En el ámbito jurídico, las medidas cautelares cumplen una función fundamental: proteger derechos mientras se resuelve el fondo del conflicto y garantizar que lo resuelto en el proceso sea eficaz. Sin embargo, cuando una medida cautelar es desproporcionada o inadecuada para la pretensión principal, puede desvirtuar el proceso y generar complicaciones adicionales, afectando no solo a las partes, sino también al equilibrio de justicia.

Un reciente caso de impugnación de acuerdo en una empresa EIRL demostró la importancia de evaluar cuidadosamente la idoneidad de las medidas cautelares. En este caso, el demandante cuestionaba la elección de la nueva directiva por presuntas irregularidades en la votación y solicitó una medida cautelar de embargo en forma de administración. Esta es una de las medidas más invasivas, ya que otorga al designado el control sobre la administración de la empresa. El juzgado concedió la medida y, sorprendentemente, designó al propio demandante como administrador cautelar de la empresa.

Las Consecuencias

1. Distorsión de la Representación Procesal
   Al otorgar la administración cautelar al demandante, se consolidó en una sola persona la representación tanto del demandante como del demandado. Esto desvirtuó la naturaleza del proceso, que se fundamenta en la contraposición de intereses, ya que el demandante pasó a responder a sus propios requerimientos. En la práctica, las notificaciones y solicitudes que deberían dirigirse a una parte contraria se enviaban al mismo demandante, quien ahora actuaba en dos roles. Esta consolidación afectó el equilibrio procesal e impidió una adecuada evaluación del conflicto.
2. Inadecuación de la Medida Cautelar
   La instrumentalidad de las medidas cautelares significa que estas deben servir únicamente como un mecanismo de respaldo para asegurar la efectividad del proceso principal, que en este caso era la impugnación de la elección. Sin embargo, la medida de administración otorgada aquí no era idónea para esta pretensión de fondo. La demanda principal buscaba la nulidad de la elección de la nueva directiva, y, por lo tanto, la medida cautelar debió alinearse con este objetivo sin conferir la administración a una persona cuyo mandato ya había caducado. La instrumentalidad de la medida quedó comprometida, ya que el demandante asumió un control que no estaba justificado para proteger la esencia del proceso.
3. La Gravedad de la Medida Aplicada
   La administración cautelar es una de las medidas más gravosas en el ordenamiento jurídico, utilizada solo en casos extremos y cuando no es posible optar por un embargo en forma de intervención. En este caso, se aplicó una medida desproporcionada y excesiva. El juzgado no consideró la posibilidad de aplicar una medida menos invasiva, sobre todo, atendiendo al fin del proceso: la nulidad de la elección del nuevo representante.

Reflexión Final
Este caso ilustra cómo una medida cautelar que no respeta los principios de instrumentalidad y proporcionalidad puede traer más perjuicios que beneficios, tanto al proceso como a las partes involucradas. La instrumentalidad implica que las medidas cautelares no deben tener un fin en sí mismas, sino servir al proceso principal asegurado, protegiendo los derechos sin alterar el equilibrio de intereses ni la esencia del conflicto.

La proporcionalidad y adecuación de las medidas cautelares son esenciales para evitar situaciones en las que el proceso, en lugar de garantizar justicia, termine causando daños adicionales. Toda medida cautelar debe ser ponderada y justificada en función de su pertinencia para asegurar la finalidad del proceso principal.

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