La democracia no es solo un método para elegir gobernantes, es una manera de gobernar, escribía el teórico liberal canadiense Mac Pherson. Esto se confirma en la historia de América Latina donde tenemos bastante consolidada la democracia electoral pero nos falta fortalecer las instituciones que hagan posible que la manera de gobernar sea democrática.
?La democracia tiene un método propio para la definición de las políticas públicas. Las decisiones resultan de una adaptación negociada de intereses, de acuerdo con normas transparentes definidas en el espacio público. Las políticas no reflejan la supuesta omnisciencia de tecnócratas esclarecidos, sino que representan la depuración de intereses legítimos, un concierto de voluntades, entre ellas del propio gobierno?. Lo afirmó en un discurso Fernando Henrique Cardoso, dos veces presidente del Brasil, cuya gestión explica los niveles actuales de esa economía y que ya era uno de los más importantes sociólogos de América Latina antes de su decisiva carrera política.
El tema debemos recordarlo frente a lo que viene ocurriendo con el proyecto Conga. Se hizo un estudio de impacto ambiental que no logró la licencia social. Es evidente que no interesó aplicar metodologías existentes para involucrar a todos los actores y ver el marco de lo posible. Se hizo en el gobierno de García, el de la política del perro del hortelano, que manifestó su desprecio por los indígenas y ciertamente no se interesaba por escuchar a los campesinos.
Un sacerdote amigo me envió un correo con un artículo de Jorge Pereira, que parecía de ciencia ficción. Se titulaba ?Encuentran oro en barrios ricos de Lima? y se ponían las reacciones de los vecinos afectados por el proyecto minero. Se invertían los papeles y las autoridades que ?exigían orden? aparecían demudadas. Es que en Lima podemos entender fácilmente los intereses de los que están aquí pero nos cuesta mucho entender los de los campesinos de Conga. La lejanía del ?otro? termina siendo brutal.
En una democracia todos los intereses son legítimos: en este caso los de los campesinos y los de Yanacocha, los de la macroeconomía que necesita de los recursos mineros y los de los gobiernos nacional y regional y las reglas valen para todos. La política pública se traza escuchando a todos y se negocia. Cuando se negocia, las partes tienen que ceder algo. Esto no está pasando con el gobierno regional ni con el frente de defensa que en su posición maximalista no ceden nada y se quitan del diálogo. Tampoco pasa con el gobierno hoy, pues tras la tortuosa negociación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, donde es público que fue saboteada desde adentro del gobierno, el diálogo acabó. No es diálogo lo que se hace solo con una parte y cuando la otra usa artificios como los del presidente regional, se le denuncia y se sigue dialogando, volviendo al lugar y apelando si es preciso directamente a la gente.
Para quienes piensan que esto no es posible hay que recordarles que estamos así porque este proyecto no tiene licencia social y son muchos los que quieren que se imponga por la fuerza. ¿Aceptarían esto en La Molina? Por lo menos exigirían una expropiación muy bien pagada que les permitiera irse a otra parte. Eso no es posible con los campesinos.
Nunca me he opuesto a la minería, pero sin licencia social un proyecto no camina; es atacado todo el tiempo y puede ser causa de muchas muertes que destruyen la legitimidad de los gobernantes. Alguien debe poner a todas las partes a negociar. Contra todas las autocracias, democracia es negociación y todos los intereses son legítimos, obviamente dentro de la ley.
No se debe olvidar algo central de la advertencia del presidente Cardoso: las políticas no expresan necesariamente las ideas de tecnócratas esclarecidos, porque son un concierto de voluntades. Esto vale para los principios y debiera tenerlos en cuenta la ministra de la Mujer sobre la píldora del día siguiente. Sus principios o los míos no se pueden imponer por acto administrativo a quienes no los profesan. Obviamente la ley enmarca todo.