínica decir ahora que no conocía lo que tantos dijimos en todas las formas posibles.

Para impedir que actúe el Ministerio Público y el Poder Judicial —cuatro días después— el Consejo Supremo de Justicia Militar abrió instrucción. La información circulaba mucho antes pero no hizo nada hasta que Hermoza Ríos se lo “solicitó” a raíz de mi denuncia. Para esto mi familia recibía llamadas amenazadoras que me ponían en situación inmanejable. Hermoza Ríos, citado por la comisión, fue al Congreso y me calificó de estar “coludido con el terrorismo” mientras sus congresistas agraviaban a los muertos con similar calificación. Hermoza sacó los tanques desde Chorrillos hasta el Rímac para amedrentar y causó un escándalo internacional que hizo que la Comunidad Europea paralizara la renegociación de la deuda y el Gobierno de EE.UU. emitiera un enérgico comunicado. En esa coyuntura, Fujimori sostuvo: “No hay derecho que se melle la imagen de una institución que trabaja por el país” y salió a invocar armonía entre el Ejército y el Congreso, como si fueran dos poderes del Estado al mismo nivel.

Pero poco después un general que ocupaba la tercera posición en el Ejército, el valiente y respetado general Rodolfo Robles Espinoza, ratificó mi denuncia y pagó las consecuencias. Exiliado, lo llamaron hasta felón, lo humillaron y botaron de la peor manera personas que en ninguna democracia podrían levantar la cara hoy, pues fueron el coro que incriminaba a los que denunciaban estos crímenes.

La historia sigue. La Justicia Militar negó toda información a la comisión investigadora y el Congreso decidió algo inaudito constitucionalmente: las comisiones investigadoras no pueden citar a ningún miembro de las FF.AA. o del SIN, solo pueden citar al jefe de cada una, así hasta Montesinos quedaba protegido. Se limitó a la comisión investigadora. El informe final en minoría de la comisión encuentra responsabilidad penal en Hermoza Ríos y funcional en otros jefes, además de los ejecutores directos. Pero Roger Cáceres, Gloria Helfer y Carlos Cuaresma eran parte de la minoría. La mayoría fujimorista aprobó el informe de los fujimoristas Freundt y Siura que llegaba a sostener que se habían ¡autosecuestrado! El 2001 ese texto se encontró en la computadora de Rafael Merino, funcionario del SIN.

La prensa opositora y los familiares siguieron luchando y son conocidos los hechos: ubicaron los restos, aparecieron las llaves del estudiante Armando Amaro Cóndor y la propia fiscal Colán las miró para no verlas, pues dispuso que la investigación fiscal pase a la justicia militar. La justicia común llegó a ordenar la detención de once implicados pero la justicia militar se opuso. La famosa Ley Cantuta 26291, sorpresiva y de madrugada, varió en febrero de 1994 los procedimientos de la Corte Suprema para dirimir la contienda de competencia, de modo que tuvieran los votos para que la causa siguiera solo en manos de la justicia militar.

Todos recordamos el juicio militar: solo a los ejecutores y no a sus jefes y la condena levísima a no más de seis años. Pero ni eso, ni la prisión dorada que la prensa mostró en fotos, detuvieron el encubrimiento. Dieron la Ley de Amnistía frente a la cual solo pude gritar en el pleno de madrugada: “Señor presidente, esta ley es una infamia”. Quedaron así libres en junio de 1995.

Meses después descubrí que el general Rivero Lazo figuraba en la planilla como general en actividad y recordé al pleno que la Ley de Situación Militar obligaba a pasar al retiro —bastante antes de la amnistía— por medida disciplinaria (sin beneficios ni sueldo del grado superior) a todo oficial que hubiera recibido condena con pena privativa de la libertad. Denuncié el hecho y pedí la presencia del ministro de Defensa, la presidenta Martha Chávez no cursó el pedido en un mes, insistí y el Congreso pidió el informe. Cuando este llegó informaba que los habían invitado al retiro pero solo después de mi denuncia y no por medida disciplinaria. Asesinos jubilados con pensión del grado superior y reajustable. Hasta en esto Fujimori fue leal a sus secuaces, no a la ley ni a la sociedad.

