No acaba de cerrarse el escándalo de Antauro Humala y aparece otro: una fiscal que, en solo quince días, estudia y analiza un expediente de más de un millón de páginas y sepulta la más grande investigación por lavado de dinero del narcotráfico, caso Sánchez Paredes. El escándalo aparece cuando esta medida desconcertante lleva a presuponer presión política y esta se vincula a los abogados Roy Freyre y su hijo, Roy Gates, Asesor del Presidente Humala, ambos con probadas relaciones profesionales con el investigado. (Caretas 2226)
Algunos dirán que el escándalo mediático siempre tiene mala fe para con el Presidente. El oficialismo desmentirá cualquier vinculación con este caso, pero habrá que recordar el viejo dicho sobre la importancia de las apariencias en política: la mujer del César no sólo tiene que ser honesta sino parecerlo. Nadie duda solo porque quiere. No hay transparencia cuando funcionarios intermedios dejan de lado su autonomía y aceptan presiones o favores. Una vieja frase limeña recuerda que, cuando algo es inexplicable, suele ocurrir que detrás hay un acto corrupto ¿No hay mecanismos en el propio ministerio público para que una decisión así, que enloda la institución, sea corregida? Si no se hace, tendremos que repetir, como se repetía en el gobierno anterior, “sólo el escándalo salvará al Perú”, pero nos hace daño esta persistencia en el error.
¿Será el tercer gran escándalo tras el caso Antauro y el caso Chehade? ¿Solo intervendrá el Presidente cuando vuelva a bajar su popularidad? Tiene que corregir, porque, lamentablemente, ahora solo se le creerá si demuestra que el gobierno promueve pública y directamente que el juicio oral se inicie, sea a través de los procuradores o del canal que sea. Claro que no queremos que interfiera en los órganos autónomos de la justicia, pero lo que todos sospechamos es que la interferencia se hace presionando y ofreciendo lo que sea, por lo bajo, a magistrados impresentables como la fiscal archivadora.