El Comercio
Era previsible que fugara y fugó por segunda vez. A pesar del clamor nacional, el presidente García demoró tanto en revocar el indulto que escapó en cuanto un fiscal comenzó a citarlo y volvió a evadir su deber. El Comercio puede recordar al país que al segundo día del indulto —el 13 de diciembre— editorializó llamando “injustificable y vergonzoso indulto” a esa decisión presidencial. Al cerrar el año escribí en este Diario —28 de diciembre— que “los corruptos pueden celebrar”. Pero son palabras de simples ciudadanos, y eso a los poderosos no les importa.

Crousillat desafió a todos, mostró su buena salud paseándose por todas partes y pretendió recuperar el canal de TV cuya línea vendió al fujimorato amenazando a sus legítimos propietarios. Estos reaccionaron informando —que es lo que saben hacer— y el ministro Pastor los amenazó con una increíble exigencia de una comisión investigadora congresal. La rápida retirada del jefe del Gabinete, que dejó sin piso al ministro, no desaparece los hechos ni las presumibles intenciones. Una vez más, cuando se tolera la corrupción, esta afecta la institucionalidad democrática: es sistémica o estructural y nos reitera circularmente sus efectos.

Es penoso el papel del ministro Pastor, pero voy a hablar en su favor. No creo ser su amigo, porque la vida no me ha dado tiempo para tener muchos amigos, la mayoría fueron compañeros de trabajo, y los sentí amigos mientras hubo ese trabajo. Lo conozco como un parlamentario correcto, capaz y esforzado. Fue vicepresidente de una de las comisiones de Constitución que presidí y lo hizo bien. Ha sido un pésimo ministro y, aunque me consta que estuvo comprometido en la acción de la transición contra la corrupción y el fujimorato —como Jorge del Castillo—, ha hecho todo lo contrario en su gestión ministerial, desactivando las procuradurías anticorrupción, entre otros antecedentes de este desaguisado. Tengo una explicación que no le puede gustar, y es la extrema debilidad ministerial en nuestro sistema constitucional. Sostengo que los ministros solo lo son entre nosotros cuando le dicen “no” al presidente y los que lo hacen pierden de inmediato el cargo.

Tengo razones suficientes para afirmar que Alan García no fue parte de los que luchamos por una transición democrática, sino el beneficiario de ella, estaba fuera del país. Ha actuado en consonancia con eso desde la formación de su propia plancha presidencial: uno viene del partido de Kouri y la otra de la familia que produjo un tránsfuga en el 2000, al margen de sus calidades personales y profesionales, porque en política no hay ingenuidades.

Desde allí comienzan las jugarretas que han abierto cancha a la corrupción que esperábamos haber sacado del Estado y que se produce no solo al manejar dinero y afecta la institucionalidad democrática. Frente a eso Pastor ha sido un ministro débil que pienso está en esta situación por obedecer al presidente. Ojalá acepte la interpelación para que las instituciones sean la salida y la ciudadanía saque las lecciones, y ojalá su juventud le haga mirar lejos y saber que no es un delincuente y que los errores políticos tienen correcciones posibles.

La corrupción ha avanzado mucho y la respuesta debemos darla los ciudadanos en las urnas sin tolerar corruptos o sospechosos de serlo en ningún nivel. En el Parlamento han tenido altos cargos personajes enjuiciados por corruptos, el Poder Judicial tiene una escandalosa deuda con el país en el caso de los “petroaudios” y el Consejo Nacional de la Magistratura acaba de escandalizar a todos, mientras el Tribunal Constitucional debería tener vergüenza de su sentencia sobre el Caso Chacón, a quien los ciudadanos podemos señalar como corrupto sin que un juez pueda liberarlo o condenarlo.

La hija del condenado por crímenes de lesa humanidad sigue de candidata y Kouri, el inefable asesor de Montesinos, pretende ser alcalde de Lima. Entendámonos, no odio a nadie por principio, pero la política tiene que salir del lodazal que hemos vivido o seguiremos viendo hasta en la vida privada la destrucción de valores fundamentales.

