Todo autócrata se siente por encima de la ley. No me extraña, pues, que los que —cambiando su camiseta fujimorista— hoy dirigen medios de comunicación, al amparo de la libertad de prensa que restablecimos, terminen mostrando su verdadera identidad. Para ellos, quien administra no tiene obligación de cumplir la ley, puede interpretarla o maniobrar contra ella.
Eso es lo que hicieron los fujimoristas contra los pensionistas desde 1990: comenzaron con un psicosocial en la televisión preparatorio del autogolpe y trataron de estigmatizar a los pensionistas ex parlamentarios a pesar de que habían otros mucho más gordos.
Al instalarse el Congreso Constituyente Democrático (CCD) desdoblaron el sueldo en dos partes de S/.5.000 y a una de ellas llamaron “función congresal activa” para que no les tocara a los pensionistas. Pero la legislación, tantas veces perfeccionada por los propios interesados, disponía que el pensionista recibiera en la práctica todo lo que se le pague al activo bajo cualquier concepto. Así lo fueron reconociendo sentencias de jueces que al dictarlas se autoprotegían, pues estaban en la misma ley.
El fujimorato se enredó en sus propias redes porque en el Legislativo y en el Ejecutivo tenía muchos beneficiarios de este sistema y confirmó algo más: toda autocracia termina en corrupción. Por eso, en la transición democrática, los tres miembros de la Mesa Directiva que simbolizó Valentín Paniagua y presidió efectivamente Carlos Ferrero, restablecimos el derecho de los pensionistas aplicando una sentencia del Tribunal Constitucional conseguida por un grupo de ex parlamentarios encabezados por el aprista Jofré Fernández, padre de la ex ministra de Justicia del actual gobierno.
Hasta la Defensoría del Pueblo intercedió oficialmente reclamando del Congreso esta decisión. Son tan torpes los autócratas que creen que la ley puede valer solo para los que reclamaron y no recuerdan que hay principios, a igual razón igual derecho.
Hoy estos sobrevivientes del fujimorato sacan los nombres de Mantilla o León Alegría, apristas que por su inconducta tienen el rechazo ciudadano. Es el mismo psicosocial de Montesinos porque solo el juez puede retirar los derechos pensionarios.
Esa directiva que me honré en integrar con Ferrero y Masías no podía cambiar la ley.
Éramos minoría en un Congreso de tránsfugas y fujimoristas semiarrepentidos, divididos por lo que en ese momento “recién” conocían de la mayor corrupción de nuestra historia republicana. La ley se cumple aunque se discrepe de ella y se cambia cuando se puede. Lo hicimos en el gobierno de Toledo con valentía, eliminando la Ley 20530 y poniendo un tope máximo de dos UIT a las pensiones.
Ninguno de los tres nos beneficiamos de este acuerdo. Han mentido y nos han difamado.
No somos pensionistas del Estado. En pocos días iniciaré esa nueva aventura que es la tercera edad y no puedo vivir de la pensión acumulada, pues no alcanza ni para mis caras medicinas de diabético y ex canceroso. Mi eficiente AFP acaba de redimir mi bono de reconocimiento que es solo de S/.140.000 de hoy por más de 30 años de aportaciones dobles.
Eso se lo debo a los gobiernos de García y Fujimori, como muchos peruanos de mi edad. Gracias a Dios tengo fuerzas para seguir trabajando y me propongo hacerlo hasta los 75, por lo menos. Pero debo agradecer a estos dos directores autócratas porque me han vuelto a despertar las ganas de combatir a los fascistas y corruptos.
Pero, ¿qué significa que una mesa aprista cambie este acuerdo que benefició a apristas por razones de principio y que se tomó sin criterio proselitista? Es una vieja corruptela que tiene precedentes. Relataré uno.
Cuando presidía el Congreso, arreció una campaña contra los sueldos de los parlamentarios que no habían aumentado y propuse una ley que dejaba en el Poder Ejecutivo la fijación de todo sueldo y recortaba gratificaciones adicionales que en el Congreso venían de mucho tiempo atrás.
Lo concerté con dos parlamentarios ejemplares: Luis Heysen y Xavier Barrón, que encabezaban la Célula Parlamentaria Aprista y la bancada de Unidad Nacional. Pero el día del debate salió Alan García en RPP y nos llamó “sanguijuelas”.
Su bancada quebró el acuerdo. Lucho Heysen llegó a decir que él recordaba que Haya de la Torre siempre recomendó “cumplir la palabra empeñada” y así lo hizo este aprista entrañable que prefirió los principios a la treta que acorrala al adversario y va contra la verdad.
Gané a pesar de la oposición de varios de mi bancada que me dijeron, levantando el dedo acusador, que no me permitirían que redujera sus ingresos. Toledo firmó la ley porque fue coherente con lo que queríamos para el Perú y García la ha aplicado como si fuera suya, a pesar de su intento de torpedearla.
¿Qué puedo pensar de esta decisión de Alva Castro? ¿Es un estilo aprista para tapar otras corruptelas?