Mi línea de base

Era solo abogado cuando decidí mirar a otro lado y empecé por la educación superior, más que con el afán de enseñar en la universidad, con el fin de aprender el problema que supone, pues consabido es que de ella proviene casi toda nuestra desgracia en materia de desarrollo, conocí mucha gente y amplié mis intereses por colaborar en este ámbito, es más, creo que este es el sector que más lee y revisa mi blog por cuestiones de derecho laboral público.

Me di cuenta luego que tampoco bastaba eso, así que de manera paralela a mi paso por la gestión pública empecé con los estudios en gestión y políticas públicas, claro, esto ayudó aún más a conocer la realidad y verla desde un punto de vista objetivo, entendí además la necesidad de vincular los problemas sociales con todas las ciencias, materias y disciplinas humanas que pueden ayudar a resolverlos, créanme que a veces son más necesarios un agricultor y un cocinero que un buen abogado.

De manera paralela a esto me hice microempresario e invertí todo lo que tenía en un restaurante que desarrollé como microempresa, con el objeto de desarrollar servicio turístico y ser el millonario que obviamente hoy no soy, porque resulta que sostener una empresa que recién empieza y darle trabajo a más de seis personas es una labor en la que uno mismo pone en riesgo su existencia, fracasé y decidí volver al derecho y del mismo modo hacer una empresa de esto, y repetir la historia para generar ingresos para quienes me colaboran; tras este camino aprendí mucho y me atrevo a decir que puedo ver con cierta amplitud lo que otros ven nada más con interés, obviamente me dirijo a mis pares.

Lo que he visto de relación a las marchas contra el nuevo régimen laboral juvenil

Toda la semana he leído lo discursivo de los principios legales y derechos que se están conculcando con el nuevo régimen (Carlos Blancas, Javier Neves, etc. Ambos citados con muchísimo respeto), el dolor que eso puede generar en las personas, que ni siquiera gozan de tales derechos y que ni siquiera han salido a marchar, porque su principal interés estriba en la subsistencia en la que están sumidos.

He visto además que los manifestantes superan –en gran parte de casos- la edad del grupo etario que está supuesta y directamente perjudicado, pero no he visto a los verdaderos trabajadores subempleados, informales y a la fuerza laboral desempleada, que de acuerdo a las estadísticas de la propia OIT sí existen (13 % en desempleo y casi el 80 % en informalidad), haya salido a protestar con nombre propio.

He visto más gente, que además de usar las redes como herramienta de coalición de personas (Buena estrategia, pues está de moda en el mundo), la usan para ufanarse de la lucha que están emprendiendo o acompañando (Como si todos tuviesen tiempo para ello), probablemente sin conocer el rumbo y aprovechando la juventud, desconocimiento e inexperiencia de la muchedumbre para sus fines particulares.

Sí, aspirantes en política, aspirantes al congreso, aspirantes a la reelección congresal, ex congresistas desaforados, abogados con afán de figurar en una y mil demandas de inconstitucionalidad, que bien saben que no prosperarán, eso es lo que con objetividad he visto.

¡Ah! Para que no me digan dueño de una transnacional, ayudante de Humala, adjunto de la CONFIEP, también he visto que los medios no informan con objetividad todo lo relacionado a la marcha que se realizó, sí, no eran decenas como dijo El Comercio, probablemente eran cincuenta mil en todo el Perú, de los, por lo menos, siete millones de jóvenes o más que deben existir ¿Bajísimo porcentaje no?

Eso sí, esa mala prensa, ha mostrado de manera sugerente el discurso de Alan García en San Juan de Lurigancho, como mil veces, de manos de su compadre, el tecnócrata y para nada cuestionado Carlos Burgos, avivando a la juventud siempre bien informada, todo un estadista. Esto además confirma la alianza APRA – Solidaridad Nacional ¿No? (Tengo arcadas en este momento)

Eso es lo que básicamente he visto y oído, además de las típicas frases populistas:

1. Se están vulnerando los derechos fundamentales y –más- básicos siguientes: Dignidad, Igualdad, Trabajo, etc.
2. Las empresas no van a renovar los contratos y van a colocar a muchos jóvenes en la congeladora durante noventa días para que sean contratados por éste nuevo régimen.
3. Es una ley que forma parte del cuarto paquetazo económico, que al igual que los demás paquetes busca establecer un sistema económico sin ninguna restricción (ambiental, patrimonial ni humana), que va contra la idea de economía social de mercado, que el mismo Tribunal Constitucional definió como instrumental para la persona.
4. Esta ley sólo beneficia a las grandes y medianas empresas, no a las pequeñas donde está el grueso de empleados informales.
5. Es un lobby empresarial del más alto y asqueroso nivel.
6. La ley coloca al joven como mano de obra barata.

