Recientemente, revisé un caso que me dejó reflexionando sobre los retos que enfrentan las personas en su búsqueda de justicia.

Se trata de una demanda de nulidad de acto jurídico, en la que una señora, buscando proteger su derecho de propiedad sobre un bien social, solicita la anulación de la transferencia realizada por su cónyuge a un tercero.

En el proceso, la demandante pidió una anotación de demanda como medida cautelar. Sin embargo, debido a demoras en el sistema judicial, dicha medida fue concedida dos años después, cuando el bien ya había sido transferido a otra persona.

Este retraso generó una situación compleja, ya que el nuevo propietario fue incluido en el proceso como “litisconsorte necesario”, a petición de la demandante, con la expectativa de que ello resolviera el conflicto. Sin embargo, esto no tuvo en cuenta dos aspectos clave:

  1. El petitorio no puede modificarse una vez que la parte demandada ha sido notificada.
  2. El nuevo propietario no formaba parte de la relación jurídica sustancial ni se vería directamente afectado por la decisión del caso, ya que la nulidad de un acto jurídico no implica automáticamente la nulidad de actos posteriores. Es decir, si se declara la nulidad de un contrato, dicha nulidad solo afecta a ese acto específico, sin afectar necesariamente las acciones o contratos celebrados posteriormente.

Aunque la demandante logró la nulidad de la primera transferencia, el fallo no tuvo efectos sobre la segunda transferencia al tercero, lo que obligará a iniciar un nuevo proceso judicial para cuestionar esa transacción.

Este caso evidencia la vulneración del derecho a una tutela jurisdiccional efectiva por dos razones principales:

  1. La demora en la tramitación de medidas cautelares, que impide proteger los derechos de manera oportuna.
  2. Errores procesales y falta de estrategias adecuadas, que pueden colocar a los demandantes en situaciones desfavorables.

¿Cómo puede el sistema judicial mejorar en eficiencia y asegurar que las medidas cautelares cumplan su propósito? Y, como abogados, ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras estrategias procesales y defender eficazmente los derechos de nuestros clientes?

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