Uso el nombre de una opereta porque a eso se parece la comedia de equivocaciones cuyo protagonista es el ministro de Defensa, personaje que tenemos ya que considerar nefasto para la democracia. En su última y accidentada conferencia de prensa ha reclamado tolerancia, algo que no suele practicar. Hay que ser claros, debemos ser tolerantes con las ideas y con las prácticas que corresponden a la vida privada de los demás, pero no podemos ser tolerantes con los asesinos ni con los corruptos y, obviamente, la tolerancia no puede presidir la investigación de quienes han sido denunciados por delitos de ese tipo.
Es un escándalo que daña gravemente al Gobierno que el ministro de Defensa haya sido asesorado por abogados de los acusados de terrorismo y corrupción, como lo ha reconocido. Hay conflicto de intereses, por decir lo menos, y hasta tráfico de influencias, agregarán algunos, algo que ya en el caso BTR remeció a este gobierno. Es también un escándalo que el congresista Sousa escriba a la hermana de Pichilingue, el número 2 del grupo Colina, para informarle que ha gestionado la inclusión de esta delegación de facultades que se usa dentro del D.L. 1097 en la ley de delegación que solicitaba el Gobierno para la lucha en el VRAE.
Este congresista fujimorista reveló nada menos que al relator de la ONU sobre derechos humanos una lista de los acusados a quienes favorecerá esa ley, es decir, está probado que ha sido una ley con nombre propio. Todo esto evidencia un juego de poder sin ningún escrúpulo para reconstruir la impunidad.
No es nueva esta conducta y viene siendo práctica repetida desde el fujimorato por los que han sido cómplices de la corrupción y de la violación de derechos humanos de ese régimen. Fueron cómplices por cerrar los ojos unos, y por usar todo tipo de artimañas para impedir que se investigue y juzgue, otros. Cuando hice la denuncia del Caso Cantuta en el Congreso en 1993, este mismo personaje me dijo levantándome su dedo índice acusador: “Tienes que decir que es un hecho aislado, no una política sistemática”. Le contesté que no podía afirmarlo ni negarlo porque solo tenía información de un hecho. No acababan de salir de su asombro los presentes ante la descripción de cómo fue el acto criminal y ya salía Rey a defender ideológicamente pero sin base empírica al fujimorato. El gobierno, apoyado por abogados como los que hoy asesoran a Rey, impidió que la comisión investigadora citara a los militares implicados, maniobró para que la causa quedara en el fuero militar que los trató con paños tibios y produjo la amnistía que rechazó la justicia internacional en 1995. De la misma manera han maniobrado para impedir los juicios desde el Ministerio de Defensa y por mucho tiempo. Han negado la información que reclamaba la justicia por casos graves que siguen impunes y hoy los mismos que desde el Poder Ejecutivo o desde la abogacía son responsables de las demoras las usan para cancelar las investigaciones judiciales.
En declaraciones –siempre destempladas– pretenden convertir a quienes reclaman justicia en enemigos de las FF.AA., confunden asesinatos indefendibles con combates que se hacen por mandato de la ley y exageran la magnitud de los afectados por la investigación judicial encubriendo su propia responsabilidad en las demoras. Los peruanos que sirven a la patria en las FF.AA. no deben dejarse sorprender, saben que su profesión es incompatible con los asesinatos y no pueden admitir el confusionismo ideológico que se elabora para encubrir errores y delitos.
Ya hay algunas reacciones en el Partido Aprista que es el principal afectado, porque este decreto legislativo y este ministro contradicen su conducta democrática en la transición y catapultan al aprismo al callejón oscuro de las autocracias. Ojalá reaccionen y deroguen el decreto de marras.