Luis Castañeda Lossio mostró su capacidad ejecutiva desde el comienzo de la década del 80, cuando fue responsable de la reubicación de los vendedores ambulantes en Polvos Azules con el alcalde Orrego, y lo confirmó con el alcalde Barrantes cuando se hizo cargo de Emape, la primera administradora del peaje invertido en obras. Fue entre 1980 y 1986 regidor metropolitano elegido por Acción Popular y lo hizo muy bien.
En los años 90 su capacidad ejecutiva lo llevó al IPSS y al error político de asumir un cargo dentro de la autocracia fujimorista. Fueron pocos los políticos que optaron por el autócrata, pero muchos los profesionales y los empresarios que lo hicieron. Lo pagó caro en los años finales, cuando los siameses Fujimori y Montesinos lo atacaron sin piedad para dañar su candidatura presidencial.
Hay varios ejemplos similares en la historia, pero el mayor sigue siendo el de Pedro Beltrán, quien tras apoyar activamente el golpe de Odría contra Bustamante y ser su presidente del BCR terminó en prisión. En las autocracias se obedece sin dudas ni murmuraciones.
Los ciudadanos tenemos que preguntarnos por qué este alcalde —casi mudo— tiene una enorme aprobación en Lima, aunque esté descendiendo. No tengo duda de que las obras que viene haciendo llegan a mucha gente. El Metropolitano, la más importante y la causante de su crisis actual, puede ser emblemático signo de la incapacidad de nuestra clase política en el siglo XX. Estamos llegando a 50 años sin un transporte rápido masivo, porque hace 50 años que enterraron los tranvías y los reemplazaron por nada. El vacío lo llenaron los caóticos microbuses. El Metropolitano es la primera obra que ya podemos ver, aunque no usar.
A todo meter Alan García compite con su tren fantasma (el mismo que impuso sin financiación ni trazo técnico para sacar a Barrantes de la alcaldía en 1986), en un tramo casi similar de Lima sur al Centro de Lima que no sabemos si esta vez se ha sincronizado en un solo plan.
Pero hay otras obras de Castañeda que impactan. Me han hablado del parque Sinchi Roca. Por mi nieto Valentín, quien dijo “agua” antes que “mamá” y porque lo repite sin cansarse, conocí los juegos de agua, luces y preciosa música en el Cercado y corregí mi errada impresión de que era un dispendio porque vi personas de todas las clases sociales gozando de un espectáculo de primera y al alcance de todos; verdadero servicio público.
El alcalde Castañeda merece el reconocimiento ciudadano por hacer obras que llegan a muchos peruanos que viven en Lima y enfrentan necesidades vitales que con tanta estrechez de miras otros se han negado a priorizar. Pero sería un error no advertir que hacer obra pública no es igual que gobernar.
El cargamontón de hoy y la sospecha creciente sobre su gestión lo demuestran. Todo político tiene que vivir en comunicación con la ciudadanía y solo es estadista el que combina eso con la mirada puesta más allá de la coyuntura. Un gobierno necesita uno y más ejecutivos, pero la cabeza tiene que vivir pendiente de las relaciones con todos porque gobernar en democracia es, al fin de cuentas, administrar libertades y derechos que usamos y exigimos de manera contradictoria los ciudadanos, deliberando cara a cara unas veces, y a través de los medios de comunicación siempre. Por no hacerlo, Castañeda enfrenta en estos días la sospecha casi sistemática de muchos interlocutores. Eso puede ser incentivado por sus envidiables resultados en las encuestas, pero no sería esta la situación si hace tres o cuatro años, cada vez que se ampliaba el presupuesto de la obra o se corregía el proyecto inicial, se hubiese debatido, comunicado, deliberado públicamente en el concejo, con la presencia en los medios. No es un problema solo de comunicadores profesionales, es que la ciudad y el Gobierno Nacional requieren del ejercicio de un liderazgo democrático, algo que no se hace con ladrillo y cemento.
Los 90 fueron, en frase de Carlos Iván Degregori, los años de la antipolítica. Probablemente influyeron en las opciones del alcalde Castañeda que siempre declara que no tiene tiempo para lo esencial de la función de todo político en democracia. Esa atención es fundamental para que el liderazgo en la política ayude a integrar una sociedad con tantas fuerzas centrífugas.
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Ollanta Humala pidió la vacancia por incapacidad moral del presidente García tras los luctuosos sucesos del sur. Mal gesto si es un demócrata, porque el presidente no es el responsable político de la incapacidad de su ministro del Interior que, otra vez, es solo un ministro de policía, incapaz de poner la política y la negociación antes de los hechos violentos. Pero, sobre todo, porque no se trata de la gravedad que tuvo el único precedente de aplicación de este artículo constitucional.