Los tres poderes del Estado y las FF.AA. actuaron en una misma dirección: encubrimiento total, llenando de oprobio a las víctimas, a sus familiares sin un mínimo de piedad, también a los que denunciamos y a la oposición. Si el jefe de ese Estado, con resortes legales e ilegales de poder, defendió paso a paso a los ejecutores del asesinato e hizo encubrir el crimen, paso a paso, es porque él mismo era parte del crimen.

Hay una deuda moral y política con seres humanos sencillos, los familiares que son los héroes de esta lucha. Los personajes del fujimorismo usan hoy hasta el juicio para seguir engañando a los desinformados. Humanidad, compasión por el que sufre, rectitud, valores y principios democráticos y humanos fueron negados por el fujimorato. No permitamos que la historia regrese y la vivan nuestros hijos. Sigue leyendo →

Pretendiendo corregir su error inicial cometió otro peor. Primero afirmó que como presidente no podía imponer un sucesor, pero sí podía impedir que llegara a la presidencia alguien que él no quisiera. Para arreglarlo, sostuvo después que había que hacerlo para defender el modelo económico. El presidente es un defensor de este modelo económico aun a costa de la democracia.
Los modelos y las políticas no son dogmas ni artículos de fe. No son principios que cohesionan a la nación sino materia opinable, tienen que ser permanentemente evaluados y contrastados con la realidad y sus resultados: se agotan y cambian. Es absurdo esperar que la nación encuentre cohesión en políticas obviamente contingentes.
Los principios democráticos y los derechos humanos, que en parte recogen las constituciones y preñan la cultura política, sí cohesionan a la nación progresivamente y allí se ubican las características fundamentales del régimen democrático y la obligación del primer mandatario de no interferir en la elección de su sucesor. Esa interferencia es lo que el presidente declaró haber hecho en evidente alusión a las elecciones de 1990 y obviamente sin propósito de enmienda.
No pudo escoger peor momento. La crisis económica internacional si algo afecta es el modelo neoliberal que aquí se impuso sin discusión en los años 90. Hoy en el mundo se cuestiona, por ejemplo, la desregulación que ha mostrado sus gravísimas consecuencias en esta crisis o la idea del Estado mínimo que hasta Francis Fukuyama se ha rectificado ya.
Es que se trata de políticas contingentes que solo continúan si la evaluación es favorable para las mayorías. Los modelos y las políticas no deben confundirse con los principios. Las libertades y la competencia en el mercado son parte de los principios, pero cada modelo y cada política combina estos y otros elementos de distinta manera. La mesa redonda que organizó El Comercio al estallar la crisis mostró claramente esta realidad y el debate que ya existe en el mundo. Sostuve que no era amigo de los bandazos en política e insisto en reclamar ponderación, pero negarse al cambio es un error en un mundo que cambia velozmente.
Es absurdo pretender que se cohesione la mayoría de los peruanos con un modelo cuyos resultados enriquecen a muy pocos y empobrecen a muchos. Es una tontería sostenerlo cuando incluso en los países más ricos y poderosos se cuestiona abiertamente.
Pero este tema es discutible, tienen derecho de defenderlo los que se han beneficiado o simplemente les gusta y tenemos el derecho de cuestionarlo los demás. No puede el presidente erigirse en dogmático mentor de un modelo y menos ofrecer protección a intereses particulares en nombre de ello.
Dice la Constitución que el presidente es el jefe del Estado y personifica la nación. Pienso que una persona no puede personificar a la nación, porque esa y otras exageraciones cultivan la soberbia y la arbitrariedad. Alan García se está alejando del papel que le da la Constitución, que todos debemos respetar aun en lo que no estemos de acuerdo.
Fujimori impuso con los organismos multilaterales este modelo y pretendió justificar su golpe de Estado y hasta sus delitos de lesa humanidad en su nombre. De modo dogmático, aplicaron sus políticas llamando dinosaurios a quienes pensaban distinto y evitando todo debate. Muchos delitos comunes se encubrieron así. Recordemos lo que hicieron con los bienes del Estado malbarateados de modo delictivo como Aero-Perú —vi hace poco el testimonio de un aviador que sigue luchando— y no olvidemos la más grande corrupción en la República, aunque poco se ha llegado a judicializar. Ese dogmatismo conculcó principios, derechos y democracia. Aprendamos del pasado y no permitamos que un presidente que no ha dado un golpe de Estado lleve su conversión ideológica al extremo antidemocrático.
