La revocatoria y los políticos con rabo de paja

A estas alturas no leo la prensa de baja calaña, dedicada a fabricar mentiras y a desinformar, ni tengo tiempo para seguir los twitts. Pero los amigos siempre me cuentan y uno de ellos me ha listado lo que se repite sobre “mi autoría” respecto de la revocatoria. Me entero que el Canal 2 dice que yo impuse la revocatoria y otros sostienen que la ley se dio en el Congreso del 2001 cuando yo presidía la comisión de Constitución.

Lo gracioso es que políticos con rabo de paja, como los que promueven la revocatoria de la alcaldesa de Lima,, cuyo líder no es obviamente Marco Turbio sino el vergonzante trío formado por Castañeda, Keiko y Alan García, algo que no es casualidad. La mayor corrupción del siglo XX se dio en el fujimorato, Castañeda fue empleado de ese gobierno aunque lo trataron muy mal cuando levantó vuelo propio y Alan pactó con ellos para que impidieran la investigación de la matanza de los penales, integró a dos fujimoristas en su plancha presidencial y fue su aliado en el Congreso durante cinco años. No es casual y persiste esa alianza pero el rabo de paja es propio, no viene por contagio, cada uno tiene elementos particulares por explicar. Aún sin haber gobernado Keiko lo tiene, no sólo por seguir a un delincuente convicto y confeso aunque sea su padre. Era ciudadana cuando recibió financiamiento de sus estudios con dinero mal habido.

Defiendo la revocatoria como derecho constitucional, algo que apoyé en el CCD pero quienes exageran paranoicamente las cosas, para decir que se aprobó por mí o por la izquierda, tendrían primero que revolucionar las matemáticas porque 4 congresistas no pueden imponerse a 76 en un congreso de 80. Pero, además, esa decisión es totalmente defendible y la sustento desde muchos años antes.

Los que se refieren a la ley olvidan que ésta se dio y modificó en ese mismo tiempo fujimorista y cualquiera que haya estado en la oposición sabe que la correlación de fuerzas y la actitud autocrática del fujimorato no le permitía imponer nada ni pesar mucho. La única manera de hacerlo era recurrir al escándalo mediático en un momento de enorme control de los medios de comunicación. Me salió bien en la denuncia del caso Cantuta y allí se logró una comisión investigadora. Fue el inicio del largo camino que ha llevado a que el autócrata esté sentenciado y en prisión. De allí viene el odio que destilan en Canal 2 y comentan desinformados ciudadanos por twiter. A ello debe agregarse que la corrupción y los políticos con rabo de paja enfrentan a los que no son como ellos y por eso, como yo al final de la vida, no tenemos ni grandes bienes ni signos exteriores de riqueza pues no nos dedicamos a hacer empresa sino a servir en la política y a enseñar. La plata no llega sola, ni a Alan García que lo dijo.

La legislación fujimorista se modificó entre el 2001 y el 2006, pero sólo para corregir lo que el propio fujimorismo distorsionó para impedir el referéndum. La misma ley regulaba los diferentes derechos de participación ciudadana pero el fujimorismo había subordinado la iniciativa ciudadana de referéndum a la voluntad mayoritaria del Congreso, algo absurdo. Lo hizo para impedir el referéndum contra la privatización de PetroPerú y contra la ley que posibilitaba la segunda reelección de Fujimori, ya que se lograron juntar 1 millón de firmas para cada tema. Allí se centró la atención y el 2001 y 2002 no habían evaluaciones de los procesos de revocatoria para corregir lo que fuera necesario. La atención la pusimos en la reforma constitucional, que por lo menos permitió los gobiernos regionales y en la ley de partidos políticos.

Pero todas las leyes son temporales y han pasado 20 años de la primera y 12 años del posfujimirismo. ¿Cuál es la evaluación hecha por el JNE y la ONPE sobre su aplicación, lo que falta y lo que sobra? ¿Hay alguna iniciativa de los gobiernos locales y regionales para modificarla? Las leyes requieren de estudios y evaluaciones sobre lo que pasó con ellas y corresponde a los organismos especializados y/o afectados investigar eso y para función tienen iniciativa legislativa.

Pero la inmundicia que rodea esta revocatoria no es responsabilidad de las leyes de esta materia, menos aún de la revocatoria como principio, algo importante en una democracia de nuestros tiempos. La inmundicia proviene de los promotores de la revocatoria y de sus métodos políticos. Me refiero a los políticos con rabo de paja, al comportamiento poco transparente y poco racional del JNE que ya comienza a verse envuelto en escándalos de tráfico de influencias de estos políticos, por ejemplo en el caso Tocache. ¿Qué valor tienen firmas recogidas a cambio de galletas o fideos públicamente? ¿Cómo puede quedarse cruzado de brazos el JNE cuando se miente al informar de sus donantes y varios indigentes aparecen como tales? Ese es el ambiente que rodea a los operadores de la revocatoria que coordina Marco Tulio Gutiérrez cuyos objetivos crematístico-profesionales escandalizaron al hacerse públicos.