Fui parte del Congreso que abrió la transición política declarando la vacancia del autócrata que se fugó del país aprovechando un viaje oficial y renunció desde Japón sin que siquiera sus ministros —responsables políticos de sus actos— refrendaran o estuvieran con él. Le ahorramos a un país traumatizado por el maltrato cobarde de su primer mandatario, la crisis y el debate sobre si esa renuncia sin referendo ministerial era válida o si su presencia no autorizada en Japón era un abandono de cargo.

La vacancia por incapacidad moral permanente no es un recurso ordinario, utilizable en cualquier conflicto político. La democracia es la ciencia y el arte de los límites y eso no lo ha comprendido Ollanta Humala. Pero tampoco lo comprendió García ni el Partido Aprista. Por eso hoy sostenemos que le han pagado con la misma moneda al actual inquilino de Palacio.

Contaré una anécdota que ilustra lo que digo. Al finalizar enero del 2004, acabando la legislatura ordinaria y siendo presidente del Congreso recuperé la vieja costumbre de declarar clausurada la legislatura antes de concluir la última sesión. No se había hecho en los años precedentes. Es una fórmula simple que no toma más de dos minutos pero conlleva algo importante: el presidente del Congreso ya no puede ampliar la legislatura. Yo ya lo había hecho desde el 15 de diciembre hasta finalizar enero. Quedaba un mes y era mejor para los congresistas y para el país que no sesionara el Congreso. Yo tenía sospechas, pero no seguridades de que me querían obligar a ampliar la legislatura. Al día siguiente decidí descansar, no fui al Congreso ni pedí el carro oficial. Pero en la tarde me llamó el presidente Toledo y hasta me envió un auto a recogerme. Llegué a Palacio y lo encontré con el almirante que dirigía el órgano de Inteligencia. Me enseñaron una moción firmada por buena parte de la Célula Parlamentaria Aprista que pedía su vacancia por incapacidad moral y base para que me reclamaran ampliar la legislatura para ese tema. Oralmente me dijeron que hubo una reunión con gente de Unidad Nacional, aunque no estaban sus firmas. Pero tuve en mis manos la moción aprista.

Mi respuesta los hizo reír. Me disculpé por no poder servirlos, les conté que había perdido la facultad de ampliar la legislatura que me podía exigir un número mucho menor de parlamentarios (72) que los necesarios para exigir al presidente una legislatura extraordinaria (80). Me retiré preocupado pero satisfecho.

Es que desde el año anterior, García concluyó que todo apoyo al Gobierno que hacía operativa la transición lo afectaba en sus posibilidades electorales. Por eso sabotearon la reforma constitucional que con el vigoroso esfuerzo de Jorge del Castillo empujamos y por eso rompieron la mesa directiva concertada que dos veces encabezó Carlos Ferrero en gestión leal con los opositores.

En ese momento era importante afirmar la institucionalidad democrática, tan débil, y salir de la autocracia por caminos constitucionales y no por otro golpismo. El Partido Aprista tiene deudas democráticas con la historia en esta etapa y en el primer gobierno de Belaunde que sus dirigentes deberían evaluar con sinceridad, indispensable para la autocrítica. Es valioso un partido que hace oposición, deja de serlo cuando la mira particular se antepone al interés nacional y democrático. Eso ha ocurrido en estas etapas y yo puedo decirlo cara a cara porque me he negado siempre a hacer antiaprismo y a excluir. Los peruanos necesitamos un Partido Aprista que sea un pilar de democracia junto con otros. Así no lo va a ser.

Nunca acepté que se trate a Humala como un candidato antisistema ni creo que lo ha sido. Pero esta crítica lo incluye. No se puede aceptar que para el opositor “todo vale” y tiene razón en indignarse por los muertos de esta reciente violencia, pero centremos el tema donde debe estar: el Gobierno tiene el deber de prever y una toma como esta en las carreteras no puede ser sorpresa para ningún gobierno mínimamente eficiente. Se actúa en el momento y se minimiza la violencia. Más aun, el Ministerio del Interior tiene que ser una estructura de comunicación y diálogo con el país y no un simple ministerio de policía. La policía actúa después y apoya; actúa a tiempo no cuando las masas se han instalado. Lo ocurrido muestra una vez más que no existe ni inteligencia ni dirección política. Pero no agreguemos a las fallas del Gobierno una masacre institucional. Yo apliqué una sentencia del TC que exigía votación calificada para la vacancia presidencial, corrigiendo un error de los fujimoristas que afectó al autócrata. Protestaron los apristas tras perder la votación porque creían ayer como hoy que solo vale la regla cuando les conviene. Pero hoy eso salva a García de la acusación de Humala. ¿Entenderán alguna vez las reglas del juego? Sigue leyendo →