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Conversando con gente joven encuentro que ven niebla en nuestro futuro porque la corrupción es el tema recurrente. Pero hay que salir de lo anecdótico y resaltar aquello que se muestra estructural, que tiene que ver con la forma en la que se estructuran las relaciones sociales. El impacto de los “petroaudios” ha sido enorme, afectó incluso la imagen de gente de trayectoria decente. Lo menos que podemos decir es que urge construir un código ético-jurídico que permita distinguir roles y actitudes.
Un ministro no puede visitar a un empresario en su hotel ni una internacional de partidos puede convertirse en una agencia de oportunidades abiertas a unos empresarios sobre otros. Las autoridades deben recibir a empresarios como deben recibir a dirigentes laborales y políticos. Pero en su despacho, a vista y paciencia de todo el mundo y hay que regular el campo de su intervención para que no se conviertan en títeres de los lobbies privados. Los ciudadanos tenemos derecho a ser informados sobre los contratos de las empresas públicas, sus alianzas y resultados. No se puede aceptar el ninguneo actual.
Pero la corrupción tiene otros signos estructurales, especialmente en el plano institucional. Hace poco vimos que un coronel de la Policía Nacional fue pasado al retiro por negarse a “decapitar” a otro coronel que había descubierto el robo de los gasolineros y que era apañado nada menos que por el general inspector. La nueva y capaz ministra se ha ocupado más de sancionar “muchachadas” de la policía femenina sin señal de corrupción, pero mantiene a ese general en su puesto y a los dos coroneles en retiro forzoso.
El abogado de uno de los marinos que colaboraron con la justicia realizando confesión sincera mostró que su defendido ha sido sancionado por el INPE, ubicado en celda de rigor mientras un abogado de sus ex jefes lo presionaba para que se retractase. El INPE aparece sancionando a los que colaboran con la justicia, aunque hoy sabemos que a otro vinculado con ese caso otras autoridades lo han tenido que sacar del país. ¿Pero qué pensar del INPE tras los recientes escándalos de fuga y violación de presas? ¿Es posible que solo con el oficio y los sellos se libere a un detenido? ¿No saben que en Azángaro todo sello se falsifica? ¿No pueden consultar por Internet u otra vía más moderna? Es intolerable lo que vemos, como lo es una policía cuyas reglas obsoletas facilitan la corrupción.
No tengo un análisis sistemático, pero es suficiente para recordar la frustración que produjo el fracaso de la zarina anticorrupción, una persona con los mejores antecedentes, nombrada sin un estudio previo y que al nacer como oficina recibió el rechazo de la contraloría, el Ministerio Público, el Parlamento y varios más que se sentían “dueños” de la función anticorrupción. Defenderé siempre la división de poderes y las autonomías propias del Estado de derecho, pero no las entiendo como autarquías. No es posible que no sean eficaces la lucha anticorrupción o la defensa del ambiente y la protección del agua para nuestros hijos y nietos, porque no se pueden sincronizar y articular las acciones de organismos autónomos. Cuando sincronizo, para no perder tiempo ni eficacia, la decisión del juez, del fiscal y de la contraloría, no le niego la autonomía a cada uno. La corrupción es estructural, hay que revisar la estructura del estado, reglas e “institucionalidades” internas hechas para la defensa corporativa antes que para la defensa del interés público, especialmente en los planos policial, militar y judicial.
Pero todo esto suena a juego de niños cuando recordamos lo que mostraron los “vladivideos” y vemos que hoy se han olvidado mientras varios de esos delincuentes pretenden ya andar con la frente en alto o cuando la heredera del gobernante de la más grande corrupción de la República pretende ser candidata presidencial sin poder explicar cómo le financiaron sus estudios en el extranjero. Y nadie le pide cuentas. ¿Cómo salir del círculo vicioso de la corrupción?
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El esfuerzo hecho desde la sociedad civil por la verdad y la reparación de las injusticias de uno de los períodos más violentos de nuestra historia es valioso y solo comparable a otro esfuerzo hecho desde comienzos de la década de los 80 para forjar una cultura cívica que defienda con radicalidad los derechos humanos. Ambas causas son políticamente plurales, no son de izquierda ni de derecha, pertenecen simplemente a la gente civilizada de nuestro tiempo y tienen escala planetaria.

