En esta oportunidad, abordamos un caso de interdicto de retener que ofrece importantes lecciones sobre la importancia de la gestión adecuada de los conflictos judiciales y el impacto de las estrategias procesales en la duración y los resultados del proceso. Este caso, iniciado en 2017, concluyó en 2024 tras dos anulaciones de sentencia, evidenciando los perjuicios generados por la prolongación innecesaria del conflicto.

Contexto del caso

El caso se basó en una acción de interdicto de retener presentada debido a actos que perturbaban la posesión de un inmueble destinado a actividades comerciales. La parte demandante alegó que la obstrucción del acceso al inmueble, ocasionada por la colocación de candados y el alineamiento de camiones, había afectado gravemente su actividad económica. Como resultado, se solicitó no solo el cese de las perturbaciones, sino también una indemnización por daños y perjuicios.

El papel de la parte demandante en la prolongación del conflicto

Aunque la parte demandante buscaba proteger sus derechos posesorios y obtener una compensación por los daños sufridos, su actuación procesal no estuvo exenta de cuestionamientos. Algunas de las decisiones adoptadas contribuyeron a la extensión innecesaria del litigio, incrementando los costos y los perjuicios asociados. A continuación, se destacan algunos puntos clave:

1. Estrategia procesal limitada: Desde el inicio del proceso, la parte demandante no presentó pruebas suficientes para acreditar plenamente los montos reclamados por daños y perjuicios, como el lucro cesante. Aunque se argumentó que la obstrucción afectó gravemente las operaciones comerciales, no se aportaron elementos probatorios concluyentes que justificaran las cifras reclamadas. Esto debilitó su posición y generó demoras en la resolución del caso.
2. Falta de acción inmediata: A pesar de alegar un perjuicio significativo desde 2016, la parte demandante permaneció en posesión del inmueble durante ocho años, lo que resulta contradictorio con la gravedad del daño alegado. Esta inacción plantea interrogantes sobre la urgencia de las medidas adoptadas y sobre si se exploraron otras alternativas para mitigar los daños mientras se resolvía el conflicto judicial.
3. Ampliación innecesaria del daño: En lugar de buscar soluciones rápidas y efectivas, la parte demandante se enfocó en prolongar el proceso judicial, lo que incrementó los daños económicos alegados. Esto resulta paradójico, ya que una empresa verdaderamente afectada en su actividad comercial debería priorizar acciones que eviten su quiebra, en lugar de depender exclusivamente de un proceso judicial prolongado para resarcir los perjuicios.

La actuación de la parte demandada

A diferencia de lo que podría suponerse, los daños alegados no fueron generados exclusivamente por las acciones de la parte demandada. Si bien esta última colocó el candado y obstaculizó el ingreso al inmueble, la prolongación de la disputa no puede atribuirse enteramente a su conducta. Por el contrario, fue la inacción de la parte demandante y su falta de diligencia en buscar soluciones alternativas las que ampliaron el conflicto y, por ende, los perjuicios alegados.

Cabe preguntarse si la demandante, al permanecer durante ocho años en el inmueble sin buscar una resolución definitiva o mitigar el impacto económico, realmente experimentó un daño tan severo como el que argumentó. Este hecho pone en tela de juicio la autenticidad de los perjuicios y evidencia cómo la gestión inadecuada de un conflicto puede ser tan perjudicial como los actos iniciales que lo originaron.

Lecciones del caso

La prolongación de este conflicto judicial subraya cómo una actuación inadecuada de las partes, tanto demandante como demandada, puede generar impactos negativos que trascienden el ámbito del litigio. En este caso, la parte demandante contribuyó a ampliar los daños al no actuar de manera diligente y oportuna, mientras que la parte demandada perpetuó el conflicto con acciones que afectaron la posesión del inmueble.

Reflexión final

Este caso nos recuerda que los litigios deben gestionarse con estrategias claras y orientadas a la resolución efectiva de los conflictos. Tanto demandantes como demandados tienen la responsabilidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos, ya que ello no solo genera costos adicionales, sino también perjudica la confianza en el sistema judicial.

La resolución de conflictos debe enfocarse en garantizar una justicia rápida, eficaz y equitativa, promoviendo el uso responsable de los recursos judiciales y evitando la extensión injustificada de los daños y perjuicios.

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