Terminó el año 2012 con escándalo por el alza de sueldos de los parlamentarios, poco después de que se negara al Poder Judicial la nivelación de los jueces superiores. Vuelve la danza de medias verdades en la información y no han faltado quienes por este hecho hablan de cerrar el Congreso: extrañan la autocracia. Son expresión de una cultura política tradicional autoritaria y antidemocrática. Desprecian a los parlamentarios, rechazan la deliberación –la entienden como pérdida de tiempo- y sólo buscan un jefe, que cuando se desgaste caerá porque esa es la experiencia de todo régimen autoritario. ¿Cómo tendremos un Congreso mejor si el modelo viene de la campaña mediática deFujimori que demagógicamente proponía pagarles el salario mínimo?

Otra vez algunos parlamentarios renuncian al aumento porque son conscientes de que los desprestigia. Al hacerlo afectan su relación con sus pares y dejan peor sabor a quien observa de lejos. La mala conciencia proviene de ver que sus sueldos son muy distantes de los de la mayoría de ciudadanos, algo que no afecta ni al empresario, ni al tecnócrata ni a otros funcionarios y autoridades porque nadie pone los reflectores mediáticos en ellos.

Veamos cifras: el Contralor, el Presidente del BCR o la Jefa de la SUNAT reciben hoy más de 33,000 soles y un Juez Supremorecibe 27,117 porque suman al sueldo -15,600 igual que un congresista- un bono jurisdiccional. ¿Tienen más responsabilidades públicas que un Congresista? No, pero se usa el argumento de que los tecnócratas y funcionarios deben estar bien pagados. Se confunde autoridad pública con tecnocracia y la Constitución es muy clara en su artículo 39 en fijar el orden jerárquico de los altos cargos.
El año 2003 un diario comenzó la campaña sin motivo aparente, cuando ni ese ni los años anteriores se había subido ni el sueldo ni los gastos operativos. Su titular decía “No se bajaron los sueldos” alegando con falsedad que lo habíamos ofrecido. La campaña se extendió. Quedé convencido de que en defensa de la legitimidad del Parlamento y otros altos cargos, había que dejar que el poder administrador fije los sueldos, expidiendo la ley 28212 que regulaba la forma en que actuaría. Se establecía por Decreto la unidad de medida (URSP), se fijaba el sueldo del Presidente (hasta 10 URSP) y los altos cargos que le siguen (congresistas,ministros,miembros del consejo de la magistratura, jueces supremos, contralor etc) hasta 6 URSP, algo menos los Presidentes regionales y Alcaldes. Se prohibían gastos operativos, bonos etc. Los gastos que cualquier funcionario realiza fuera de la ciudad en que vive deben ser pagados por la entidad y no por el funcionario. Me costó agravios de mis colegas pero suprimí la tercera gratificación que daba el Congreso porque la ley dispuso que sólo se pagarían 12 sueldos y dos gratificaciones al año. La unidad de medida se estableció en el gobierno de García, el sueldo de los parlamentarios subió de 10,000 a 15,000 pero se rebajó a los demás y luegoaparecieron, otra vez, gastos operativos, bonos etcEn el Congreso ahora no se rinden con boleta o factura los gastos operativos y se les descuenta impuesto a la renta como para confirmar que son sueldo.Suman pues 22,900, o sea menos que los funcionarios mencionados, Se ha criticado, con razón, que por la manera de aplicar esta ley migraron muchos funcionarios al sector privado ¿y porqué ese argumento no vale para los congresistas? Eso es demagogia o rezago de la vieja cultura política antidemocrática.

No se apreció la importancia de cortar esta competencia hacia el alza y el desorden continúa por decisiones que incumplen lo esencial: sólo el Ejecutivo fija los sueldos y no debe haber otro ingreso adicional. Aunque los parlamentarios han rectificado la decisión se ha afectado la gobernabilidad democrática.
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