Hoy es preciso asegurar que las generaciones que no vivieron esos años de violencia accedan a lo que ha sido una experiencia colectiva que no por dramática y por momentos terrible deja de contener elementos educativos fundamentales. Cualquier predicador de la violencia debe encontrarse con una ciudadanía preparada por el conocimiento de su propia experiencia. Eso no es manipulable por los gobiernos ni debe dejarse todo en sus manos. Es campo de iniciativa de la sociedad civil.

La conducta del presidente y del primer ministro ante la oferta alemana de donación para el museo de la memoria es una vergüenza. Quizá un psiquiatra podría evaluar mejor por qué estos dos ciudadanos quieren que la memoria siga siendo flaca. ¿Es que algo les avergüenza de ese pasado? Pero si queremos que mañana toda violencia sea desterrada es imprescindible cultivar la memoria. Entre las barbaridades que he escuchado en la televisión un periodista sostuvo que el problema era que la CVR tuvo izquierdistas. ¿Quién puede analizar así el pasado del filósofo Salomón Lerner? Ninguno de los políticos de izquierda que estuvieron en esa comisión tiene las manos manchadas de sangre ni predicó tesis extremas del violentismo de entonces. Siguen aplicando la estrategia oscurantista que comenzó en los 80 con el objetivo de usar a Sendero para acabar con la izquierda y les respondo con la autoridad moral de un político de izquierda que jamás aceptó violencia alguna y combatió desde el aula y la práctica política la lucha armada que tantos predicaban en el siglo XX, que convocó la más grande marcha por la paz realizada en el país y, con la adhesión valiente y generosa de Mario Vargas Llosa, logró su objetivo de aislar a Sendero Luminoso, mientras los gobernantes nos mandaban mensajes llamándonos irresponsables. Estamos vivos muchos y mientras podamos hablar no van a cambiar la historia.

Puedo entender esta animosidad en el fujimorismo, pero no en los personajes que aquí critico. Pero veo que la memoria histórica exigirá también otro museo. El “museo de la memoria II” deberá incluir las experiencias de corrupción porque, por lo visto, hasta un fiscal anticorrupción se ha olvidado de lo que todos vimos. La ex ministra Susana Villarán lo describe indignada y muestra el testimonio de gente honorable que desmontó la corrupción más detestable, la que traficaba con la extrema pobreza al convertir en fujimoristas a la fuerza a personas que requerían ayuda alimentaria. Muchos podrán testimoniar sobre las hazañas de los que manipularon y quebraron las organizaciones populares para este fin o las proezas descritas en los “vladivideos” en los que desfilan personajes corruptos que se convierten en agentes promotores de la corrupción.