Respuesta a las frases

1. El CAS y el REMYPE, ya fueron materia de análisis por el Tribunal Constitucional, en las sentencias contenidas en el EXP. N°. 00010-2010-PI/TC y en el EXP. N°. 00002-2010-PI/TC. Por su parte el REMYPE, fue analizado en su coyuntura bajo las reglas contenidas en la sentencia emita en el EXP. N°. 027-2006-PI/TC. Cuando verifiquen las sentencias, verán que los principios y derechos que se citan, no perjudican el trabajo constitucionalmente entendido. Así que ello no pasa de ser una frase mitológica y típicamente usada con fines de protesta.

2. En relación al segundo punto, debo decir que tampoco es cierto lo que se vocifera, pues, si una empresa no le renueva el contrato a una persona y este ya se desnaturalizó, no queda sino aplicar el proceso para la declaración de un despido arbitrario con la consecuente reposición, eso está habilitado para todos los regímenes laborales, al respecto no cabe el drama; respecto de que los jóvenes estarán en la congeladora noventa días para darle figura al contenido de la norma, me pregunto ¿Puede un joven peruano promedio darse el lujo de no trabajar noventa días cuando vive de sí mismo? La respuesta también es obvia, el argumento pasa de retórico, tanto más que las prácticas anti sociolaborales están proscritas a nivel de fiscalización laboral genérica y en especial para el régimen planteado, en ello si deberá trabajar y mucho SUNAFIL.

3. En cuanto al tercer numeral, debo decir lo mismo, el propio Tribunal Constitucional ya se encargó de ello, tanto más que las medidas de este tipo datan de la década respectiva al Fujimorismo, al Toledismo, al Alanismo y demás, medidas que muchas veces han sido necesarias para reactivar la economía, que en buena cuenta es lo único que mueve al país, lo voy a resumir del modo siguiente:

1. Fujimorismo: privatizaciones y concesiones que decantaron en gran corrupción (Telefonía y transporte ferroviario).
2. Toledismo: créditos de financiamiento, concesiones para la explotación de recursos que también decantaron en gran corrupción (Explotación minera a gran escala).
3. Alanismo: acuerdo de promoción comercial con EEUU como pretexto para reformar el Estado con el paquetazo de junio del año dos mil ocho (Con el que se hizo de todo: CAS, REMYPE, Baguazo como muestra de su política ambiental, etc., y claro, los decretos de urgencia que exoneraron los proyectos de saneamiento básico y los colegios emblemáticos), tras ello, obviamente gran corrupción.
4. Humalismo: que ha seguido la misma rienda, ya con sus visos de corrupción que seguramente darán lugar a las próximas megacomisiones.

Todas estas medidas, que hoy no pretendo justificar, estuvieron bastante alejadas de la economía social de mercado como modelo especialísimo para el Perú, al respecto sugiero leer a Baldo Kresalja para entender lo poético de nuestro modelo en torno a su interpretación constitucional.

4. En relación al punto cuarto, debo reconocer que es una gran elucubración de la juventud, pues, si bien en el REMYPE (Que también está en un margen de informalidad empresarial) está el grueso de empleados informales, casi el 60 % de acuerdo a la OIT, no es menos cierto que, que más del 90 % de este tipo de empresas pertenecen a peruanos emprendedores y empresas familiares que lejos de proceder con “mentalidad de empleados”, procuran subsistir y generan empleo en niveles de informalidad. O sea nuestros queridos jóvenes proponen una reforma insustentada “peruano emprendedor contra peruano empleado”; es evidente que se necesita equilibrio dado que sin los primeros, los segundos sencillamente no existen y eso abona más a la informalidad, al desempleo y a la pobreza ¿Habrán reflexionado sobre esto los jóvenes? Las medidas de este tipo son una forma de solución pero de esto nos ocuparemos más adelante. Por otra parte la propia CONFIEP, ya precisó que el régimen ni les beneficia, ni les perjudica, pues, de acuerdo a sus propias estadísticas, su rubro no cuenta con trabajadores de este grupo etario en gran medida y en los casos que si sucede, se trata de personal al que está dirigido la ley, sin experiencia y sin calificación significativa, pero formal.

