Un ciudadano que está en prisión mientras lo procesan judicialmente, me escribe a raíz de mi último artículo para argumentar que en el caso de los ‘petroaudios’ no hay delito. Es evidente que están en campaña y el asunto ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, donde, otra vez, saliéndose de sus funciones, ha vuelto a demostrar que la corrupción incluye a los altos dignatarios que manipulan las reglas del juego sin importarles el interés público ni el escándalo.
Solo al fiscal y al juez corresponde determinar si hay delito en los ‘petroaudios’. Pero la corrupción no se limita al campo del derecho penal y los ciudadanos reaccionamos con lo que se evidencia a primera vista, y no tenemos que esperar el largo trámite de un juicio para formarnos una opinión.
Lo que se evidenció en los ‘petroaudios’ fue una manera de hacer política que es corrupta en sí misma: personajes vinculados al partido de gobierno traficando influencias a favor de una o más empresas; ministros de Estado visitando al empresario lobbista en su habitación del hotel a la vez que los deslenguados personajes que fueron grabados especulan con el resultado de esa faena y los recursos que sumarán para una próxima candidatura presidencial. Las relaciones internacionales del partido de gobierno aparecen orientadas a buenos negocios de algunos en vez de centrarse en temas políticos y públicos.
Este es el mayor escándalo de corrupción de este gobierno también por la forma en que se ha manejado. Los ciudadanos tenemos que increpar al Gobierno, al Poder Judicial y al Ministerio Público por el largo tiempo transcurrido sin resultados. Y cuando vemos que uno de los técnicos formados por nuestra Marina de Guerra, el que se acogió a la cooperación eficaz, termina de empleado del Consulado del Perú en Estados Unidos no podemos dejar de sospechar que hay malos manejos del Gobierno, y algunos vinculan esto a los ‘petroaudios’ perdidos o manipulados.
¿Qué favor le está pagando este gobierno? Tenemos que enfrentar la corrupción y solo podremos hacerlo si respetamos escrupulosamente las reglas del juego democrático. No solo las de las elecciones sino las que se refieren a la manera de gobernar, a la división de poderes, a la fiscalización de la prensa al Poder Judicial. Todo esto se relativiza cuando no se sanciona al corrupto, cuando delinquir es rentable y ocultable bajo el inmenso cúmulo de procedimientos judiciales. El lobbista que me escribe no es ajeno a este tráfico indebido. Habla de antiaprismo, pero a mí no me puede colgar ese sanbenito. No solo concerté con ellos cuando estuve en política activa sino firmé a favor de Jorge del Castillo, cuando estalló el escándalo. Mis amigos me criticaron pero lo volvería a hacer porque lo que firmé corresponde con lo que fue su trayectoria democrática. Pero en el régimen actual el enredo armado sobre los ‘petroaudios’ es de tal magnitud que salpica a todos los que gobiernan y solo se entiende en un partido que hace más de 30 años forma y reúne gente para las funciones judiciales. Afirmarlo no es signo de antiaprismo sino de elemental análisis de la realidad. Necesitamos que el caso se aclare, pero son muchos los que quieren que nos hundamos en los enredos judiciales que ni son casuales ni sirven a la ciudadanía. Son parte de la corrupción que tiene que terminar.