Crece la crítica porque el Ministerio Público ha archivado muchas denuncias contra altos funcionarios del gobierno aprista. Todos sabemos que este Fiscal y su antecesora vienen de familias vinculadas a ese partido. Aún más, a muchos universitarios de mi generación nos consta que, desde estudiantes, muchos apristas se preparaban para ser jueces o fiscales y eran parte de células partidarias organizadas con todo el derecho del mundo para hacer política, eso es otra cosa. Los apristas no son ni más ni menos corruptos que los demás y me atrevo a decir que hay mucho menos corruptos que en el infernal y tan fragmentado mundo de los “independientes”. Pero en todas partes se cuecen habas y lo grave es que el espíritu de cuerpo encubre a los corruptos. Por eso hoy sabiendo la filiación y el “círculo social” de muchos fiscales y jueces nos preocupa que estos casos de corrupción queden archivados.
Ciertamente el escándalo mayor fue el de la Fiscal que tiró abajo el caso Sánchez Paredes que por la magnitud de la investigación previa es inaudito que sigan “vivitos y coleando”. ¿Siempre ponen una fiscal provisional de medio pelo para el trabajo sucio? Es lo que muchos sospechan. Pero luego se trata de la máxima instancia y si bien Peláez ha declarado que los casos se pueden reabrir nadie conoce el porqué de cada resolución que se archivó, porque sigue primando la cultura del secreto y no la ley de transparencia y acceso a la información pública que dimos en el gobierno de Toledo, promovida apasionadamente por Anel Towsend.
Si la fiscalía archiva denuncias contra los ministros apristas (Del Castillo, Pastor, Chang etc.) la decisión debería ser explicada de manera simple y didáctica. Es un derecho del público y de cada persona denunciada que su reputación no puede quedar en la nebulosa. Denunciar a un ministro por usar un vehículo público cuando había dejado el cargo, aunque seguía siendo parlamentario, es una tontería a los ojos de cualquiera, salvo que tenga encono y eso nuble su vista, basta con la información de la fiscalía en su web que seguro permitirá ridiculizar al denunciante, pero lo ocurrido en los colegios emblemáticos y en el estadio nacional es más serio, y eso que hay peores denuncias.
El caso BTR, tras los escandalosos audios, es lo más grave de esa etapa y hay consenso en observadores y analistas: el gobierno aprista fue capaz de un adecuado “control de daños” y eso lo debió a sus hábiles operadores que fungían como oficiales de la policía, parlamentarios, jueces y fiscales. Ciertamente tuvieron la cooperación de otros funcionarios similares no apristas pero sí incapaces.
Solo se cuenta con información general de lo archivado y eso es insuficiente. Se requiere transparencia y análisis especializado caso a caso. Eso sólo es posible publicando todo y sin encerrarse en lenguaje que muchos no entienden, para eso sirve la WEB.
Urge cambiar y sólo con transparencia lo haremos. Tenemos que reclamar estos cambios desde todas partes.