5. En torno al quinto numeral debo precisar que, en principio el lobby en el país no está proscrito, es más existe un registro de gestión de intereses, por ende es legal, el problema en el Perú es que la gestión de intereses se vincula directamente a la corrupción porque el Derecho Administrativo no se ha encargado de marcar la línea divisoria entre ambas, pero eso no es materia de debate, el punto es si las grandes empresas impulsaron este régimen y la respuesta nos lleva a la orilla de enfrente, pues, esto nació de la propuesta política de los hoy oportunistas y de los economistas que justifican precisamente la posición social de este tipo de medidas, sí, además de la propuesta política del perro del hortelano, esta medida fue exactamente lo que sugirió hacer el Premio Nobel de Economía Eric Maskin cuando estuvo en nuestra país, obviamente hay que saber que su posición no es precisamente de economista “neoliberal”, su posición se ciñe a que si nos preocupa de verdad el bienestar de aquellos jóvenes con dificultades de inserción en el mercado, hay que incentivar la capacitación con fondos públicos pero, a la vez, combatir la rigidez de la regulación laboral, es  decir, lo que persigue el nuevo régimen laboral juvenil (He temado el recuento de lo informado por Augusto Townsend); en la misma línea, la propia OIT, a través de Guy Ryder, director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuando se le consultó por la propuesta empresarial peruana para “combatir” la informalidad laboral propuso un régimen paralelo creado solo para que los trabajadores que hoy son informales pasen a la formalidad (El Estado falló en el consenso y en la estrategia de comunicación), pero bajo otras condiciones laborales. La propuesta incluye mayor flexibilización en las modalidades de contratación; una remuneración mínima sectorial; gratificación y vacaciones menores respecto a los que gozan los trabajadores formales. Dicho funcionario explicó que este debate no solo se da en el Perú, pero consideró que sería ilegítimo cuestionar los derechos fundamentales de los trabajadores, aunque no desestimó que haya espacio para una discusión tripartita (Estado, trabajadores y empresarios) sobre los mecanismos de contratación. ¿Entonces en qué quedamos?

6. Finalmente, en cuanto al sexto numeral, me pregunto ¿Se puede poner a un desempleado o trabajador informal en el lugar de mano de obra barata? La respuesta denota lo real, y para eso también tenemos estadística de acuerdo al INEI y la OIT, tenemos el 13 % de jóvenes en nivel de desempleo y caso el 80 % en nivel de informalidad ¿Qué más mano de obra barata podemos ser? No se está descubriendo la pólvora y en ello se marca la diferencia entre los miles de derechos que tenemos en el papel versus lo que recibimos en la realidad, con o sin ley, con o sin régimen, somos mano de obra barata, subempleada e informal ¡Vaya descubrimiento!

El problema y ¿La solución es estrictamente legal?

Gran parte de los manifestantes ven la ley como el problema, me pregunto al respecto ¿La ley solucionará el problema? La respuesta es negativa y ello es obvio, porque la ley no es el problema, el problema es la tasa de desempleo juvenil y alta tasa de informalidad, esto último es lo que queremos y deberíamos pensar en solucionar, solo que la mayoría de jóvenes se rehusa a entender o no entiende su magnitud en la creencia siguiente:

1. Las leyes cambian la realidad.
2. Las leyes resuelven los problemas públicos.
3. Es preferible que el derecho positivo nos irrogue derechos aunque nos los gocemos en la realidad.
4. La posición del derecho adquirido es inamovible y no puede cambiar de acuerdo a nuestra realidad.
5. La lucha es la única forma de solución cuando no existen partidos políticos y representación juvenil efectiva.

En ese sentido, la respuesta y solución no se vincula simplemente a un instrumento legal, la política pública tiene ser abordada de manera específica y técnica:

1. Necesitamos línea de base, estadísticas y data actualizada en torno a los niveles de empleabilidad, flexibilización laboral, desempleo e informalidad.
2. Necesitamos evaluar todo el sistema del régimen laboral privado y vincularlo a la realidad.
3. Necesitamos medidas legales y procedimentales de implementación efectiva, para regular la actividad laboral diversificada en términos de flexibilización laboral interna y externa, en el margen de lo permitido.
4. Necesitamos medidas de incentivo a la micro y pequeña empresa para fortalecer su capacidad de formalización empresarial y laboral.
5. Necesitamos medias inclusivas que garanticen situaciones de desempleo e informalidad, seguros, incentivos de capacitación, tributos diferenciados.
6. Necesitamos medidas de diversificación productiva para plantear diversificación laboral acorde al caso.
7. Necesitamos un sistema de fiscalización y control de obligaciones sociolaborales para verificar el estricto cumplimiento de las medidas con sanciones ejemplares para los informales declarados.