Respetar los derechos humanos de los corruptos y sus seguidores —al margen de exigir que se juzgue y sancione cuando corresponde— no significa aceptar que prediquen la corrupción, estigmaticen a quienes la combaten o simplemente nieguen la verdad. Pero esta es tarea de la sociedad y hay que sumar esfuerzos. Desde la sociedad debemos asegurar que el museo de la memoria funcione y que se encuentre la manera mejor de impedir el olvido que zamarros quisieran imponer sobre la corrupción. En todo el mundo, al margen del gobierno, encontraremos el apoyo necesario. Ya aquí lo ha dado un alcalde con principios y valores como ha mostrado serlo Salvador Heresi, que ha reiterado el camino que mostramos actuando juntos Vargas Llosa y yo en 1989. Sigue leyendo →

El atentado contra la vida de la fiscal de la Nación ha conmocionado al país.

Aparece como la respuesta a la valiente actuación de la doctora Echaíz al apresar a los marinos “chuponeadores”, actuando con decisión y sin poner paños tibios.

Se produce en medio del desmentido del alto mando naval a la hipótesis también valiente del congresista Víctor Andrés García Belaunde.

Por eso, uso de la jerga castrense aquello que define la máxima alerta o emergencia. Nadie puede dejar el escándalo de los “petroaudios” en la corrupción de unos o en el “chuponeo” limitado al espionaje entre empresas.

Es impensable que tras esto no haya un juego de poder, al margen de su posibilidad de tumbarse al jefe del Estado.

Porque desde que la corrupción y la autocracia de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos penetraran nuestras instituciones han dejado resultados que necesitan reagruparse para defenderse, subsistir y reproducirse.

Pertenezco a la legión de peruanos que ama y admira a Miguel Grau Seminario y a nuestra Marina de Guerra del Perú y recuerdo a todos que del gran almirante nace el respeto de los marinos al orden constitucional.

Por eso mismo no puedo imaginar que estamos viendo solo algunos oficiales corruptos que hasta ayer entraban y salían de una de las sedes de inteligencia como Pedro por su casa.

Este rezago del profundo daño moral dejado por la autocracia fujimorista no se resuelve con paños tibios.

¿Por qué siguen usando su grado y son tratados como oficiales en retiro delincuentes como Ibárcena y los que prohijó?
Hay políticos que han propiciado paños tibios con los que destruyeron el régimen democrático y corrompieron sus instituciones. ¿Hasta dónde se les dejará llegar? Sigue leyendo →

Tanto el dictamen original como el que se debatirá próximamente proponen la eliminación del voto preferencial. Los congresistas deberán sopesar bien lo que significa quitarle derechos a los ciudadanos. Hace tiempo que el Parlamento muestra una enorme orfandad de aprobación ciudadana y sostengo que es el sistema el que hay que cambiar, que no solo es cuestión de calidades personales. Pero el cambio que necesitamos va en la dirección opuesta a lo que propugnan estos congresistas: mayor democracia, nunca menos derechos.

Derecho de los ciudadanos. Hace más de 30 años tenemos el derecho de elegir a nuestros parlamentarios y dar prioridad a uno entre los candidatos de un partido. Es lo más cercano al derecho que en otras partes ejercen a través de las elecciones primarias. La dirigencia de los partidos no puede monopolizar la propuesta de candidatos a la ciudadanía. Con la ley que pretenden imponer, especialmente desde el partido de gobierno, seremos convidados de piedra en la selección de qué congresista gana: entrarán solo los colocados en buen puesto por su dirección partidaria.

Defectos del voto preferencial. He criticado muchas veces los defectos del voto preferencial: daña irremediablemente la disciplina de los partidos, hace creer a congresistas que lograron solo 6.000 o 7.000 votos que están en el Parlamento por ellos mismos y no por su partido. Da prioridad a los que tienen más recursos económicos o algo de buena imagen. Probablemente por la segunda razón llegué yo al Congreso en 1993, ya que no por mi voluntad ocupé el puesto 80 de la lista y salí segundo sin tener dinero ni para un spot de TV.

