Todo Estado, en la historia, tiene como punto de partida la seguridad de sus habitantes. Por varias razones esta función se cumple mal, ni alcanza a todos ni participamos responsablemente en crear las condiciones para que las cosas vayan mejor.
Comenzando por la seguridad ciudadana: hay confusión de roles, falta de recursos y problemas que afectan a la población y se reflejan como reclamo prioritario en todas las encuestas. El presidente Ollanta Humala acaba de declarar que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los alcaldes y esa declaración o es un error o es una nueva ?soplada de pluma? a los alcaldes, que no concuerda con la ley y la realidad operativa.
¿Quién es el responsable de la Policía Nacional? El presidente, que actúa con su ministro del Interior y ambos nombran al director general de la policía, quien manda sobre toda la policía, la que persigue a terroristas y criminales y la que captura a rateritos de cualquier ciudad.
Una anécdota ilustrará. La víspera de Navidad me visitaron una de las hijas de mi hermano y su esposo. Al salir del edificio donde vivo vieron que un ladronzuelo le robaba la computadora a una jovencita del edificio vecino. Mi sobrino se le abalanzó e inmovilizó al ratero mientras mi sobrina llamaba al serenazgo, que llegó en cinco minutos. Sin embargo, los serenos le pidieron que siguiera reteniéndolo porque debían esperar a que llegara la policía, ya que ellos no tenían autoridad para detenerlo y llevarlo a la comisaría. Algunos me han dicho que lo hubieran podido retener, lo que hizo mi sobrino bajo su responsabilidad y terminó con una pierna magullada por el forcejeo. No especulo sobre quién falló. Demuestro que la autoridad que proviene del alcalde no puede ni detener a un raterito, esos que más angustian a los ciudadanos de a pie.
No dudo de que los alcaldes son los únicos que pueden organizar al vecino para que con su participación coopere, observe, avise, se organice para la seguridad. Pero eso no significa que sean responsables de la seguridad ciudadana, aunque son la autoridad (elegida) de su localidad y la representan sobre cualquier funcionario público. Pero eso no significa que estos les hagan caso: hay muchos ejemplos en todos los alcaldes, hasta el relatado por Alberto Andrade en el Congreso tras la tragedia de Mesa Redonda.
Lima tiene la mayor tasa delictiva del país. Su población percibe la seguridad ciudadana como el primero de los tres problemas principales de la ciudad, por encima de la contaminación ambiental y el transporte público. El distrito que más invirtió en seguridad ciudadana (2006) fue San Isidro con el 18,6% de su presupuesto total. Le siguen Miraflores, La Molina, Surco y el Cercado, a cargo de la Municipalidad de Lima. En el 2011 había 106 comisarías con 9.778 policías nacionales, es decir, un policía por cada 854 habitantes, cuando la norma internacional es un policía por cada 250 habitantes. Con ese parámetro, el déficit policial en la capital sería de 23 mil policías.
Sin embargo, parte de la inversión municipal es pagar policías, de franco cada 24 horas, para que pueda tener alguna autoridad el serenazgo, que ni porta arma ni puede detener y llevar a la comisaría a un raterito. Ciertamente, los distritos más pobres son los que tienen menor número de policías, también por esta razón.
¿No sería mejor distinguir y especializar funciones, a la vez que se fortalece a la Policía Nacional en la lucha contra el crimen? ¿Tiene que ser la Policía Nacional la que dirija el tránsito? Me lo preguntaba a lo largo de la avenida Javier Prado, donde si dejaran solos a los semáforos habría menos atoros y colas.