Todo este proceso debe ser continuo y vinculado a una política pública integral en materia de trabajo, solo así habremos reformado el sistema.

¿Qué dicen los datos científicos al respecto?

Gran parte de lo escrito ya ha sido referido en trabajos validados a nivel académico, cito acá las conclusiones del trabajo denominado Flexibilidad laboral e Iberoamérica, un análisis comparado, escrito por el profesor Manuel Alejandro Ibarra Cisneros, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Autónoma de Baja California, el precisa:

“La elaboración de un indicador sintético formado por tres componentes básicos e integrados a su vez por un total de 10 variables para evaluar normativas laborales nacionales, ha permitido establecer una comparación homogénea y precisa de 18 países de América Latina y el caso de España, citado con frecuencia como referencia para la aplicación de posibles reformas en América Latina.

Fruto de este análisis es la obtención de tres resultados de especial interés. En primer lugar, una ordenación del grado de importancia relativa de los criterios que inciden más directamente en el grado de rigidez laboral de los países analizados. En concreto, las normas relativas a los procedimientos de despido colectivo constituyen el factor más relevante, seguido de la disponibilidad de medidas de flexibilidad laboral externa e interna y, por último, de las modalidades y duración de los contratos por tiempo determinado.

En segundo lugar, los resultados suponen una puesta en cuestión de planteamientos que afirman, de forma genérica, que las economías de América Latina son extremadamente rígidas. Por el contrario, el indicador sintético de rigidez laboral que resulta de la combinación de los tres componentes ofrece una ordenación de países con amplias diferencias entre aquellos con un mayor grado de flexibilidad laboral de la zona (El Salvador, Uruguay y Perú), y los países con un grado de rigidez relativamente más elevado (Colombia y Paraguay). Entre las economías más importantes de América Latina, México y Brasil ocupan una posición intermedia, con valores de 1.36 y 1.62, respectivamente, lo que supone valores por debajo de la media de los 18 países considerados (1.68). En cambio, Argentina y Chile presentan dos de los valores más elevados (2.02 y 2.05 respectivamente), pese a algunas reformas realizadas en los últimos años.

En tercer lugar, el análisis comparado de cada uno de los tres componentes indica una mayor divergencia entre los países de la zona en aspectos normativos relativos a los procedimientos por despido colectivo (componente 1) y una cierta convergencia en elementos normativos relativos a modalidades de flexibilidad laboral externa y de flexibilidad interna, probablemente como consecuencia de las reformas laborales llevadas a cabo sobre estos aspectos en un amplio número de los países considerados.

Por otra parte, el hecho de que el único país no americano, España, haya registrado un nivel intermedio de rigidez laboral, muestra las contradicciones y dificultades que se derivan de los intentos de comparación entre países latinoamericanos y europeos. Mientras que en Europa los elevados niveles de rigidez, es decir, de protección laboral, suelen estar asociados a modelos económicos y sociales con elevados niveles de Estado del bienestar que no impiden lograr un elevado nivel de crecimiento y desarrollo económico, en el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, la protección laboral aparece como sustituto, al menos oficial, de la ausencia de niveles de protección social y asistencia pública, manteniendo normativas que, en algunos aspectos, no han sido modificadas desde hace décadas.

En cuanto al análisis específico de México, considerando su actual normativa y comparándola con la situación resultante de una reforma laboral en los términos planteados en los últimos años, los resultados obtenidos indican que a consecuencia de la denominada “Ley Abascal”, el mercado de trabajo mexicano pasaría del actual nivel intermedio de rigidez (menos elevado de lo habitualmente considerado), a situarse como el de mayor grado de flexibilidad de la región. Por componentes, mantendría estable su elevado nivel de flexibilidad en cuanto a procedimientos de despido colectivo, avanzaría hacia una posición intermedia en cuanto a disponibilidad, variedad y duración de modalidades de flexibilidad externa e interna, y pasaría a una posición flexible en cuanto a las modalidades y duración de formas de empleo a plazo.

Por último, cabe plantear algunas reflexiones finales en un sentido más amplio que el circunscrito exclusivamente al ámbito de la regulación de los mercados de trabajo. La utilización del criterio de rigidez laboral como instrumento de análisis de una parte relevante de cualquier economía resulta incuestionable y puede servir de base para plantear determinados ajustes orientados a mejorar su funcionamiento. Ahora bien, la utilización del ranking obtenido como criterio para extrapolar conclusiones en materia de competitividad o capacidad de desarrollo económico, o como indicador indirecto para concluir la necesidad de reformas laborales más o menos intensas, resulta claramente insatisfactoria.