Pero los congresistas deben examinar las cosas a fondo. Hay que fortalecer los partidos pero solo la democracia interna y el freno al caudillismo podrá construir partidos de verdad.

No mientan con la Ley de Partidos. Luché por esta ley desde mucho antes de presidir el Congreso y la firmé como presidente con ilusión aunque sabía que en algo fundamental había sido mediatizada. Instaura elecciones primarias pero permite que los partidos que quieran lo hagan a través de su congreso o asamblea partidaria, algo que el caudillo manipula muy bien. Basta con que diga: “Si no van estos no seré candidato” y todos sabrán que se rebajan sus posibilidades. Un partido sostuvo en la comisión que si esta ventana no se abría no votaba a favor y sin su voto no había ley. Así se mediatizó el texto.

¿Con qué cara sostienen ahora que basta con hacer vinculantes estas mediatizadas primarias internas para reemplazar el voto preferencial?

Reemplazar el voto preferencial por primarias abiertas. He propuesto eliminar el voto preferencial solo para aquellos partidos que participen en primarias abiertas a todo ciudadano, organizadas por la ONPE en una sola fecha, para impedir que los ciudadanos de un partido influyan en otro. Aquellos partidos que no se sometan a este proceso seguirán usando el voto preferencial. Esto garantiza el derecho ciudadano a seleccionar candidatos que comenzó a ejercerse a través del voto preferencial y que de esta forma alcanza plenitud.

Fortalecer partidos sí pero partidos democráticos. He apoyado toda iniciativa que fortalezca a los partidos políticos. No hay democracia posible sin ellos. Pero entiendo que un partido no puede ser simplemente un caudillo con su entorno. Las primarias abiertas fortalecen a los partidos y la piratería puede controlarse e impedirse si las elecciones son responsabilidad de la ONPE. Pero se nos quiere vender en el dictamen una hipoteca a algo que solo fortalecerá a cúpulas caudillescas, incapaces de hacer de los partidos un canal de participación ciudadana.

Con razones debemos recordar, además, que se ha avanzado en crear condiciones para una mayor equidad de género. Al perder la posibilidad de dar prioridad entre candidatos también se afectará esta dimensión. Sigue leyendo →

Pobre Alan. Hasta ahora debe de estar con la sensación del que se ha dejado la casa cerrada con las llaves adentro, y ya no hay nada que hacer. Nada. Y eso de pobre, claro, es un eufemismo. Porque en realidad lo que me sale del forro decirle es “bien hecho”.

Y me explico. La crisis de los “petroaudios” que se tiró abajo a todo el Gabinete Del Castillo requería de un golpe de timón radical, que evitara ahondar en la percepción de que dicho escándalo de corrupción no era sino la constatación de que el aprismo no ha cambiado un ápice respecto de lo que vivimos en los ochentas, con el mismo Alan y los actores de reparto de siempre. Ergo, colocar a otro aprista en el lugar de Del Castillo podía interpretarse como que no había espíritu de enmienda. O algo así. Entonces al astuto García se le ocurrió que debía convocar a un independiente, para eliminar así cualquier atisbo de sospecha. ¿Pero a quién? ¿A Pepeká? No. Muy cazurro. Tiene ideas propias y vuelo propio. Y hasta negocios propios. Debía ser alguien con algunas distancias respecto del partido, que caiga bien o sea neutro ante la opinión pública, y al que se le pueda manejar, y, eventualmente, incinerar, o descartar como a un vaso de plástico del McDonalds. Y si es un potencial candidato a la Presidencia de la República, mejor. Ya sea para quemarlo o, si la hace más o menos bien, para que se vaya agradecido, debiendo favores. Eso es: Yehude Simon.

