Un ciudadano que está en prisión mientras lo procesan judicialmente, me escribe a raíz de mi último artículo para argumentar que en el caso de los ‘petroaudios’ no hay delito. Es evidente que están en campaña y el asunto ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, donde, otra vez, saliéndose de sus funciones, ha vuelto a demostrar que la corrupción incluye a los altos dignatarios que manipulan las reglas del juego sin importarles el interés público ni el escándalo.

Solo al fiscal y al juez corresponde determinar si hay delito en los ‘petroaudios’. Pero la corrupción no se limita al campo del derecho penal y los ciudadanos reaccionamos con lo que se evidencia a primera vista, y no tenemos que esperar el largo trámite de un juicio para formarnos una opinión.

Lo que se evidenció en los ‘petroaudios’ fue una manera de hacer política que es corrupta en sí misma: personajes vinculados al partido de gobierno traficando influencias a favor de una o más empresas; ministros de Estado visitando al empresario lobbista en su habitación del hotel a la vez que los deslenguados personajes que fueron grabados especulan con el resultado de esa faena y los recursos que sumarán para una próxima candidatura presidencial. Las relaciones internacionales del partido de gobierno aparecen orientadas a buenos negocios de algunos en vez de centrarse en temas políticos y públicos.

Este es el mayor escándalo de corrupción de este gobierno también por la forma en que se ha manejado. Los ciudadanos tenemos que increpar al Gobierno, al Poder Judicial y al Ministerio Público por el largo tiempo transcurrido sin resultados. Y cuando vemos que uno de los técnicos formados por nuestra Marina de Guerra, el que se acogió a la cooperación eficaz, termina de empleado del Consulado del Perú en Estados Unidos no podemos dejar de sospechar que hay malos manejos del Gobierno, y algunos vinculan esto a los ‘petroaudios’ perdidos o manipulados.

¿Qué favor le está pagando este gobierno? Tenemos que enfrentar la corrupción y solo podremos hacerlo si respetamos escrupulosamente las reglas del juego democrático. No solo las de las elecciones sino las que se refieren a la manera de gobernar, a la división de poderes, a la fiscalización de la prensa al Poder Judicial. Todo esto se relativiza cuando no se sanciona al corrupto, cuando delinquir es rentable y ocultable bajo el inmenso cúmulo de procedimientos judiciales. El lobbista que me escribe no es ajeno a este tráfico indebido. Habla de antiaprismo, pero a mí no me puede colgar ese sanbenito. No solo concerté con ellos cuando estuve en política activa sino firmé a favor de Jorge del Castillo, cuando estalló el escándalo. Mis amigos me criticaron pero lo volvería a hacer porque lo que firmé corresponde con lo que fue su trayectoria democrática. Pero en el régimen actual el enredo armado sobre los ‘petroaudios’ es de tal magnitud que salpica a todos los que gobiernan y solo se entiende en un partido que hace más de 30 años forma y reúne gente para las funciones judiciales. Afirmarlo no es signo de antiaprismo sino de elemental análisis de la realidad. Necesitamos que el caso se aclare, pero son muchos los que quieren que nos hundamos en los enredos judiciales que ni son casuales ni sirven a la ciudadanía. Son parte de la corrupción que tiene que terminar. Sigue leyendo →

El presidente García ha reaccionado rápido ante el escándalo de su ex ministro Barrios. Sabemos que tiene buenos reflejos, pero es necesario preguntarnos: ¿Por qué lo nombró ministro sin evaluar su gestión en Essalud? Obviamente no me refiero a las ‘obras’, que le permitió inaugurar, ni a los gestos y palabras que suelen adular a los máximos gobernantes. En los estados modernos hay métodos de chequeo y balance de poderes que hacen que ojos atentos e independientes vigilen lo que se hace; y un pago enorme a un funcionario genera, por lo menos, luz ámbar para los fiscalizadores.

Aquí al fiscalizador se le considera enemigo y se ponen candados a los mecanismos que la Constitución prevé para el control político.

En algunos casos es la propia Constitución la que cierra el paso. ¿Cómo es posible que un contralor designado por el presidente de la República –al cual el Congreso solo ratifica, pues el presidente monopoliza la iniciativa– fiscalice al Gobierno? Otorongo no come otorongo, o sea nadie se fiscaliza a sí mismo. El congresista Víctor Andrés García Belaunde ha mostrado cifras preocupantes del Essalud que Barrios manejó como si fuera su chacra y ya aparecen en los diarios denuncias sobre sus empresas –facturando al Estado– sobre otros cobros de burócratas que se llevan mucho de lo que aporta la ciudadanía asegurada.
Pero escandaliza más que el Congreso haya sido incapaz de fiscalizar a tiempo. Las democracias son regímenes que descansan en los límites y los controles de cada parte del Estado. Pero aquí no funcionan, les pusieron candado con alianzas que se hacen en nombre de la gobernabilidad. No es cierto que no se puede gobernar sin mayoría parlamentaria. El Poder Ejecutivo tiene todos los resortes para definir su política económica y sus políticas sectoriales. Se usa a la mayoría o a las alianzas impúdicas –como la hecha por el Partido Aprista con el fujimorismo– para que estos manejos indebidos puedan operar sin sanción inmediata y sin fiscalización que pare los actos corruptos a tiempo.

Por eso, parafraseando un lema político que ya no se usa, sostengo que “solo el escándalo salvará al Perú”. El ‘chuponeo’ mafioso de los ‘petroaudios’, el Caso Cofopri o ahora el Caso Barrios no aparecen por acto de fiscalización preventiva ni control político. Es la libertad de prensa la que funciona mejor y el otro día un alumno de la maestría en Ciencia Política aportó un elemento clave al decirme: “Cierta es la fiscalización de la prensa, pero a ella le llegan datos desde adentro”. Yo recordé el Caso Cantuta, en el apogeo de la autocracia fujimorista, cuando incluso tras mi denuncia mucha gente nos volteaba la cara. Entonces fueron militares disconformes con su comando corrupto, y hoy pueden ser funcionarios o empleados escandalizados con lo que hacen sus jefes. ¿No les parece que es hora de ventilar la gestión pública? La trasparencia es la mejor aliada de los buenos gobernantes y los que la evaden tendrán que pasar momentos de vergüenza colectiva, como se evidencia en este momento del gobierno.

Hay que exigir a los candidatos presidenciales una definición sobre este tema, que no puede quedarse en generalidades.

¿Van a permitir que funcionen los mecanismos de fiscalización? ¿Permitirán que con interconexión virtual se pueda prender la luz ámbar desde un lado independiente del gobernante? Nadie tendrá mayoría propia, ¿pero las alianzas en el Parlamento impedirán que se fiscalice como ha pasado en este gobierno? Porque el escándalo lleva a la crisis política y por conjurar esta muchas veces se diluye la denuncia de corrupción y termina siendo ineficaz, como en el caso de los ‘petroaudios’.
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