Felizmente la política no es la única dimensión de la vida ni la única manera de servir a los demás, lo digo ahora que ya no sirvo en ella. Dejemos ese lugar a los que no tengan estos problemas. Sigue leyendo →

La corrupción en el Perú es sistémica y está afectando instituciones políticamen- te centrales. La economía de la corrupción tiene cifras espeluznantes —sin incluir las del narcotráfico— que ya historiadores desde el exterior vienen registrando para comparar, como lo demuestra un reciente artículo del doctor José Távara.

Pero nuestra vida cotidiana está remecida por la corrupción institucional que alcanza niveles cada vez mayores. Una vez es el Congreso, otras el Poder Ejecutivo, diversos jueces y fiscales o el Tribunal Constitucional. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura acapara los titulares.

Las fallas en el último concurso para fiscales supremos no son técnicas sino políticas y éticas, llueven sobre mojado.

No fue un retroceso sino un avance que jueces y fiscales no sean designados por el Gobierno o los parlamentarios. No pueden ser cargos “de favor” aunque muchos políticos quieren que sigan siéndolo. En dos peldaños —las constituyentes de 1978 y de 1993—, la designación de jueces y fiscales salió de manos del Ejecutivo y del Legislativo, y pasó al CNM. Fujimori impidió esta reforma mientras pudo y tiene por eso pocos años operando.

A muchos abogados irrita que se haya permitido que otros profesionales elijan a jueces y fiscales, pero no podemos aceptar que un gremio profesional se adueñe de un poder del Estado. Esta reforma coincidió con un largo proceso que ha deteriorado —éticamente hablando— a los colegios profesionales y a las universidades. Una falacia propia del simplismo de los 90 pretendía asociar la corrupción a los políticos y excluir de ella a los independientes, a los apolíticos, a los profesionales, etc. Yo invito a ver los “vladivideos” (que editamos en prolija biblioteca sobre la corrupción, que el actual Congreso no reedita porque a sus directivos de hoy no les gusta). Allí se convencerán de que la corrupción no tiene límites ni casilleros, se desarrolla donde y cuando se lo permiten las reglas del juego, la falta de fiscalización o la tolerancia de los actores, esa tolerancia que El Comercio acaba de invocarnos a terminar.

Si la más sencilla definición de lo que son las instituciones en una sociedad es la noción de reglas del juego tenemos entonces que precisar que no es suficiente con establecer cómo se forma un organismo —en este caso el CNM o en otros el propio Congreso— o cuáles son sus poderes. Eso es importante y hay que revisarlo pero hay que definir con claridad —también— quién lo fiscaliza y cómo se sale de allí ante la sospecha fundada. Un régimen democrático implica balance de poderes y transparencia. El balance incluye que los ojos de otro (no de uno mismo) vigilan todo el tiempo y la transparencia implica procesos para que antes de que se produzcan los actos de corrupción se tomen medidas preventivas, incluso removiendo a los actores centrales pero sin condenarlos a priori. La corrupción es sistémica. Por eso son inconsistentes las tesis que sostienen que la política es la que corrompe y la sociedad civil es ajena a ello.

Los colegios profesionales y los rectores deciden una parte importante del Consejo de la Magistratura y son cuerpos que ni los controlan ni los fiscalizan y así se convierten en prebendados que no rinden cuenta a nadie.

¿Pero acaso los colegios profesionales son modelos de ética profesional o las universidades son modelos de algo en el Perú? Recuerden en el último caso la trayectoria de Alas Peruanas que es parecida a la de muchas universidades, recordemos si los médicos o los abogados defienden la ética profesional desde sus colegios y hagamos memoria de la imposibilidad de proteger efectivamente al paciente o al litigante en el Perú.

Los rectores de las universidades estatales acaban de elegir para el Consejo de la Magistratura a una persona que en el Informe Kroll aparece como colaborador directo de la corrupción fujimorista. ¿Qué respeto pueden merecernos de los ciudadanos esos rebrotes? ¿Y cuando ese consejero haga barbaridades, a quién responsabilizaremos?

No se ha querido incorporar al representante de los empresarios ni al de los trabajadores al CNM. No hay duda de que la sociedad de hoy se puede expresar mejor a través de este tipo de representantes, que no corresponde a pequeños núcleos de interés más homogéneo. Porque al fin de cuentas el CNM solo es un conjunto de ciudadanos que eligen a nombre de todos los demás, esa es su base para construir la legitimidad institucional y hay que pensarla mejor. Sigue leyendo →

La corrupción en el Perú es sistémica y está afectando instituciones políticamen- te centrales. La economía de la corrupción tiene cifras espeluznantes —sin incluir las del narcotráfico— que ya historiadores desde el exterior vienen registrando para comparar, como lo demuestra un reciente artículo del doctor José Távara.