Y así fue. Simon no lo pensó mucho. Creyó —lo sigue creyendo, ingenuamente— que su paso por el Premierato le servirá de plataforma para su salto a la primera magistratura en el 2011. Y, de esa manera, se lanzó sin demasiados miramientos al pozo infestado de cocodrilos. Él parece no darse cuenta todavía, pero desde ese momento, y hasta la fecha, lo único que hemos podido apreciar los peruanos es a un Premier con mucho talento para meter la pata pero poca pericia para gobernar. Eso sí, siempre cantando bajo la lluvia en plan Gene Kelly. Así, su primer anuncio importante luego de nombrar a su Gabinete fue advertir que hay dos ministros que se le van (las lenguas chismosas afirman que se trata de Verónica Zavala y Ántero Florez-Aráoz). Probablemente ello ocurra hacia la Navidad, época en que la política importa un bledo (en realidad siempre importa un bledo, pero en Navidad importa menos). O sea, en lugar de irradiar estabilidad, anticipa precariedad. Luego augura enfrentamientos y discrepancias con su Ministro de Economía, que es de los que prefiere pensar con estadísticas, sueña con razonamientos porcentuales, se lleva bien con la Confiep, y es como el litio para García.

Más todavía. En su primera crisis ministerial, en la que el flamante Hernani decidió sacar al general Octavio Salazar, con el que obviamente se llevaba mal y venía de los horrísonos tiempos de Alva Castro, Simon decidió avalar a Salazar, descolocando a Hernani, quien sintió que, en lugar de recibirlo con alfombra roja, su jefe le estaba jalando el felpudo. Con él encima, por cierto. Para remate y con el talante de un San Jorge matando un dragón, recapacitó (o alguien le sopló al oído las palabras mágicas: “la cagaste”) y optó por respaldar a Hernani. Pero el daño ya estaba hecho. Al punto que en un momento no se sabía quién tenía más peso: si Hernani o Salazar. O si los dos pesaban igual. O si los dos ya no valían nada, y simplemente se habían convertido en mercancía electoral, listos a ser cambiados en cualquier momento, como de hecho ya ocurrió con Salazar, que ha sido reemplazado por el general Mauro Remicio.

Como sea. Lo único que ha quedado claro es que Simon es una persona sin los atributos necesarios para el cargo. Y alguien de esas características no puede durar mucho. Al punto que Alan García, como yo, ya se dio cuenta de su error y le ha pedido al país “un esfuerzo de generosidad para ayudar a este hombre”.
Por mí que lo cambien mañana mismo. Y que su actuación quede para el registro. Buena gente, Simon, pero como gobernante es un incompetente. Igual que García. Así estamos.

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Publicado en la revista Derecho y Sociedad, Noviembre del 2008 Sigue leyendo →

Publicado en El Comercio el 20 de julio del 2008

El escándalo producido por la pelea de los congresistas Torres Caro y Espinoza Soto marca la más profunda crisis en la imagen del Congreso en los últimos años. Lo que vimos y leímos es una vergüenza para ellos y para el país.

Pero estos personajes hacen daño hoy al Parlamento cuando ya deberían estar fuera de esta institución. Son dos tránsfugas que escandalizaron también en el 2006 cuando lo primero que hicieron al llegar fue abandonar las filas del partido que los llevó ante el electorado. Se salieron del Partido Nacionalista para ofrecerse al mejor postor, en este caso el partido de gobierno desesperado por armar mayoría a cualquier costo.

En otros países el tránsfuga incurre en causal de vacancia. No es un castigo sino la consecuencia de la ruptura entre el partido que lo propuso al electorado y el representante elegido como parte de ese partido. Pero es una manera de librarse de elementos cuya conducta puede degenerar aun más y dañar más todavía a la institución.