Tanto a un lado como al otro del espectro de niveles de flexibilidad obtenidos, aparecen países con serios problemas económicos. Ni el grado relativamente elevado de flexibilidad en países como El Salvador, Uruguay, Perú, Honduras o Costa Rica, ni la elevada rigidez de países como Argentina, Chile, Panamá, Colombia o Paraguay, permiten establecer un claro perfil de relaciones entre economías con mayor o menor grado de éxito. Pudiéndose encontrar en ambos grupos ejemplos de países con resultados económicos positivos (Costa Rica, Chile) y otros con resultados muy negativos (El Salvador, Honduras, Paraguay y Bolivia).

El impacto que pudieran tener reformas laborales de cierta intensidad, como casi única medida de fomento de empleo, podría ser escaso, o incluso contraproducente en el contexto de los países con elevados niveles de economía sumergida, deficiencias en capacidad productiva, baja cualificación de la mano de obra y escaso o casi nulo nivel de protección social, sin el reforzamiento de las inversiones y la modernización de sectores productivos o el aumento del capital humano. Además, la introducción de flexibilidad laboral para dinamizar cualquier economía tampoco debería significar la eliminación de derechos ni el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente en países que no pueden compensar los posibles efectos negativos de reducciones en protección laboral con aumentos del nivel de protección social.

De nuevo en el caso paradigmático de México debe reconocerse que su legislación laboral necesita adaptarse a las nuevas condiciones sociales, económicas, productivas y demográficas, y no seguir manteniendo preceptos promulgados para una realidad laboral que ya no existe desde hace tiempo. Es un hecho aceptado que la Ley Federal del Trabajo ha beneficiado en las últimas décadas sólo a algunos segmentos de trabajadores, principalmente los pertenecientes a los grandes sindicatos de gobierno, empresas estatales y organismos descentralizados, dejando al resto sin los beneficios consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que constituye un claro ejemplo más de un mercado laboral segmentado (Piore, 1971) generador de ineficacias y desigualdades. Numerosos análisis empíricos concluyen que una de las claves para lograr elevar su nivel de crecimiento económico así como para normalizar su mercado de trabajo, consiste en una mayor flexibilidad laboral, siguiendo los pasos de países tan diversos como Argentina, España, Reino Unido o Dinamarca. Sin embargo, la experiencia argentina ha sido poco satisfactoria; mientras que en lo que respecta a los países europeos es difícil utilizar los mismos mecanismos, dadas las grandes diferencias entre las estructuras económicas, sociales, culturales y laborales de cada país.

Como referencia alternativa, los casos de relativo éxito de países como Chile o Costa Rica permiten considerar la necesaria implementación de una serie de reformas estructurales de toda índole y de una apertura gradual de la economía en los sectores más débiles, aunque sin olvidar la confluencia de otros factores exógenos, tales como la evolución positiva de determinados sectores exportadores de materias primas y de algunas manufacturas intensivas en trabajo, así como el mantenimiento de periodos de estabilidad económica y política o la existencia de niveles aceptables de protección social y servicios públicos.

Reformas estructurales en ámbitos de la economía mexicana o, en general, latinoamericana, tales como el sector energético, las manufacturas, las telecomunicaciones, el sector financiero, los sistemas de pensiones, la política fiscal, el sector educativo, la reducción de economía sumergida y la aplicación complementaria de una reforma laboral equilibrada, podrían dar paso no sólo al crecimiento coyuntural sino también al desarrollo económico más sólido del país.

En definitiva, se trataría de considerar, a la hora de determinar las estrategias de desarrollo y generación de empleo de cualquier país, un conjunto más amplio de factores y de sopesar con mayor cuidado el papel y grado de intensidad que deben ocupar las reformas de los mercados de trabajo en tales estrategias.”

Este y otros estudios nos permiten concluir que las medidas deben ser pertinentes a la realidad cada país, pues justamente derivan de su realidad, dado que ésta debe ser analizada con objetividad para generar una verdadera solución al problema, a la que todos podríamos aportar.

 ¿El discurso, la marcha, el balconazo, solucionarán el problema?

De acuerdo a todo lo antes anotado, el desconocimiento y la información en torno a las medidas no debería sacar de nosotros al incendiario oportunista que muchos aparentan, la demagogia y la política balcón ya no sirven, figurar tal vez, con fines electorales, pero eso le quita a uno la posición de estadista y de interesado en las soluciones reales y el verdadero altruismo en política, ya lo dijo Churchill: “El político se convierte en estadista cuando piensa en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.”