Pero nuestra vida cotidiana está remecida por la corrupción institucional que alcanza niveles cada vez mayores. Una vez es el Congreso, otras el Poder Ejecutivo, diversos jueces y fiscales o el Tribunal Constitucional. Ahora el Consejo Nacional de la Magistratura acapara los titulares.

Las fallas en el último concurso para fiscales supremos no son técnicas sino políticas y éticas, llueven sobre mojado.

No fue un retroceso sino un avance que jueces y fiscales no sean designados por el Gobierno o los parlamentarios. No pueden ser cargos “de favor” aunque muchos políticos quieren que sigan siéndolo. En dos peldaños —las constituyentes de 1978 y de 1993—, la designación de jueces y fiscales salió de manos del Ejecutivo y del Legislativo, y pasó al CNM. Fujimori impidió esta reforma mientras pudo y tiene por eso pocos años operando.

A muchos abogados irrita que se haya permitido que otros profesionales elijan a jueces y fiscales, pero no podemos aceptar que un gremio profesional se adueñe de un poder del Estado. Esta reforma coincidió con un largo proceso que ha deteriorado —éticamente hablando— a los colegios profesionales y a las universidades. Una falacia propia del simplismo de los 90 pretendía asociar la corrupción a los políticos y excluir de ella a los independientes, a los apolíticos, a los profesionales, etc. Yo invito a ver los “vladivideos” (que editamos en prolija biblioteca sobre la corrupción, que el actual Congreso no reedita porque a sus directivos de hoy no les gusta). Allí se convencerán de que la corrupción no tiene límites ni casilleros, se desarrolla donde y cuando se lo permiten las reglas del juego, la falta de fiscalización o la tolerancia de los actores, esa tolerancia que El Comercio acaba de invocarnos a terminar.

Si la más sencilla definición de lo que son las instituciones en una sociedad es la noción de reglas del juego tenemos entonces que precisar que no es suficiente con establecer cómo se forma un organismo —en este caso el CNM o en otros el propio Congreso— o cuáles son sus poderes. Eso es importante y hay que revisarlo pero hay que definir con claridad —también— quién lo fiscaliza y cómo se sale de allí ante la sospecha fundada. Un régimen democrático implica balance de poderes y transparencia. El balance incluye que los ojos de otro (no de uno mismo) vigilan todo el tiempo y la transparencia implica procesos para que antes de que se produzcan los actos de corrupción se tomen medidas preventivas, incluso removiendo a los actores centrales pero sin condenarlos a priori. La corrupción es sistémica. Por eso son inconsistentes las tesis que sostienen que la política es la que corrompe y la sociedad civil es ajena a ello.

Los colegios profesionales y los rectores deciden una parte importante del Consejo de la Magistratura y son cuerpos que ni los controlan ni los fiscalizan y así se convierten en prebendados que no rinden cuenta a nadie.

¿Pero acaso los colegios profesionales son modelos de ética profesional o las universidades son modelos de algo en el Perú? Recuerden en el último caso la trayectoria de Alas Peruanas que es parecida a la de muchas universidades, recordemos si los médicos o los abogados defienden la ética profesional desde sus colegios y hagamos memoria de la imposibilidad de proteger efectivamente al paciente o al litigante en el Perú.

Los rectores de las universidades estatales acaban de elegir para el Consejo de la Magistratura a una persona que en el Informe Kroll aparece como colaborador directo de la corrupción fujimorista. ¿Qué respeto pueden merecernos de los ciudadanos esos rebrotes? ¿Y cuando ese consejero haga barbaridades, a quién responsabilizaremos?

No se ha querido incorporar al representante de los empresarios ni al de los trabajadores al CNM. No hay duda de que la sociedad de hoy se puede expresar mejor a través de este tipo de representantes, que no corresponde a pequeños núcleos de interés más homogéneo. Porque al fin de cuentas el CNM solo es un conjunto de ciudadanos que eligen a nombre de todos los demás, esa es su base para construir la legitimidad institucional y hay que pensarla mejor. Sigue leyendo →