El narcotráfico es la fuente de los más graves casos de corrupción en el país y es la amenaza más grave para la sociedad peruana. Hemos pasado de ser productores de pasta básica a ser productores y exportadores de cocaína. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) entre el año 2000 y el 2008 se incrementó esta exportación en 214%. Sigue aumentando el sembrío de hoja de coca, ahora en por lo menos 13 departamentos del país. Pero el Parlamento parece mirar a otro lado y estos no parecen ser sus problemas.
Con el narcotráfico aumentan los crímenes y ajustes de cuentas. Ya vemos en Lima hechos de este tipo además de los sicarios que cuidan a los mochileros que ejecutan parte del tráfico de estupefacientes, y hoy junto con los restos de Sendero Luminoso atacan a nuestras FF.AA. y PNP. Este es uno de los más graves problemas del país y amerita concertar propuestas para que el próximo gobierno sea eficaz en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
Debemos detener el crecimiento de los cultivos de coca. Eso solo es posible con una gran inversión pública y privada que construya alternativas para esa población. Hoy el Estado tiene recursos y debe emplearlos para este objetivo. Pero el gobierno tiene que ser eficaz en la represión del tráfico ilícito de drogas y sus insumos químicos para que esa inversión tenga sentido.
No lo está siendo y es casi seguro que lo impide la corrupción como se refuerza en un reciente informe de IDL-Reporteros que dice: “Parecía una gran incautación de kerosene destinada al narcotráfico. Pero cuando un peritaje encontró que por lo menos parte de lo incautado era combustible para las aeronaves del VRAE, la posibilidad de que el turbo para el vuelo de los helicópteros termine utilizado para los vuelos de la cocaína demanda la investigación a fondo de lo que, si resulta cierto, sería un enorme delito”.
En el Congreso debería formarse una comisión ordinaria de lucha contra el narcotráfico que revise toda la legislación y actualice los instrumentos contra delitos que vienen ya globalizados y operan con tecnología moderna. Ese grupo de trabajo debe hacer un seguimiento permanente de lo que va ocurriendo, de los resultados positivos y negativos de la gestión de las autoridades que tienen que enfrentar este problema. Debe ponerles reflectores porque solo con transparencia se combate la corrupción, y debe asegurar la oportuna asignación de recursos para este fin que aunque es tarea del Ejecutivo debe deliberarse en el Congreso y a tiempo.
Hay que reforzar la Unidad de Inteligencia Financiera que este gobierno trasladó indebidamente a la SBS. Debe ser un órgano autónomo pero debe dar cuenta al país y al Congreso de los resultados de su gestión. La obvia reserva de los procesos no la excluye de la necesidad de rendir cuentas de su trabajo.
La lucha contra el narcotráfico es parte prioritaria de la lucha contra toda corrupción. Hay que revisar la legislación del Sistema Nacional de Control para que la contraloría pueda ser eficaz, y debe modificarse la forma de elegir al contralor porque nadie se fiscaliza a sí mismo y hoy se le designa únicamente al aprobar la iniciativa del presidente de la República. Podría elegirlo el Congreso previo concurso al cual presenten candidatos varios órganos especializados de alto nivel en la sociedad civil. Hay que premiar la transparencia y castigar el incumplimiento del deber inherente a todo órgano estatal.
Hay que modificar el procedimiento de investigación para que sea paralelo a la investigación fiscal o de la contraloría. Conocidas las denuncias contra los funcionarios, la comisión investigadora las traslada a la contraloría para que investigue y denuncie, o proceda a acusar constitucionalmente cuando corresponda. El informe establece responsabilidades políticas y modificaciones a las leyes pertinentes, cuando fuere necesario.
Para esto, el nuevo Congreso tiene que ser drástico e impedir que alguno de sus miembros resulte vinculado al narcotráfico. También debe espulgar al personal que trabaja en ese tema y acabar con el poder de congresistas que tienen asuntos pendientes con la justicia. De allí salen votos y maniobras que impiden que el Parlamento actúe con transparencia y eficacia.