El Comercio
QUIEN LA HACE LA PAGA
Un recordado maestro jesuita, venido de España y enamorado de la geografía e historia del Perú, Santos García S.J., me grabó en segundo de media esta frase: quien la hace la paga. Sin ella no hay instituciones ni legalidad, es el extremo opuesto de lo que hoy llamamos informalidad. Este recuerdo enmarca mi reacción a la decisión del Presidente Humala de no indultar al ex Presidente Fujimori, condenado por delitos de lesa humanidad, anciano pero no enfermo terminal, que jamás mostró arrepentimiento alguno y que desde su prisión dorada hizo sucesivas maniobras psicosociales para forzar su perdón o indulto.
El Presidente Humala ha consolidado la acción del Poder Judicial, que en este caso fue un juicio impecable, internacionalmente reconocido. Más aún, a contracorriente del escándalo causado por el gobierno de Alan García al indultar sentenciados por narcotráfico, además de buen número de apristas, lo que hace inútil el trabajo de jueces y policías, el presidente Humala no sólo ha procedido de acuerdo a ley al no indultar arbitrariamente sino al destacar que sigue la recomendación de las instancias del Ejecutivo especializadas en este trabajo. Sólo el residente tiene la facultad y la legitimidad para hacerlo pero la legitimidad se pierde cuando se ejerce como los monarcas, por capricho y no por el análisis médico y jurídico debidamente fundamentado en casos de tanta gravedad.
Una democracia como régimen de gobierno implica siempre separar el poder político del poder jurisdiccional. Este último sentenció impecablemente a Fujimori y un indulto sólo puede darse por razones humanitarias en casos muy graves. La comisión demostró que no hay enfermedad terminal y todo el país sabe que Fujimori está en la única cárcel de cinco estrellas que hay en el Perú.
Sé que esta decisión, correcta y democrática, del Presidente Humala le va a costar en el Congreso, porque los seguidores del autócrata se la van a cobrar. Vienen chantajeando al país desde hace años. Impiden la elección del Tribunal Constitucional chantajeando a todas las fuerzas políticas: o eligen para esos cargos a dos operadores impresentables del fujimorato como Marcos Ibazeta y Rolando Souza o no hay elección posible. Del primero se conoce bastante durante la autocracia, pero del segundo no se puede olvidar que gracias a la alianza del Apra con el fujimorismo fue elegido Presidente de la Comisión de Justicia y fue actor principal del escandaloso caso en que, vía delegación de facultades, hicieron una ley a la medida del grupo Colina. Cómo no lo iba a hacer si era miembro del estudio Nakasaki y un diario publicó la carta en la que contestaba a la hermana del sentenciado Pichilingue, del grupo Colina, informándole que había atendido su pedido en la ley que delegaba facultades.
Todo el tinglado, incluyendo al ministro Rey Rey, cayó cuando un demócrata como Mario Vargas Llosa renunció al encargo de ese gobierno de presidir la comisión para el museo de la memoria. Muchos peruanos habíamos denunciado lo mismo, pero no valíamos para los gobernantes de turno. El escándalo de la denuncia y renuncia de nuestro Premio Nobel se tiró abajo este exabrupto. ¿Quieren olvidar esto?
Terminado este triste episodio de chantajes y presiones, creo que hay que mirar a futuro y recojo, pero desarrollo, una idea de Lourdes Flores. No quiero que muera nadie en una cárcel, salvo por accidente. El Congreso debiera dar una ley –general y no con nombre propio- que establezca que todo preso al cumplir 80 años puede seguir cumpliendo su condena en su domicilio, siempre que existan en éste las condiciones para hacerlo. No recupera su libertad ni sus derechos, sino vive con su familia; no puede desde allí declarar ni hacer política o negocios, menos ser un peligro de muerte para sus enemigos; que la muerte lo encuentre rodeado de los suyos, derecho de él y de cada uno de ellos, pero que la sentencia se cumpla. ¿Será posible legislar así?