El caso de Tula Benites es doloroso, no solo para ella y su partido. Ha marcado su imagen antes de que hayamos conocido algo de su gestión. No voy a echar leña al fuego sobre lo que hizo o no hizo, pero sí hay que advertir que la representación y la propia democracia representativa son muy débiles ante el escándalo. Simplemente, se rompe el vínculo que le da origen y sustenta su legitimidad.
El Congreso ha perdido legitimidad por la conducta de los acusados y los llamados a investigar y dictaminar si procede la acusación. El daño es a la institución, a la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas.
No habrá más remedio que sacar del Congreso la decisión, quizás ponerla en manos del Jurado Nacional de Elecciones. La vacancia por estar envuelto en un escándalo debe ser casi automática, producido el escándalo se vaca por aplicación de un Código de Ética que antecede –por sus propias previsiones– a la acusación constitucional y la acción jurisdiccional. Me dirán, con razón, ¿qué habría pasado con ustedes si el JNE del fujimorato hubiera ejercido ese poder frente a la oposición de entonces? Diré que tienen razón, que habrá que blindar a esa entidad u otra, que no se trata de mezclar el tema con los antejuicios constitucionales ni la lenta acción penal que tiene que seguir su curso. Pero esa frase que tantas veces dije a los fujimoristas –otorongo no come otorongo– es cierta para todos, no solo para ellos, por eso la democracia debe separar funciones y competencias haciendo un balance de modo que nadie se fiscalice a sí mismo o a sus pares.