La corrupción en el Perú es sistémica y está afectando instituciones políticamen- te centrales. La economía de la corrupción tiene cifras espeluznantes —sin incluir las del narcotráfico— que ya historiadores desde el exterior vienen registrando para comparar, como lo demuestra un reciente artículo del doctor José Távara.
Pero nuestra vida cotidiana está remecida por la corrupción institucional que alcanza niveles cada vez mayores. Una vez es el Congreso, otras el Poder Ejecutivo, diversos jueces y fiscales o el Tribunal Constitucional. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura acapara los titulares.
Las fallas en el último concurso para fiscales supremos no son técnicas sino políticas y éticas, llueven sobre mojado.
No fue un retroceso sino un avance que jueces y fiscales no sean designados por el Gobierno o los parlamentarios. No pueden ser cargos “de favor” aunque muchos políticos quieren que sigan siéndolo. En dos peldaños —las constituyentes de 1978 y de 1993—, la designación de jueces y fiscales salió de manos del Ejecutivo y del Legislativo, y pasó al CNM. Fujimori impidió esta reforma mientras pudo y tiene por eso pocos años operando.
A muchos abogados irrita que se haya permitido que otros profesionales elijan a jueces y fiscales, pero no podemos aceptar que un gremio profesional se adueñe de un poder del Estado. Esta reforma coincidió con un largo proceso que ha deteriorado —éticamente hablando— a los colegios profesionales y a las universidades. Una falacia propia del simplismo de los 90 pretendía asociar la corrupción a los políticos y excluir de ella a los independientes, a los apolíticos, a los profesionales, etc. Yo invito a ver los “vladivideos” (que editamos en prolija biblioteca sobre la corrupción, que el actual Congreso no reedita porque a sus directivos de hoy no les gusta). Allí se convencerán de que la corrupción no tiene límites ni casilleros, se desarrolla donde y cuando se lo permiten las reglas del juego, la falta de fiscalización o la tolerancia de los actores, esa tolerancia que El Comercio acaba de invocarnos a terminar.
Si la más sencilla definición de lo que son las instituciones en una sociedad es la noción de reglas del juego tenemos entonces que precisar que no es suficiente con establecer cómo se forma un organismo —en este caso el CNM o en otros el propio Congreso— o cuáles son sus poderes. Eso es importante y hay que revisarlo pero hay que definir con claridad —también— quién lo fiscaliza y cómo se sale de allí ante la sospecha fundada. Un régimen democrático implica balance de poderes y transparencia. El balance incluye que los ojos de otro (no de uno mismo) vigilan todo el tiempo y la transparencia implica procesos para que antes de que se produzcan los actos de corrupción se tomen medidas preventivas, incluso removiendo a los actores centrales pero sin condenarlos a priori. La corrupción es sistémica. Por eso son inconsistentes las tesis que sostienen que la política es la que corrompe y la sociedad civil es ajena a ello.
Los colegios profesionales y los rectores deciden una parte importante del Consejo de la Magistratura y son cuerpos que ni los controlan ni los fiscalizan y así se convierten en prebendados que no rinden cuenta a nadie.
¿Pero acaso los colegios profesionales son modelos de ética profesional o las universidades son modelos de algo en el Perú? Recuerden en el último caso la trayectoria de Alas Peruanas que es parecida a la de muchas universidades, recordemos si los médicos o los abogados defienden la ética profesional desde sus colegios y hagamos memoria de la imposibilidad de proteger efectivamente al paciente o al litigante en el Perú.
Los rectores de las universidades estatales acaban de elegir para el Consejo de la Magistratura a una persona que en el Informe Kroll aparece como colaborador directo de la corrupción fujimorista. ¿Qué respeto pueden merecernos de los ciudadanos esos rebrotes? ¿Y cuando ese consejero haga barbaridades, a quién responsabilizaremos?
No se ha querido incorporar al representante de los empresarios ni al de los trabajadores al CNM. No hay duda de que la sociedad de hoy se puede expresar mejor a través de este tipo de representantes, que no corresponde a pequeños núcleos de interés más homogéneo. Porque al fin de cuentas el CNM solo es un conjunto de ciudadanos que eligen a nombre de todos los demás, esa es su base para construir la legitimidad institucional y hay que pensarla mejor.