Cuatro medidas deben fortalecer a los partidos: la primera debe reafirmar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre sus candidatos pero corrigiendo las distorsiones que se adjudican al voto preferencial. Este solo puede ser eliminado si la ley garantiza que el mismo derecho se ejerce en elecciones primarias abiertas, donde los ciudadanos se inscriben en la ONPE para ejercer su derecho en la lista de un partido político y lo ejercen en un acto electoral que esta oficina organiza bastante antes de la fecha de las elecciones, poniendo una fecha única para todos los partidos. Solo los partidos que usen este sistema quedarán exonerados del voto preferencial, pues sus votantes ya ejercieron ese derecho y conformaron así su lista. Pero la ley debe mantener el voto preferencial para los partidos que no opten por estas primarias. Con razón mucha gente siente que perdería derechos si simplemente se eliminara el voto preferencial como demandan varios partidos.
Una segunda medida va de la mano con la anterior y fue consultada en la encuesta nacional de la PUCP en julio del 2007. El 67,3% estuvo de acuerdo con la vacancia del parlamentario que deja de pertenecer al partido que lo llevó en su lista. No lo entendemos como sanción sino como consecuencia elemental de lo que originó esa representación: el ciudadano elector optó por esa persona dentro de ese partido, si esa relación se rompe, la relación queda vacía de contenido. Se puede regular en la ley la defensa de cualquier exceso de las direcciones partidarias e incluso trasladar la decisión final al elector. Esto último es más fácil si la elección ha sido uninominal como en Inglaterra.
Dos medidas complementan lo anterior. La valla electoral que será de 5% ya está legislada y hay que revisar el artículo 35 de la Constitución que por su ambigüedad dificulta la tarea legislativa. La ley de partidos requiere correcciones y una evaluación sistemática.
La existencia de un partido depende básicamente de su resultado electoral pero antes de este no debe asociarse tanto a firmas como a información que acredite su existencia real, es decir, la constatación pública de sus actividades. Eso se hizo exigiendo un número de comités en el territorio, pero luego asociaron comités a locales o a firmas lo que distorsionó las cosas. Se ha avanzado en crear reglas que garanticen la democracia interna: son medulares y no tiene sentido y la alternativa que proponemos al voto preferencial afianzará las primarias. Interesa a la democracia que se garanticen condiciones de democracia interna porque solo así los partidos pueden ser canales de participación ciudadana.
Pero la ley no garantiza el financiamiento público de los partidos y debe hacerlo. Es asunto de interés público que existan partidos que funcionen, que estructuren la representación y participación ciudadana, que compitan dentro de las reglas democráticas. Eso no puede depender íntegramente del financiamiento privado y la ley actual ha regulado poniendo mínimos aportes del Estado y fijando límites al gasto en algunos rubros. Una disposición transitoria abrió la puerta para que defina la voluntad política de turno, y esta se ha doblegado por temor a la crítica mediática. ¿Seguiremos con la doble moral que cuestiona el uso de fondos públicos para financiar actividades de obvio interés público? En ese manto se ha cobijado el caudillismo y diversos autoritarismos en los últimos tiempos. Organizar a ciudadanos cuesta y cumplir con esta legislación cuesta más.