Espinoza fue el congresista que difamó al ex presidente Toledo con la denuncia de una ciudadana que se demostró falsa y no le pasó nada. Torres Caro llegó a la vicepresidencia con una trayectoria parlamentaria que solo resalta por su oportunismo. Desprestigian al Congreso y han degenerado el ambiente hasta un extremo que no guarda comparación con períodos anteriores. En su conversación grabada aparecen como lo que son, oportunistas que van al Congreso para priorizar sus intereses personales. Sus métodos no los aceptaría la gente de ninguna empresa o entidad que se respete: se graban a escondidas y divulgan el contenido, se denuncian entre ellos y utilizan para sus fines a asesores que paga el Congreso. Hay indicios de tráfico de influencias y otros delitos.

Hay que cortar por lo sano, pero me temo que el actual Congreso no va a cambiar las reglas de juego y, por tanto, solo habrá sanciones menores que no los excluirán del Parlamento, lo único que a estas alturas podría mejorar la imagen. Es que, lamentablemente, el partido de gobierno sigue creyendo que para gobernar es indispensable la mayoría absoluta y, por tanto, es también responsable de que estos personajes tengan vigencia.

Una muestra de ello la dan los parlamentarios fujimoristas que acaban de anunciar su voto, chantajeando hasta el final y recordándonos a todos los peruanos que es corrupto todo aquel que defiende corruptos. Ya ha sido condenado por un delito típico de corrupción el autócrata que ellos defienden. ¿Por qué nos extraña que sus seguidores usen el cargo público para sus fines?

El Partido Aprista tiene una enorme responsabilidad en este Congreso, no solo por su número sino por su experiencia. Lamentablemente, es el peor cuchillo cuando está en la oposición y solo sabe gobernar ‘mandando’. No logra concertar y eso no es herencia de Haya de la Torre. Su manera de hacer política debiera revisar los pocos momentos en que se construyó consensos y se pudo avanzar. Los hay y el jefe del Gabinete, Del Castillo, jugó un papel importante. No es indispensable la mayoría absoluta cuando hay capacidad política. Pero la vanidad y la autosuficiencia no ayudan.

En el Perú de hoy todos los ciudadanos que pensamos con nuestra propia cabeza, individual o asociada, somos “perros del hortelano”. Sigue leyendo →

Los dos últimos oficiales mayores han renunciado tras hechos que no pueden tener solo responsables administrativos. Allí se centra la noticia y sospechamos que hay quienes quisieran que todo quede en ese nivel. Por eso crece la opinión de que allí la soga se rompe por el lado más débil. Alterar el texto de una ley no es algo verosímil sin intervención política, menos aun si el cambio no termina en una incongruencia del texto sino, como esta vez, en otra opción de política. Pero de inmediato se pasó a responsabilizar a los funcionarios. Se habla de la intervención de un congresista. ¿Se le ha investigado? No. Pero ya comienzan a rodar cabezas de funcionarios.

Antes de que firme el presidente del Congreso, la autógrafa es revisada y rubricada por el director general parlamentario y el oficial mayor. Ellos dan fe ante el presidente de que el texto es, exactamente, lo que votó el Pleno. Solo así pueden firmar el presidente y un vicepresidente pues su función no permite manejar ni revisar todo el articulado.

Aquí se ha hecho firmar al presidente un texto distinto del que fue votado y quienes tenían la función de detectar el cambio o no lo detectaron o se coludieron con el interesado en cambiarlo. En el primer caso es una grave falta administrativa. En el segundo caso es un delito y hay que investigarlo. Aquí tampoco hay “obediencia debida” a nadie.

El servicio parlamentario actúa dando fe del cumplimiento de determinadas reglas del juego y el oficial mayor es la cabeza del sistema. Es imposible que no le alcance responsabilidad. Para evaluarla hay que ver si sus subalternos cumplieron su deber. No tiene razón de ser su firma si no supervisa lo actuado y si firma confiando y sin leer tiene que asumir las consecuencias Sigue leyendo →